La
subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, envió a la jueza María
Servini de Cubría testimonios reunidos por la
Conadep
sobre el campo clandestino de la Base Mar del Plata. |
El mes pasado Servini de Cubría dictó la prisión preventiva de
seis marinos que habitaban en el barrio militar marplatense Las Toninas.
Los hombres estaban acusados de participar o ser autores de apropiaciones
de menores durante la dictadura. Cinco --Alfredo Vera, Jorge Oliva,
Alberto Astí, Eduardo Alberto Bustos y Amadeo Romero -- desconocieron la
existencia de detenidos en la Base Naval, donde se habían desempeñado.
Los imputados negaron no sólo pertenecer a algún grupo de tareas sino
también saber siquiera que existían esos grupos. Además, quienes
estaban sospechados de tener hijos de desaparecidos se sometieron a los análisis
de ADN. El sexto procesado, Pedro Muñoz, admitió haber integrado el
Grupo de Tareas 6 e identificó el ámbito perteneciente a Buzos Tácticos
como el lugar donde funcionó el centro clandestino. Muñoz manifestó que
entre diciembre de 1978 y febrero de 1979 habría habido seis mujeres
embarazadas en el lugar.
Por ahora en la causa no
existen pruebas de que se hubieran producido partos clandestinos en la
Base. Según Muñoz, las parturientas eran trasladadas en ambulancias a
hospitales cercanos. De la documentación de la CONADEP se desprende que
la Base de Mar de Plata estaba en contacto con la Escuela de Mecánica de
la Armada (ESMA). Una sobreviviente de ese centro relató que las
embarazadas provenientes de Mar del Plata narraban que en la Base estaban
encerradas en celdas individuales sin aireación y que permanecían
sentadas con la cara mirando a una pared desde las seis de la mañana
hasta las diez de la noche.
Varias detenidas, como Patricia Marcuzzo, Susana Pegoraro y Liliana
Pereyra, fueron trasladadas a la ESMA al momento de dar a luz y luego
fueron devueltas a la Base marplatense. Esto no invalida que también en
Mar del Plata hayan nacido bebés clandestinamente. Pero demuestra una
sistematicidad en la práctica llevada a cabo por los militares y ubica a
la Base como un eslabón en la estructura montada por la Marina para
apropiarse de los hijos de los desaparecidos. Así, los documentos de la
CONADEP, que podrían dar lugar a nuevas citaciones, servirían para
ampliar la causa más allá de los casos puntuales que originaron la
querella. Uno de los legajos que la Subsecretaria de Derechos Humanos habría mandado al juzgado de Servini relata la desaparición de Omar Oyola, quien trabajó como enfermero en la Base marplatense. Una empleada administrativa del lugar fue quien realizó la denuncia en 1984. La mujer también atestiguó haber visto detenidos ilegales e incluso dio nombres de algunos represores.
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