Por Laura Vales e Irina Hauser
 Los investigadores de la Oficina Anticorrupción creen que existen pruebas suficientes para considerar a Víctor Alderete como jefe de una asociación ilícita. En la segunda semana de febrero llevarán a la Justicia Federal el resultado de una pesquisa que probaría que el compañero de golf de Carlos Menem implementó en el PAMI un plan sistemático para hacer millonarios negocios con el dinero de los jubilados. Todo indica que sus aliados de andanzas fueron viejos conocidos suyos en la actividad privada, que luego desembarcaron en el PAMI con la misión de hacerse cargo de áreas estratégicas. Las pruebas que pueden llevarlos tras las rejas son un puñado de contratos con sobreprecios que hasta ahora no habían sido denunciados a la Justicia.
Alderete sabe mejor que nadie que, con cada día que pasa, su destino se juega cada vez menos en los links y cada vez más en los tribunales federales, donde los vientos del 24 de octubre ya empezaron a despejar la modorra de las 18 causas judiciales en las que se lo investiga. La denuncia que sumará la Oficina Anticorrupción, sin embargo, se perfila como la que más chances tendría de dejarlo preso. Entre otras cosas, porque la figura de jefe de una asociación ilícita está penada con 5 a 15 años de cárcel y no es excarcelable.
Cuando el 15 de diciembre pasado el Gobierno intervino la obra social de los jubilados, un grupo de técnicos recorrió piso por piso la sede del organismo para hacerse una primera idea de la herencia recibida. Además de armarios en los que no había quedado un solo papel y computadoras convertidas en carcasas vacías �de las que alguien se había tomado el trabajo de borrar hasta los procesadores de textos�, la primera impresión fue que el funcionamiento interno del PAMI había sido ganado por el desgobierno.
El panorama que los hombres de la intervención escucharon entonces de boca de los funcionarios de carrera del Instituto puede resumirse en unas pocas frases: �Hacer una auditoría es cada vez menos frecuente; estadísticas casi no hay porque la mayor parte de los prestadores dejaron de enviar información. De las sanciones a las clínicas y sanatorios denunciados por mala atención se sabe poco y nada; los encargados de controlar elevan sus informes, pero no está muy claro qué pasa después�, se quejaron entonces los empleados del PAMI con veteranía en la institución. Un paisaje en el que los mecanismos de control aparecían como �desvalidos o directamente impotentes para cumplir con sus funciones�.
Los investigadores de la Oficina Anticorrupción se instalaron en el edificio de Perú y Diagonal Sur dos semanas más tarde. La tarea del organismo comandado por Carlos Massoni es recibir las denuncias sobre presuntos ilícitos, hacer una investigación preliminar y elevar a la Justicia las denuncias penales correspondientes. En el PAMI, parte del trabajo fue desmarañar si existieron reglas ocultas detrás del aparente caos administrativo. Y por otro lado, establecer si la catarata de denuncias por hechos de corrupción que se acumulaba día tras día tenía algo que ver con la evidente ineficiencia instalada en algunas áreas de la obra social.
�La respuesta �dijo uno de los investigadores� es sí en los dos casos. La convicción es que Alderete instrumentó en el PAMI todo un plan enderezado a que el dinero de la obra social se invirtiera en contratos que tuvieron como característica común los sobreprecios y como sospecha general el pago de retornos. Es decir, un plan sistemático.�
�¿Quiere decir premeditado? �preguntó Página/12.
�Tal vez sea una palabra demasiado mediática. En términos judiciales, el término correcto es sistemático.
En lo esencial, el plan que se denunciará a la Justicia habría tenido el objetivo de desarmar los mecanismos de auditoría dentro del PAMI y concentrar las decisiones económicas de peso �a quiénes contratar, a quéprecios y bajo qué condiciones� en un grupo de funcionarios que llegaron a la obra social de la mano de Alderete.
El proceso, explicó la fuente, tuvo dos etapas. La primera se concretó a principios de 1997, poco después de que Alderete fuera designado al frente del organismo, y consistió en la designación de toda una nueva camada de ejecutivos. En total, fueron seis gerencias y subgerencias con las que se desplazó a los funcionarios de carrera, que a partir de entonces ya no pudieron entender en nada que tuviera que ver con el uso de los fondos del PAMI. El paso siguiente fue la introducción de un segundo colchón de empleados políticos con el que se creó el Area de Presidencia del Instituto.
En esas dos franjas se concentraron todas las funciones claves del PAMI. Fue a partir de entonces, como se habrá adivinado, que los encargados de controlar a los servicios de salud comenzaron a tener cada vez menos trabajo, los de llevar estadísticas a dejar de recibir información y los auditores terminaron recibiendo �sugerencias� concretas para �abstenerse de auditar� (ver aparte). La indicación, en la mayoría de los casos, era que esas tareas ya estaban siendo cubiertas por alguna de las nuevas gerencias o subgerencias.
�Pero todo indica que si de un lado del mostrador hubo unos pocos funcionarios, por lo demás viejos conocidos de Alderete, con el poder de decidir cómo se manejaba el dinero de los jubilados, del otro no faltaron las empresas privadas que lograron un trato de privilegio�, graficó la fuente.
En términos económicos, el PAMI es dueño de un mercado cautivo de cuatro millones de beneficiarios, lo que implica un poder absoluto para fijar precios en el mercado de la salud. Una de las principales hipótesis de trabajo de los hombres de la Oficina Anticorrupción es que existió una decisión premeditada de �regalar� al sector privado esa capacidad del PAMI para regular los precios de los servicios, contratando a gerenciadoras que fueron creadas de la noche a la mañana con la única función de intermediar entre la obra social y los prestadores directos. Y en
algunos casos, como el de la empresa de ambulancias Cruz Alsi-
na, Alderete llegó a �pedirle� a la intermediaria que se auditara a sí misma.
El ex presidente del PAMI dio una respuesta de antología cuando las primeras denuncias públicas cuestionando los contratos firmados bajo su gestión comenzaron a salir a la luz. �Yo no escribo libros telefónicos�, adujo entre otras cosas a mediados del �98, para explicar por qué de los nuevos convenios del PAMI con los sanatorios bonaerenses habían desaparecido las cláusulas que fijaban estrictos controles.
Los investigadores de la Oficina Anticorrupción analizan 138 contratos legados por su gestión. Pero sólo cuatro, firmados por montos millonarios, integrarán el primer paquete que demostraría cuáles fueron los mecanismos que potenciaron al máximo el uso del PAMI como una caja de recaudación ilegal. A partir del martes, cuando termine la feria judicial, la Oficina también se presentará como querellante en algunas de las investigaciones ya abiertas, como la que investiga el supuesto pago de coimas a Funeral Home y la de las 96 cajas que el ex titular del PAMI ocultó en un departamento de Morón y en la que se encontró documentación del Instituto.
La embestida contra el ex titular del PAMI lo encontrará lejos de los tiempos en que se lo vio enfrentar los peores temporales con el apoyo incondicional del entonces presidente. Huérfano de apoyos políticos y convertido en emblema de la corrupción menemista, en el edificio de los tribunales federales no son pocos los que apuestan a que ésta será la avanzada final.
Cuando el PAMI dejo de controlar los servicios
�Absténganse de auditar�
Por L.V.
La comunicación interna fue enviada hace dos meses y no deja espacio para la duda. �Sugerimos se instruya a los profesionales de la Salud Mental de todas sus agencias abstenerse de realizar auditorías� se lee en la amable advertencia que el 23 de noviembre de 1999 recibió la Sucursal VI del PAMI, donde dos auditores habían tenido la peregrina ocurrencia de tomarse en serio su función.
La nota está firmada por Jorge Caride, por entonces jefe del Departamento de Salud Mental del Instituto y tiene su historia. Apenas un mes atrás, según el expediente al que accedió este diario, la Gerencia de Atención de la Salud del PAMI había recibido un informe sobre el funcionamiento del Hospital de Día SER, ubicado en la avenida Directorio al 3800. En ese trabajo se señalaba, entre otras cosas, que �la carga horaria de los profesionales� resultaba �insuficiente� y que dos días de la semana el centro médico en cuestión directamente no atendía.
Los auditores, por otra parte, dejaron por escrito que habían reclamado a la Clínica una serie de documentos sobre su funcionamiento, necesarios para controlar la calidad de las prestaciones. La respuesta obtenida fue que esos papeles no estaban �por orden del director� del lugar, quien a su vez adujo que �tenía entendido que la documentación debía ser presentada ante la Federación de Clínicas y Asociaciones Psiquiátricas (Facap)�, pero que en todo caso volvieran en 15 días.
La auditoría, según explicó una de las personas que sufrió el episodio de cerca, había sido realizada a raíz de las quejas recibidas a través de PAMI Escucha, la línea telefónica abierta para que los afiliados denuncien cualquier problema en la atención médica.
En el reto dirigido a los auditores se refleja exactamente qué quieren decir los investigadores de la Oficina Anticorrupción cuando sostienen que dentro del PAMI se montó un sistema que invalidó los mecanismos de control y se concentró ese poder en las gerencias y subgerencias creadas por Alderete.
No sin cierta elegancia, la comunicación interna (ver facsímil) recuerda que �la Subgerencia de Control Prestacional� es la �única instancia autorizada a realizar auditorías�. Con evidente ánimo didáctico, la carta puntualiza además que se �ha tomado conocimiento de la situación de nuestros prestadores� a través de esa repartición, �y actuado en consecuencia, como nos corresponde actuar con todos los prestadores del país�.
Tras lo cual, en una última línea, se dispone: �en relación al presente informe, mándese a archivo�.
Dieciocho causas abiertas y decenas de denuncias
Toda una carrera camino a Tribunales
 El 27 de diciembre el juez federal Claudio Bonadío lo procesó por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del PAMI, a raíz de la firma de una millonaria contratación directa con una empresa fantasma. la firma en cuestión fue Medicystem S.A., una gerenciadora de servicios de kinesiología que había sido creada a toda velocidad y se alzó con un convenio en el que estaba en juego un negocio de casi diez millones de dólares al año. Medicystem resultó ser poco más que una fachada: no tenía los prestadores que pretendía y ni siquiera estaba registrada en la Superintendencia de Servicios de Salud, un requisito mínimo para acceder a cualquier convenio con el PAMI.
El juez federal Gustavo Literas investiga el contrato firmado con Funeral Home. El PAMI pagó a la gerenciadora una cápita fija mensual de 5.700.000 por el servicio de sepelios a 10 mil jubilados. Pero el número de fallecimientos real estaría por debajo de esa cifra: según denunciaron legisladores de la Alianza, promedia los 8 o 9 mil casos por mes. El sobreprecio anual llegaría así a los 22 millones de dólares. Una segunda denuncia radicada en el mismo juzgado apunta al doble pago de servicios.
Otros expedientes tienen en la mira los convenios de óptica, de odontología y al firmado para la atención de los veteranos de guerra de Malvinas con Cobertura Federal de Salud. Cofesa, según indicó el diputado Alfredo Villalba, recibía una cápita de 25 pesos por afiliado y familiar a cargo. Pero a los hospitales subcontratados se les ofrecía sólo 13,50 por atención.
u Entre las denuncias recibidas por la Oficina Anticorrupción hay para todos los gustos. Los interventores del PAMI elevaron documentación que indicaría que el Instituto compraba pañales a un costo que estaría tres veces por encima de los precios de mercado. También se investiga si Alderete ordenó instalar equipos de alarmas en cinco geriátricos a un costo de 80 mil dólares promedio cada uno. Y por qué se compraron a la Editorial Plus Ultra 40 mil libros de oferta para distribuir entre los jubilados a un valor de 10 pesos cada uno, cuando el precio de plaza de esos mismos libros era de sólo un peso.
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