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El acuerdo se encaminó
en la reunión que tuvo Machinea hace 15 días con el hombre fuerte del
Fondo, Stanley Fischer, en Washington. También por la participación
decisiva del poderoso secretario del Tesoro de EE.UU. Larry Summers, que
jugó a favor de Argentina aunque no sin exigir un fuerte ajuste y su
posterior auditoría estricta del Fondo cada tres meses. El ministro
estaba exhausto, por la noche, tras ofrecer una charla ante inversores.
Esos encuentros con Fischer y Summers fueron claves. A partir de ese
momento quedaron resueltos los principales lineamientos del nuevo
programa, confirmando una vez más que los acuerdos con el Fondo son técnicos
pero, fundamentalmente, políticos. Ahora resta que el Directorio del
organismo apruebe la Carta de Intención firmada ayer. Un punto aún no
resuelto es qué destino tendrán los 1300 millones que desembolsará el
Fondo. Fischer sostiene que sean utilizados para conformar un Fondo
Anticrisis, a fin de que sirva como socorro ante una eventual turbulencia
financiera. El Gobierno se inclina por contabilizarlos como parte del
financiamiento requerido para este año. Este debate será motivo de
nuevas negociaciones.
En el equipo económico
apuntan que, dentro de una puja por demás compleja, ése es un detalle
menor. En última instancia, los puntos realmente complicados para sellar
el acuerdo ya quedaron resueltos. Fueron varios: el déficit fiscal de las
provincias, su cronograma de disminución --incluido el de la Nación--
para los próximos tres años, la pauta de crecimiento económico del
2000, la necesidad o no de profundizar el ajuste de gastos y las características
del programa en sí.
El gobierno consiguió
convencer al FMI que este año el crecimiento de la economía alcanzará,
al menos, al 3,5 por ciento real. Esa es la meta que figura en el acuerdo.
Pero cuando Raichmann y Ter Minassian llegaron a Buenos Aires, su visión
sobre Argentina estaba cargada de pesimismo. Pronosticaban que la expansión
rondaría el 2 por ciento. En función de ello, fijaban menores
proyecciones de recaudación y exigían un mayor ajuste, para asegurar la
contención del déficit fiscal a 4500 millones de pesos. Sin embargo, el
equipo económico pudo imponer su propia estimación.
En rigor, el pronóstico
oficial es que el crecimiento será del 4 por ciento. Y que ello permitirá
sobrecumplir la meta del acuerdo, de por sí exigente. Será una ventaja
adicional, afirman en Economía, porque se demostrará a los inversores
que la Argentina se encuentra en franca recuperación y eso acentuará el
shock de confianza.
El punto más
conflictivo de la negociación fue la situación fiscal de las provincias.
El FMI demandaba establecer una meta global de déficit, que incluyera el
de la Nación y el de los distritos del interior. De ese modo, buscaba
forzar al gobierno a presionar a los gobernadores a que hicieran el
ajuste. "No podemos aceptar", dijeron los funcionarios,
argumentando que la Nación carece de facultades para imponer pautas
presupuestarias a las provincias. En contrapartida, el gobierno mostró el
logró del nuevo Pacto Fiscal y las condiciones que fija a las provincias
para ayudarlas a refinanciar sus deudas. Curiosamente, los gobernadores
comenzaron a aceptar los planteos del gobierno cuando comprobaron la dura
presión del FMI.
Finalmente, el déficit
fiscal de las provincias de este año figura en el acuerdo como un número
indicativo, pero no es una meta que pueda hacer caer el pacto. El
desequilibrio estimado para el conjunto de las provincias es de 2300
millones. También llevó varias horas de discusiones entre Economía y
los delegados del FMI el cronograma de reducción del déficit fiscal,
tanto nacional como provincial, en los próximos tres años. El organismo
reclamaba que en el 2002 se llegara prácticamente al equilibrio. En
definitiva, esa meta quedó postergada hasta el 2003. En cambio, el
gobierno aceptó incluir como meta un nivel máximo de endeudamiento
provincial. Cuando ya todo parecía encaminado, surgió una nueva complicación. Fue por la figura técnica del programa. El Fondo reclamó que fuera un stand by, en lugar de un Acuerdo de Facilidades Extendidas como el vigente hasta ahora. Ese fue un pedido de Larry Summers. El secretario del Tesoro de EE.UU. sostiene que se deben diferenciar los roles del Banco Mundial y del FMI. Summers quiere que el primero está para asistir a los países con préstamos de largo plazo para reformas estructurales. Y el Fondo para prevenir crisis, lo que obliga a una auditoría más estricta. Y el gobierno aceptó el monitoreo de las cuentas cada tres meses. Ello implicará que el control será sumamente estricto. Aún así, Machinea no disimulaba anoche su satisfacción.
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