Por
I.H.
 "Actuó como si el poder
fuera eterno y nunca hubiera tenido que rendir cuentas a nadie". Así
describió Mario Fadel, uno de los representantes de la Alianza en la
Auditoría General de la Nación (AGN), el desempeño de María Julia
Alsogaray, a raíz de las conclusiones de un informe elaborado por ese
organismo --revelado a principio de enero por Página/12--, que comprometía
a la Secretaría de Recursos Naturales en el pago de enormes sobreprecios
y en contrataciones directas en la ejecución del Programa de Desarrollo
Institucional Ambiental (Prodia). En un nuevo reporte Oscar Massei, el
actual secretario de Desarrollo Sustentable, ratificó el contenido del
anterior y agregó más reproches. La Oficina Anticorrupción analiza
todos los contratos de la gestión de Alsogaray.
El Prodia maneja un presupuesto de 38 millones de dólares, 30 de
los cuales provienen de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). La AGN ya había planteado la presunta existencia de
"sobreprecios de hasta un mil por ciento". Los auditores habían
encontrado "grandes diferencias entre el presupuesto original y los
gastos efectuados".
Entre las
irregularidades detectadas, Massei cita la modalidad de las contrataciones
directas, sin las licitaciones o los mecanismos correspondientes. Para
ilustrar, menciona al propio ingeniero Santiago Bignoli, quien tuvo la
dirección general de la coordinación de proyectos del Prodia. Al mismo
tiempo que hacía contratos a dedo y con sobreprecios en diversas obras,
Bignoli --conocido por los empleados de la secretaría por su estrecha
relación con la jefa-- se ocupaba de la refacción del petit hotel que
habita María Julia en Junín 1435.
"De haberse
cumplido con el procedimiento de selección que establece la ley --dice el
texto de Massei--, otros profesionales podrían haber resultado tanto o más
capacitados que los contratados para la realización de esas mismas
tareas". Y añade que, además, "no se han cumplido las normas
exigidas por el BID (...) para la contratación de los consultores ni en
relación a los procedimientos de selección ni respecto de las exigencias
de publicidad del requerimiento". "No hay un requerimiento
objetivo y fundado de la contratación por parte de funcionario alguno; no
hay invitación a presupuestar a ninguna empresa; no hay ningún sello de
ingreso de las ofertas a la secretaría; no hay curricula agregada de
otros dos oferentes", explicita.
La tramitación de más de una decena de contrataciones directas
por montos inferiores a los 100 mil pesos podría evidenciar, mediante un
sistema de desdoblamiento de las contrataciones, una estrategia para
eludir la aplicación del régimen licitatorio.
En coincidencia con el
documento ya elevado por la gestión anterior de la AGN, Massei señaló
la implementación de un modus operandi para "sortear los controles
de administración financiera". También mostró la existencia de
"una serie de contrataciones que excedieron los límites del Prodia y
de las obras de remodelación ligadas a ese proyecto para convertirse en
una obra de remodelación general del edificio de la Secretaría (...) y
que dieran origen a expedientes que no están a la fecha individualizados
ni cuantificado el monto finalmente pagado en este análisis
preliminar".
Según se desprende del documento, el control sobre los pagos fue
parcial. Dice que en los trámites de rutina faltan sellos, de entrada y
salida "lo que impide un adecuado seguimiento de los movimientos del
expediente"; "pases a sectores donde nunca se produce actuación
alguna"; falta de firmas, aparición de informes que no habían sido
solicitados, agregado de memos con fechas incongruentes.
Estas observaciones sintonizan con lo que ya había concluido la
Auditoría al referirse a "un manejo discrecional de la presentación
del presupuesto, dado que la rendición de gastos se realiza con
diferentes modalidades de presentación y grados de agregación de acuerdo
al destinatario de dicha información (...) no se advierte que exista una
utilización del presupuesto como herramienta de gestión y de control
sino como una estructura extremadamente flexibilizada para acomodar los
gastos realizados". Entre algunos de los ejemplos más notables que
dio la AGN, los precios de los materiales utilizados para las oficinas de
Prodia resultaron ser muy superiores a los de mercado (para comparar se
basaron en valores citados por la revista Vivienda): un revestimiento cuyo
metro cuadrado valía $ 5,80 se pagó 49 pesos; vidrios traslúcidos cuyo
precio era de 9,79 el metro cuadrado para la secretaría valieron 43
pesos; el metro de contrapiso costó 68 pesos, en lugar de los 13 que se
cotizaba en plaza ese trabajo.
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Investigador
investigado
Rodolfo Barra, presidente de la
Auditoría General de la Nación, debe investigarse a sí mismo porque
investigará a quien lo contratara a él: María Julia Alsogaray.
Parece un trabalenguas, pero no lo es (ver nota central). Barra tuvo múltiples
cargos durante los diez años de menemismo y, aun después del cambio
de gobierno y de las polémicas que originó su nombramiento, consiguió
mantenerse en funciones. Entre algunos episodios que lo hicieron
famoso se cuentan su entusiasmo por propiciar la aprobación de una
"ley mordaza" para la prensa y de intentar, hasta último
momento, la re-reelección de Menem. También sobresale por las
denuncias que recaen sobre su desempeño como funcionario público y
que ahora complican su situación como auditor general:
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El juez federal Carlos Liporaci investiga una causa iniciada por una
denuncia de cohecho por la sospechosa actitud de Barra ante el
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). El
funcionario ocupó la dirección del ente a partir del 23 de marzo de
1998 y fue el último de sus puestos durante el menemismo. La
investigación está dirigida a detectar si hubo alguna irregularidad
por parte de Barra al permitir que la empresa Aeropuertos Argentina
2000 deje de pagar por un año 91 millones de pesos. La empresa fue
beneficiada con estos descuentos por divergencias sobre el
cumplimiento del contrato. Además, el Estado pagó 15 millones de
pesos por estudios de impacto ambiental que debían estar a cargo de
la concesionaria. El Orsna contrató al Instituto Nacional de Agua
(INAA) --a cargo del procesado Mario de Marco Naón, dependiente de la
ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray-- para
realizar dichos estudios aunque el INAA, a su vez, subcontrató en
forma directa a la firmas BG, Environmental Research Management (ERM)
y Montgomery Watson, por un monto de cinco millones de pesos.
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La diputada aliancista Alicia Castro denunció las relaciones
contractuales del estudio de Barra con la gestión de María Julia. El
Estudio "Demaría, Fernández Cronenbold & Barra" ofició
de "consultor externo" para la Secretaría de Recursos
Naturales por lo que Castro pidió a Barra "que se abstenga de
intervenir y votar" cuando la AGN trate el informe de la Secretaría
de Medio Ambiente. Castro también denunció que, en el mismo período,
Barra asesoraba al presidente de la Nación para la privatización de
los aeropuertos.
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Hace diez días, Barra debió pagar una multa de 3700 pesos por una
falta ética en el ejercicio de su profesión al haber presionado a la
jueza María José Sarmiento por el rebalanceo telefónico. Barra
amenazó a la magistrada con iniciarle juicio político si insistía
con anular el aumento de tarifas que Menem había decretado. La multa
fue impuesta por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
a partir de una denuncia realizada por el diputado radical Agustín
Zbar, mientras Barra se desempeñaba como abogado de la Secretaría de
Comunicaciones. La misma jueza también denunció penalmente al actual
auditor general por amenazas, pero el juez federal Jorge Ballestero
finalmente lo sobreseyó.
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Abonada
a Tribunales
La
situación legal de María Julia es prolífica. Tiene veinte causas
abiertas en la Justicia y fue denunciada en doce informes de la
Auditoría General de la Nación. Los expedientes versan sobre
presunto enriquecimiento ilícito, malversación de caudales,
incumplimiento de los deberes de funcionario público y evasión de
impuestos. Las más sobresalientes son las siguientes:
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La causa por enriquecimiento ilícito está a cargo del juez federal
Juan José Galeano y fue abierta en 1993. Los fiscales Eamon Mullen
y José Barbaccia cuestionaron el patrimonio de más de dos millones
de dólares que ostenta María Julia en relación con el sueldo que
recibió como funcionaria. A partir de la denuncia del frepasista
Juan Pablo Cafiero sobre la existencia de dos cuentas secretas en
las islas Caimanes a nombre de Alsogaray y de un abogado
norteamericano llamado John Merton Sinclair, que superarían
ampliamente el monto de enriquecimiento ilícito calculado por los
fiscales, Galeano pidió informes a la auditoría del Congreso y al
Tesoro de Estados Unidos.
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El juez federal Guillermo Tiscornia la sigue investigando por evasión
de impuestos a pesar de decidir en diciembre de 1999 que no había
"mérito suficiente" para procesarla. El 19 de noviembre
María Julia declaró ante el juez y logró desembarazarse de la
responsabilidad de no pagar, durante el año 1992, los impuestos de
algunos de sus inmuebles. Atribuyó la culpa a "inescrupulosos
manejos" de su ex contador, a quien la funcionaria menemista
habría entregado los fondos para los pagos a la antigua DGI.
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El juez federal Jorge Urso y el fiscal Carlos Cearras la investigan
ya que mientras estaba al frente de Entel le habría pagado a la
empresa PecomNec diez millones de dólares por una deuda
inexistente.
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El juez federal Gustavo Literas lleva una causa por el destino del
dinero de la venta del hotel Llao Llao. El informe de la AGN reveló
que el Estado perdió casi 3 millones de dólares en la operación
inmobiliaria.
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El juez federal Jorge Ballestero averigua por qué no dispuso de los
medios necesarios para evitar la propagación de incendios en los
bosques de Bariloche. Se le imputan los delitos de mal desempeño de
los deberes de funcionario público.
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El fiscal Carlos Stornelli le pidió al juez Carlos Liporaci que la
investigue por no haber realizado un estudio de impacto ambiental
cuando se privatizaron los aeropuertos.
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