|
El
Estado gasta anualmente millones de pesos en medicamentos contra el
sida y el cáncer, pero no sabe qué relación hay entre el precio que
paga y el costo de producción de esos remedios. En realidad, compra a
ciegas, sabiendo que, muy probablemente, podría obtener y distribuir
entre los enfermos carentes de medios muchas más dosis por el mismo
dinero, en lugar de regalárselo como superganancias a los
laboratorios. El Ministerio de Salud cumple con la formalidad de
llamar a licitación pública en cada oportunidad, pero carece de parámetros
para evaluar las ofertas. Desde setiembre de 1999, la Sindicatura
General de la Nación se niega a proporcionar el "precio
testigo" de las medicinas por la imposibilidad de obtener un dato
confiable. Ese precio debería servir de pauta para que Salud no pague
valores artificialmente inflados.
La experiencia concreta con
el AZT (zidovudina) es la siguiente. Cuando la Sigen intentaba
averiguar el precio, no tenía otro camino que pedírselo a algunos
laboratorios. Estos le informaban valores oscilantes entre 60 y 65
centavos por cápsula de 100 mg, que la Sindicatura comunicaba a su
vez al organismo licitante. Pero luego, cuando se abría la licitación,
las ofertas oscilaban en unos 25 centavos. Esto hacía evidente que la
industria famacéutica manipulaba el precio testigo para que sirviera
de paraguas a los funcionarios que firmaban las adjudicaciones. ¿Quién
podría reprocharles haber comprado caro si pagaban hasta 60 por
ciento por debajo del precio testigo? De cualquier forma, cada una de
esas cápsulas cuesta en las farmacias $ 2,02 (en el caso del
laboratorio Filaxis, uno de los diez que la comercializan), ocho veces
el precio facturado al Estado y que posiblemente sea abusivo.
En el caso de la droga oncológica
Citarabina, la Sigen pudo establecer que se importaba a un precio que
oscilaba entre 3 y 3,50 dólares el gramo. Los laboratorios se
limitaban aquí a fraccionarla en ampollas de un gramo, con el
diluyente y una aguja descartable, tras lo cual su precio en farmacias
saltaba a entre 80 y 85 pesos. Por tanto, el precio de salida de
laboratorio debía oscilar en unos 50 pesos, más de 15 veces el costo
de la droga. En las licitaciones, Salud la adquiere a unos 45 pesos,
entre 13 y 15 veces el valor de origen, en una demostración práctica
de que hay mucho margen para aumentar la eficiencia del gasto público
y cortar corrupción.
Tradicionalmente, la Sigen
apelaba a un método sencillo y expeditivo para determinar el precio
testigo de los medicamentos: tomaba el célebre manual Kairos, donde
figuran los precios de venta al público recomendados por los
laboratorios para cada especialidad, y restaba los márgenes normales
del droguero y el farmacéutico para así llegar a un presunto precio
testigo. La quita que obtienen las farmacias depende del volumen de
sus compras y del plazo de pago, oscilando entre 32 y 26 por ciento,
según investigaron en su momento los expertos Roberto Dvoskin y Jorge
Todesca. El descuento que recibe la droguería va del 8 al 11 por
ciento. Esto significa que un remedio cuyo P.V.P. es de 20 pesos, sale
del laboratorio a un precio que oscila entre 12 y 14 pesos, y que en
la comercialización engorda entre 40 y 70 por ciento.
Ese procedimiento de la
Sigen convalidaba el valor de salida de laboratorio como precio
testigo, otorgando así la cobertura legal para que el Estado pagase
en sus compras al por mayor esa cotización o alguna relativamente
menor, sin investigar qué relación podía guardar con los costos de
producción. Intentar averiguar el precio justo en el mercado conducía
a resultados parecidos, porque se caía necesariamente en los mismos
laboratorios proveedores, que muchas veces son apenas
importadores/fraccionadores. Como en la estructura del Estado
argentino no hay ningún organismo que realice una auditoría
permanente de costos, ni existen convenios con otros países que sí
los tienen, todo el resguardo consiste en procedimientos formales,
como los concursos de precios y las licitaciones, fácilmente
burlables.
Héctor José Lombardo, el
nuevo ministro de Salud, ya abrió la primera licitación del programa
contra el sida por un monto superior a 10 millones de pesos,
cumpliendo con la obligación legal de recabar de la Sigen el precio
testigo para cada una de las especialidades. Pero la Sindicatura volvió
a responder que no le era posible informarle un valor representativo,
a pesar de lo cual se siguió adelante, naturalmente, con el
procedimiento. Esta indefensión del Estado es similar a la de
cualquier argentino frente al perverso mercado del medicamento, que le
carga precios muy superiores a los vigentes en los países ricos, pese
a que aquí los enfermos suelen ser bastante más pobres.
Un decenio atrás, el precio
de las medicinas fue liberado de todo control, aplicándosele los
mismos criterios que a cualquier otra mercancía. En ese momento, la
Secretaría de Comercio era conducida por Pablo Challú, quien al
dejar ese cargo se convirtió en gerente y lobbysta de Cilfa, la cámara
que agrupa a los laboratorios nacionales, no diferentes en su conducta
a los extranjeros. Aunque su precio sea tan libre como el del café o
las corbatas, los remedios no pueden ser importados libremente porque
requieren de expresa autorización. Además, quien los compra no los
elige a su antojo, ya que debe ajustarse a lo que su médico escribió
en la receta, no siendo precisamente el médico quien va a ir hasta la
caja a pagarlo.
En un sorprendente despertar de su
letargo, el ex secretario de Industria y Comercio, Alieto Guadagni,
lanzó una tardía campaña para transparentar el precio de los
medicamentos. Entre otras decisiones, resolvió que las farmacias debían
exhibir, en lugar bien visible, las drogas básicas o genéricos, cada
uno presente con diversas marcas, para que los pacientes pudiesen
elegir las más económicas. Sin embargo, cambiar la marca prescripta
les haría perder el descuento de la obra social o la prepaga. Pero no
se llegó a tanto. Sencillamente, la resolución de Guadagni fue
ignorada. Según los conocedores de este mercado, laboratorios,
droguerías, farmacias y médicos son socios en el precio alto, cuyas
víctimas son el Estado y, sobre todo, los enfermos. No será fácil,
así, que en un país como la Argentina puedan pagarse, sencillamente,
precios a la europea. |
