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--¿Cuál es su opinión acerca
del proyecto de ley que está analizando el Gobierno?
--Queremos discutir lo que
ofrece el Gobierno. Creemos que el mejor ámbito para hacerlo es la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos pero esperamos que no se extienda más
allá de marzo. En ese mes debería haber una nueva audiencia en la Comisión
de seguimiento del caso. Nosotros queremos una ley que nos garantice la
salida inmediata de los compañeros. El proyecto del diputado Ramón
Torres Molina (Frepaso), que otorgaría la doble instancia, haría correr
la ley del dos por uno porque los presos estarían sin sentencia firme
desde hace once años. Es decir que tendrían veinte años cumplidos y
podrían salir. Hay una dificultad, y es que Roberto Felicetti y Claudia
Acosta tienen reclusión perpetua. Y la reclusión perpetua, a diferencia
de la prisión, no da lugar a la aplicación del dos por uno. La nueva ley
debería contener alguna norma que nos garantizara que esas dos personas
también quedaran comprendidas en sus beneficios. Podría ser mediante la
aplicación del Pacto de San José de Costa Rica porque hace más de tres
años y medio que están con prisión preventiva sin sentencia firme.
También queremos una solución para seis personas que a partir del primer
juicio de La Tablada tienen pedido de captura. Lo que queremos es que la
solución sea integral y rápida. Pedimos que la ley se cumpla. Hay un
informe de la CIDH (de diciembre de 1997) que dice que se vulneró el
Pacto de San José de Costa Rica. Por eso, tiene que ser una ley que les
permita salir y no volver.
--Cuando ustedes reclaman una
solución integral piden la salida de Enrique Gorriarán Merlo y de Ana
María Sívori, pero ellos no están incluidos en el informe de la CIDH.
--Nosotros planteamos esta
solución integral porque pensamos que es justa. Si en el primer juicio,
que es en el que se condenó a los veinte presos, se produjeron todas las
violaciones a las que apunta la CIDH y si el segundo juicio se basó en el
primero, es evidente que la salida tiene que ser similar. Es lógico que
la solución sea para los veintidós.
--Pero a Gorriarán y Sívori se les concedió el recurso de casación.
--Los casos de Gorriarán y Sívori
también están planteados ante la CIDH porque ambos están excedidos en
la prisión preventiva. El pacto de San José de Costa Rica establece que
no podés estar más de dos años sin sentencia y que en casos extremos se
puede extender a tres y medio. Ana María lleva cinco años sin sentencia
firme y Gorriarán cuatro. Además a Gorriarán lo trajeron secuestrado a
este país, no hubo ningún procedimiento de extradición.
--¿Por qué cree que durante
el gobierno de Carlos Menem se retomaba el tema de La Tablada todos los
fines de año?
--Hay que remitirse a la
declaración que hicieron los presos en diciembre. Allí dicen que fue una
conducta perversa. Creo que nunca tuvieron la voluntad de poner en
libertad a los compañeros y todo el tiempo alentaron esperanzas que no se
llevaron a la práctica. Estamos esperanzados en que esa política no se
repita. Creemos que hay una actitud distinta, al menos eso parece. Nos
parece bien que el ministro del Interior, Federico Storani, y la
subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, nos hayan escuchado.
--Durante esos años, ¿alguna
vez creyeron que iban a salir?
--No lo creímos nosotros, lo
creyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Porque
el gobierno anterior les decía a ellos que la salida estaba lista. Los últimos
días del gobierno menemista hubo una política perversa para convencernos
de que salía algo, un indulto, una conmutación o algo. Lo dijo (Robert)
Goldman (el presidente de la CIDH) al salir de una entrevista. Los presos
estuvieron a un tris de tomar una medida de fuerza luego de que se frustró
la salida de diciembre. No lo hicieron porque empezaba un nuevo gobierno y
decidieron esperar. --Cuando dice medida de fuerza, ¿se refiere a una huelga de
hambre?
--Sí. No hay otra cosa
posible.
--¿Es una paradoja que sea el
Gobierno de De la Rúa el que resuelva el tema de los presos ya que el
ataque a La Tablada se hizo durante un gobierno radical?
--La Tablada no fue hecha
contra el gobierno radical sino contra los militares y para parar un
golpe. A los presos los tuvo diez años presos Menem. El juicio fue
durante el gobierno de Menem. Y además, el informe de la CIDH lo incumple
el Estado, no los gobiernos. --Pero
se dijo muchas veces que los radicales trabaron la posibilidad de que los
presos de La Tablada sean liberados. --Por
lo que sabemos la Alianza se opuso siempre al indulto. Porque existe una
complicación que es artificial pero existe y es el planteo de que si los
indultan a ellos los tienen que indultar a los carapintada. Eso lo inventó
Menem. Había 600 carapintada procesados y todos fueron desprocesados. No
hay problema carapintada. Seineldín tiene salida transitoria. Lo que
queda es un remanente muy pequeño y en condiciones óptimas, que no son
las mismas que vivieron mis compañeros. De cualquier manera, el proyecto
que se está tratando ahora es de Torres Molina, que es un diputado de la
Alianza.
--¿Qué pasaría si se les
otorgan la posibilidad de doble instancia y tienen un fallo adverso en la
Cámara de Casación?
--Si Casación hace una revisión de acuerdo a derecho no hay duda
de que las anomalías harían disminuir o anular la condena.
--Ustedes iniciaron otras
querellas. ¿En qué instancias están?
--Como el informe de la CIDH
dice que hubo nueve ejecuciones sumarias nosotros pedimos que se sancione
a los responsables. Eso tuvo un tratamiento dificultoso. Hace casi dos años
que hicimos las presentaciones y no ha pasado nada. También están
pendientes las identificaciones de cinco cuerpos. Las exhumaciones fueron
realizadas recién en 1997 y recientemente, después de idas y vueltas, el
Banco Nacional de Datos Genéticos recibió las muestras. Con esos
resultados podremos saber de quién son los cadáveres y así podremos
identificar a los tres compañeros que están desaparecidos.
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