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Conti aportó documentos en la causa de Mar del Plata

La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, envió a la jueza María Servini de Cubría testimonios reunidos por la Conadep sobre el campo clandestino de la Base Mar del Plata.


Por Victoria Ginzberg
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La jueza María Servini de Cubría se propone ampliar la investigación sobre las apropiaciones de bebés relacionadas con la Base Naval de Mar del Plata. Para ese objetivo habría recibido ayer por la mañana pruebas irrefutables acerca de la existencia del centro clandestino de detención que funcionó en esa dependencia de la Armada. La Subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, preparó una importante documentación --proveniente de los archivos de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP)-- que refuta los dichos de cinco marinos que están detenidos.  Entre los papeles que están archivados en la Subsecretaría de Derechos Humanos están los reconocimientos que la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas realizó en la Base Naval de Mar del Plata. El 28 de junio de 1984, el entonces diputado Hugo Piucill, el secretario de procedimiento de la CONADEP, Raúl Aragón, el presidente de la delegación Mar del Plata de la Comisión, Armando Fertitta, un perito arquitecto y varios ex detenidos realizaron una inspección ocular en el lugar. De allí surgió que "las personas secuestradas eran alojadas en su mayoría en el edificio de la Agrupación Buzos Tácticos, en las dependencias que  correspondían en 1984 a la Armería, Adiestramiento y otras oficinas no determinadas". El edificio de Buzos Tácticos tiene planta baja y primer piso y está ubicado casi sobre la playa. Los sobrevivientes de la Base también reconocieron el garage de Automotores, la Intendencia, el Pañol de Botes y lo que fuera la Escuela de Scouts.  

  El mes pasado Servini de Cubría dictó la prisión preventiva de seis marinos que habitaban en el barrio militar marplatense Las Toninas. Los hombres estaban acusados de participar o ser autores de apropiaciones de menores durante la dictadura. Cinco --Alfredo Vera, Jorge Oliva, Alberto Astí, Eduardo Alberto Bustos y Amadeo Romero -- desconocieron la existencia de detenidos en la Base Naval, donde se habían desempeñado. Los imputados negaron no sólo pertenecer a algún grupo de tareas sino también saber siquiera que existían esos grupos. Además, quienes estaban sospechados de tener hijos de desaparecidos se sometieron a los análisis de ADN. El sexto procesado, Pedro Muñoz, admitió haber integrado el Grupo de Tareas 6 e identificó el ámbito perteneciente a Buzos Tácticos como el lugar donde funcionó el centro clandestino. Muñoz manifestó que entre diciembre de 1978 y febrero de 1979 habría habido seis mujeres embarazadas en el lugar.

  Por ahora en la causa no existen pruebas de que se hubieran producido partos clandestinos en la Base. Según Muñoz, las parturientas eran trasladadas en ambulancias a hospitales cercanos. De la documentación de la CONADEP se desprende que la Base de Mar de Plata estaba en contacto con la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Una sobreviviente de ese centro relató que las embarazadas provenientes de Mar del Plata narraban que en la Base estaban encerradas en celdas individuales sin aireación y que permanecían sentadas con la cara mirando a una pared desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche.   

  Varias detenidas, como Patricia Marcuzzo, Susana Pegoraro y Liliana Pereyra, fueron trasladadas a la ESMA al momento de dar a luz y luego fueron devueltas a la Base marplatense. Esto no invalida que también en Mar del Plata hayan nacido bebés clandestinamente. Pero demuestra una sistematicidad en la práctica llevada a cabo por los militares y ubica a la Base como un eslabón en la estructura montada por la Marina para apropiarse de los hijos de los desaparecidos. Así, los documentos de la CONADEP, que podrían dar lugar a nuevas citaciones, servirían para ampliar la causa más allá de los casos puntuales que originaron la querella.  

   Uno de los legajos que la Subsecretaria de Derechos Humanos habría mandado al juzgado de Servini relata la desaparición de Omar Oyola, quien trabajó como enfermero en la Base marplatense. Una empleada administrativa del lugar fue quien realizó la denuncia en 1984. La mujer también atestiguó haber visto detenidos ilegales e incluso dio nombres de algunos represores.

 

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