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Página/12 Por
Marcelo Justo
El dictamen pone a Pinochet más
cerca que nunca del Boeing 707 de la Fuerza Aérea chilena que lo aguarda
en la base militar de Brize Norton, a unos 30 kilómetros de Londres. El
juez Maurice Kay señaló que estaba en "completo desacuerdo"
con los argumentos presentados por Bélgica y las organizaciones de
derechos humanos. Kay indicó que la solicitud de que se hiciera una nueva
evaluación médica no tenía "mérito alguno" y resultaba
"sorprendente" proviniendo de grupos de derechos humanos. El
magistrado también desestimó como "inapropiado" el pedido de
que el ministro del Interior británico diera a conocer el informe médico
del general Pinochet.
El juez Kay leyó dos
documentos --una carta enviada a Amnistía Internacional el 18 de enero y
la transcripción de una intervención de Jack Straw en la Cámara de los
Comunes el 12 de enero-- en los que el ministro de Interior británico
especifica los criterios por los que determinó que Pinochet no está en
condiciones de ser sometido a juicio. Según la carta, se basó "en
los análisis que se hicieron de su memoria, su capacidad para procesar
información verbal y seguir las instancias de un juicio, su capacidad
para comprender el contenido y las preguntas que se le hicieran y dar
instrucciones a sus representantes legales".
En cuanto a la petición del
gobierno belga, la de más peso político y legal porque es uno de los
cuatro estados europeos que solicitó la extradición del general, el
magistrado fue igualmente concluyente. Los principales argumentos de Kay
fueron:
* Si Pinochet no está en
condiciones de ser sometido a juicio en España, tampoco está en
condiciones para que se lo juzgue en Bélgica.
* España no está solicitando
un pedido de revisión judicial y acepta la decisión que tome el ministro
del Interior respecto de su propio pedido de extradición, que tiene
prioridad sobre el de los otros tres estados, Bélgica, Francia y Suiza.
* No hay ninguna provisión en
la Convención Europea de Asistencia Mutua para que el país que solicita
la extradición pueda exigir que su propio equipo de médicos haga una
revisión médica al extraditable.
Las 37 páginas que contiene el
dictamen no tienen un párrafo favorable a la petición de "revisión
judicial", mecanismo legal británico por el que se apela las
decisiones de funcionarios públicos. A pesar de ello, el gobierno de Bélgica
apeló en la tarde de ayer la decisión de Kay, y las organizaciones de
derechos humanos estaban considerando "muy seriamente" la
posibilidad de hacerlo. A la salida de la Alta Corte de Justicia de Londres, grupos de exiliados chilenos y de derechos humanos manifestaron su "decepción" ante la decisión del juez Kay. En un intento de mantener la cabeza alta, Fiona Mc Kay, directora de Redress, una de las seis organizaciones que solicitaron la apelación judicial, señaló a Página/12 que el fallo era indudablemente un "revés" pero que de ninguna manera constituía el final de la historia. "Este caso ha tenido más de una vuelta sorpresiva. Y va a continuar, aun si Pinochet se va a Chile", dijo Mc Kay. Al borde de las lágrimas, un exiliado chileno, torturado durante la dictadura, dio su propio veredicto: "La primera víctima de una negociación política como la que hicieron Gran Bretaña, España y Chile, es la Justicia".
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