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Por Laura Vales  La
receta fue esbozada por Cecilia Felgueras en la Casa de Gobierno, después
de una reunión con Chacho Alvarez. Tras anunciar que a partir del viernes
saldrán a la venta los pliegos de licitación para todos los servicios de
salud del PAMI, la interventora dio a conocer cuáles serán las nuevas
reglas de juego en el vínculo entre la obra social de los jubilados y las
clínicas, geriátricos y demás prestadores del instituto. La fórmula
anunciada incluye "duras sanciones" para quienes incumplan los
convenios, "eliminación de los intermediarios" y transparencia
en todo el proceso licitatorio. Está dirigida a dar las máximas señales
de que el PAMI dejará de ser una caja de recaudación política, y sus
principales ingredientes apuntan a sentar diferencias con la gestión
anterior, a la que ayer Chacho calificó como "la coronación de un
exabrupto".
Con
los llamados a licitación que comenzarán el viernes próximo las nuevas
autoridades del PAMI esperan conseguir un doble objetivo. Por un lado,
poner en marcha un nuevo modelo de gestión, en el que las grandes
empresas intermediarias serán reemplazadas por grupos de prestadores
directos, es decir dueños de clínicas y sanatorios asociados en Unidades
de Gestión Prestacional (UGP). Por el otro, privilegiar en los concursos
públicos a aquellos que ofrezcan una mejor calidad de los servicios y que
den prioridad a la atención preventiva.
Uno
de los técnicos que en estas horas trabaja en la redacción de los
pliegos lo explicó de la siguiente manera: "Cada UGP tendrá a su
cargo entre 50 mil y 100 mil afiliados. Se mantendrá el sistema de cápitas,
es decir que el PAMI les pagará un monto fijo de acuerdo a la cantidad de
jubilados que deban atender. Cuando cada grupo presente su oferta para
participar en el concurso público, se le exigirá también que describan
cómo van a invertir el monto de la cápita: cuánto en prevenir
enfermedades --área de los médicos de cabecera--, y cuánto a la media y
alta complejidad, es decir a las internaciones quirúrgicas, clínicas y
especialidades médicas --lo que se designa como segundo nivel de atención--
y todo lo que está incluido en el tercer nivel, como los transplantes o
las cirugías complejas. El punto es clave porque va a servir para
distinguir a quienes privilegien la promoción de la salud para mantener a
los jubilados sanos de los que están interesados en facturar más a través
de las internaciones, a quienes por supuesto les conviene contar con la
mayor cantidad posible de enfermos".
Otro
es el tema de las sanciones a las prestadoras que incumplan con los
contratos. Según los relevamientos que en el último mes se hicieron en
el edificio de Perú y Diagonal Sur, durante la gestión de Alderete los
mecanismos de control prácticamente habrían desaparecido y las denuncias
de los jubilados contra las gerenciadoras por deficiencias en la atención
médica quedaban en la nada. Por eso en los nuevos pliegos de licitación
se fijarán multas concretas. Además de tipificar las faltas, el proyecto
es reubicar al personal del PAMI para contar con mayor número de
auditores, darles cursos de capacitación y reflotar el área de estadísticas,
encargada de controlar el número de prestaciones reales de cada clínica
o sanatorio.
Aunque
no precisó el precio de base de los pliegos de licitación, Felgueras señaló
ayer que serán "los más baratos posible para hacerlos completamente
accesibles" a las pequeñas uniones de prestadores que puedan
formarse. La interventora precisó también que las licitaciones no
implicarán que todos los prestadores actuales queden fuera de la obra
social y que se espera con la eliminación de los intermediarios ahorrar
"entre el 19 y 21 por ciento del presupuesto". Los nuevos
contratos tendrán una vigencia de seis meses, con la posibilidad de
renovarlos.
Sobre
el proceso de selección, la intención es sumar instancias de control.
Las principales organizaciones de jubilados recibirán la semana que viene
una copia de los pliegos, y es muy posible que representantes de Naciones
Unidas y de Transparencia Internacional se sumen a todo el proceso.
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