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 Desde hoy, los
inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos
especialmente acreditados podrán exigir a cualquier vehículo la oblea
que acredite el pago del impuesto para los docentes. Quienes no hayan
honrado ese compromiso estarán expuestos a una multa que oscila entre 150
y 2500 pesos o al retiro de la unidad. Algunos transportistas alzaron ayer
voces en contra y advirtieron sobre sus intenciones de responder con
alguna medida de fuerza.
Los automovilistas también
pueden dar por cumplida su obligación fiscal exhibiendo el certificado de
que se acogieron a alguno de los dos planes de facilidades de pago que
ofrece el Gobierno, que nunca podrán superar las cuatro cuotas, iguales,
mensuales, consecutivas, con vencimiento el 22 de cada mes y que no
superarán los 100 pesos. Una de las alternativas es la del pago manual, válido
sólo para automotores, que podrá hacerse efectivo en los bancos. Otra,
el automático, al que podrán acceder otros propietarios de vehículos
que tengan su correspondiente CUIT.
Pero a juicio de la delegación
de la Federación de Transporte Cordobesa esas prerrogativas para cumplir
con el impuesto que nutre el Fondo de Incentivo Docente no son
suficientes. "No tenemos con qué cumplir esa obligación", se
quejó ante las radios locales Pedro Alassia, titular de la entidad. Los
empresarios exigieron a las autoridades extender el pago a ocho cuotas y,
a su juicio, aún no recibieron una negativa oficial a esta pretensión.
Según Alassia, si este pedido fuera denegado, los transportistas
podrían encarar una medida de fuerza, semejante a la que conmovió a las
rutas del país el año pasado, hasta que el Congreso autorizó una prórroga
al pago del impuesto. Pero, al menos por ahora, fuentes de la AFIP
aseguran que no hay ninguna decisión de extender la cantidad de cuotas,
prevista en cuatro.
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De
la Sota bajo presión
La
multinacional alemana Volkswagen exigió al gobierno de Córdoba una
serie de concesiones fiscales para materializar en la ciudad capital
una millonaria inversión en su planta Transax, fábrica de cajas de
transmisión. La presión de la automotriz sobre la administración de
José Manuel de la Sota se produce en un momento de decisivas
definiciones a nivel nacional acerca del régimen laboral y del
automotor común con Brasil. La empresa pidió al Gobierno nacional
una "compensación financiera" por el previsto desembolso de
250 millones de dólares en la fábrica cordobesa. Pero, además,
reclamó la exención temporal del pago de aranceles para la importación
de bienes de capital no producidos en el país, la reducción de
cargas sociales por algunos años y la autorización para contratar
con un régimen preferencial a los jóvenes menores de 25 años. A
cambio de este esfuerzo, Volkswagen promete que la ampliación de
Transax --especializada en cajas para las plantas de armado de los
modelos Seat y Beetle en España, México y Alemania-- permitirá
crear 1100 puestos de trabajo directos y 900 indirectos.
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