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"El Protocolo es un gran
avance porque este tipo de tecnologías estaba sin control", señaló
Jorge Rulli, de la Red. "Pero a la Argentina se le plantea un
horizonte bastante negro porque a corto plazo puede quedarse sin mercados
para sus exportaciones. El acuerdo le da más armas a Europa para negarse
a recibir alimentos transgénicos", agregó.
El Protocolo fue adoptado en la
Convención de Seguridad Biológica de la ONU, que sesionó en la última
semana en Montreal. Entrará en vigor una vez que sea ratificado por el 50
por ciento de los países signatarios, operación que demandaría, al
menos, un par de años. Sin embargo, su importancia es trascendente.
"Se trata de un paso histórico para la protección del medio
ambiente y de los consumidores contra los peligros de la ingeniería genética",
destacó Benny Haerlin, coordinador internacional de campañas de
Greenpeace. El acuerdo se alcanzó tras cinco años de discusiones y
desentendimientos entre dos bloques bien diferenciados: por un lado, la
Unión Europea, y por el otro, el llamado Grupo de Miami, un consorcio de
países exportadores de granos que agrupa a la Argentina, Estados Unidos,
Canadá, Chile, Uruguay y Australia.
La UE tuvo que resignar,
finalmente, que el etiquetado de los cargamentos de semillas no lleven un
detallado "prospecto" con toda la información sobre las
modificaciones genéticas que contengan. Sólo será suficiente una
identificación genérica. Por otra parte, el Protocolo no difinió si
prevalece sobre la libertad de comercio defendida por los acuerdos
alcanzados en el seno de la Organización Mundial de Comercio.
La delegación argentina en la
cumbre mundial que finalizó el sábado estuvo encabezada por la
embajadora Elsa Kelly, e integrada por el subsecretario de Ordenamiento y
Política Ambiental, Rubén Darío Patrouilleau, entre otros funcionarios.
Ayer, tanto la Cancillería como la Secretaría de Medio Ambiente aún no
habían evaluado el impacto del Protocolo sobre la Argentina. El país es
uno de los principales exportadores de alimentos transgénicos, después
de Estados Unidos. Hasta el momento, la Argentina aprobó tres OGM (algodón,
maíz y soja transgénicos) y hay alrededor de 80 cultivos en ensayo.
Todos ellos poseen algún gen de otra especie en sus células. Las
plantaciones de soja, que resiste herbicidas, ocupan casi cuatro millones
de hectáreas. El 80 por ciento de la soja transgénica se exporta.
La principal resistencia contra los alimentos transgénicos crece
entre los consumidores europeos, que temen consecuencias sanitarias y
ambientales. "Los mayores riesgos corren por cuenta de los genes que
provocan resistencia a ciertos antibióticos, que los científicos
insertan en las células con el único propósito de saber si el
transplante de genes prendió. Además, pueden provocar alergias masivas.
En relación al ambiente, el peligro es que el polen de las plantas
resistentes a los herbicidas se traslade hacia las plantas vecinas,
transformándolas en grandes malezas invencibles", explicó Rulli, de
la Red Alerta sobre Transgénicos. Sin embargo, no es lo único en juego.
Hay grandes intereses económicos en danza. Estados Unidos le está
ganando mercados a la Unión Europea, que tiene su sector rural
subsidiado, con un bajísimo nivel de producción transgénica. El tema
científico ocupa un segundo lugar: la pelea se centra en el control de la
economía y el comercio internacional.
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