OPINION
Hegemonía o consenso
Por Enrique M. Martínez * |
El texto
de la proyectada reforma laboral y la forma en que el mismo se está
discutiendo ilustran un dilema profundo de la política argentina. En
efecto, la mayoría de los protagonistas de la política nacional no
logra liberarse de una visión hegemonista de su tarea, donde el
objetivo final es acumular suficiente poder como para decidir por sí
y ante sí. Es casi una visión futbolera de la función política,
donde sólo existe ganar o perder, ya que empatar no sirve. La opción
de usar el poder formal para construir consensos es recorrida sin
convicción y abandonada ante la primera posibilidad de entrar en
pulseadas.
Esto no es nuevo. José Bordón, cuando llegó la crisis de su
partido, sostuvo que tenía el 51 por ciento de las acciones y por lo
tanto derecho a decidir solo. Carlos Ruckauf estrenó su cargo de
gobernador diciéndoles a los legisladores de su partido que sólo se
podía estar con él o contra él. De Carlos Menem, ni hablemos,
porque se superaría todo espacio periodístico. Fernando de la Rúa,
en cambio, estableció en su primera reunión con los legisladores de
la Alianza que el consenso era su meta, que todo podía y debía ser
analizado en profundidad de cara a la sociedad.
Con la legislación laboral todavía tenemos tiempo de cumplir esa
premisa. Hay dos puntos centrales de controversia: el período de
prueba y la descentralización de las negociaciones en los convenios
colectivos. El tratamiento de este último tema es el que marca más
nítidamente la vigente visión hegemonista de la política. La
cúpula sindical considera que admitir la discusión a nivel de
empresa, sin compromiso formal con el sindicato central, podría
fragmentar la organización y en la práctica debilitaría las
conducciones nacionales. Es cierto.
Las áreas del Poder Ejecutivo que han diseñado el proyecto sostienen
a su vez que es inaceptable prolongar un estado de cosas donde un
pequeño grupo decide por todos y en la práctica han inmovilizado las
negociaciones. También es cierto. Pero todas las propuestas que se
discuten pasan por trasladar todo el poder a una sola parte
interviniente, sean los sindicatos nacionales o los delegados de
empresa. Ninguna voz con fuerza suficiente sostiene la conveniencia de
dar igual peso a los involucrados en cada fábrica o región y al
sindicato nacional, reservando para el ministerio el papel de árbitro
equilibrante. O sea: estructurar un mecanismo de consenso auténtico.
Paradójicamente, tanto la CGT como los ministerios que la enfrentan
parecen compartir la misma visión de cómo hacer política: el más
fuerte manda y el más débil es mandado. En su inercia cultural, la
CGT no advierte la importancia estratégica de consolidar métodos
participativos y democráticos, que además de recuperar el interés
de los trabajadores por afiliarse a un sindicato, servirían como
defensa estructural de los más débiles �sus representados�. Los
funcionarios, a su vez, no parecen advertir el enorme valor político
de aprobar una ley laboral por amplia mayoría, cosa que podría
suceder de alcanzarse el consenso. El triunfo de una visión
hegemonista �aunque sea oficialista� será doblemente peligroso,
por dos fuertes razones:
a) El menemismo ha desintegrado el tejido social. Necesitamos
recuperar la cohesión y sólo un respeto amplio entre sectores podrá
lograr eso.
b) Si admitimos que el más fuerte manda, nos pasaremos dando
explicaciones al FMI. La única manera de cambiar alguna vez las
reglas hegemonistas a nivel internacional es empezar por no aplicarlas
en casa.
* Diputado Nacional de la Alianza. |
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