Las provincias grandes y el ajuste fiscal
A negociar con Ruckauf y Cía

Por Julio Nudler

En un medio importante de Buenos Aires pudo observarse ayer un curioso cuadro, publicado con el Ministerio de Economía como fuente, según el cual la meta fiscal acordada con el Fondo para el año 2002 sería igual a cero, tanto para la Nación como para las provincias. Pero ese número indicaba en realidad algo muy diferente: estaba diciendo que en la negociación entre Economía y la misión del FMI el acuerdo para el último año del stand by contingente era igual a cero. Es decir: no había acuerdo. Finalmente se rompió la impasse, y el techo de desbalance fiscal para el 2002 quedó establecido en unos 1500 millones de dólares, aunque no está claro aún cómo se repartirá. Se habla, en principio, de 900 millones de rojo nacional y 600 de bache provincial.
Es verdad que las metas consignadas para las provincias son sólo indicativas, lo cual significa que no se encontró manera efectiva de imponérselas y que su incumplimiento no haría caer el acuerdo, salvo que las divergencias sean alevosas. En este sentido, el Fondo retiró su pretensión de incorporarlas como metas de cumplimiento efectivo, como sí figuran en el acuerdo firmado por Brasil. Esa exigencia demoró la fumata blanca e hizo temer por el naufragio de las negociaciones. De todas formas, el FMI cedió sólo a medias, ya que a partir del cuarto trimestre de este año resultarán las deudas que las provincias contraigan en dólares, con los bancos o colocando bonos, y cuya concreción requiera del visto bueno de la Nación, según una norma vigente desde 1996.
Nada de esto afecta, empero, a la provincia de Buenos Aires, que no aceptó someterse a la venia nacional para poder endeudarse, amparándose en los célebres pactos preexistentes. Ocurre, sin embargo, que cuando se establece un objetivo fiscal para el conjunto de las provincias, a ese número global se puede llegar con infinitas combinaciones diferentes, y que, en definitiva, lo sustancial para el resultado conjunto será el comportamiento de las jurisdicciones más grandes: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y en un distante segundo plano Mendoza y Entre Ríos. 
A las provincias grandes, que tienen acceso propio al mercado de crédito voluntario, no es sencillo imponerles metas de ajuste. A las chicas, que no tienen más remedio que negociar con Economía para que les abra el grifo del Fondo Fiduciario y les reprograme sus pasivos de corto plazo, sobre todo en el caso de las diez más comprometidas, resulta más fácil someterlas a condicionamientos, aunque precisamente a ellas les sea más difícil cumplirlos. Esta o la próxima semana empezarán a firmarse las primeras actas�acuerdo entre la Nación y algunas provincias asfixiadas.
Como estrategia, el equipo de José Luis Machinea está resuelto a negociar con las tres mayores provincias un acuerdo fiscal de mediano y largo plazo, que dibuje un sendero decreciente para el déficit, hasta converger en el equilibrio presupuestario. Este propósito tiene una clara dimensión política, porque del lado opuesto de la mesa estarán los gobernadores Ruckauf, Reutemann y De la Sota. El caso más relevante, por su dimensión y su desequilibrio, es el bonaerense. El dilema para el gabinete económico nacional es cómo convencer a La Plata de que de un déficit proyectado en 1268 millones para este año baje a 600 millones en el 2001. 
Lograr ese compromiso es el esencial punto de partida. No obstante, entre los deberes políticos anotados en el acuerdo con el Fondo figura además el dictado de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, ya que la que regía venció. Pero incluso desde el Gobierno se considera que ello es �puro voluntarismo�, teniendo en cuenta el complejo mosaico político del país. En estas condiciones es utópico esperar que algunos distritos renuncien a parte de su porción de torta para corregir las injusticias que sufren otros.