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Las cámaras autopartistas,
integradas en Adimra y Cima, junto a la Unión Obrera Metalúrgica de la
República Argentina y la Asociación de Supervisores Metalúrgicos
(Asimra), ayer difundieron un comunicado con las principales exigencias
ante Industria y el Parlamento, advirtiendo que, en caso de no ser
escuchadas, no sólo habrá despidos multitudinarios sino movilizaciones
callejeras contra la política oficial.
Para evitar en marzo esa
posible manifestación encabezada por los dirigentes de la Uomra, Economía
debería subir del 2 por ciento actual a un promedio del 15 por ciento los
aranceles de importación de autopartes, incluyendo los productos que hoy
vienen desde Brasil con arancel cero. El Congreso, por su parte, tendría
que acelerar la sanción de aquel proyecto de ley que Diputados aprobó
hacia el final del gobierno anterior sólo en particular, impulsado por el
PJ pero también avalado por la Alianza, y que forzaría a las terminales
a ensamblar los coches con no menos de la mitad de sus piezas fabricadas
efectivamente en industrias locales.
Según subrayaba ayer ante este diario el gerente de Adimra,
Ricardo Güell, el desbalance con Brasil es enorme: entre 1992 y 1998 el déficit
comercial bilateral ascendió a 19 mil millones, de los cuales 11 mil
correspondieron al sector autopartista. Parte por las ventajas
competitivas que tiene ese país sobre la Argentina (sus costos de
producción son menores), parte porque la importación desde allí es
libre.
Las protestas autopartistas no
son nuevas. Pero recrudecieron con la propuesta que anunciaron hace dos
semanas las terminales nucleadas en Adefa, algunas autopartistas (cautivas
de las automotrices) reunidas en Afac y el gremio Smata, especialmente,
porque tuvieron una especie de guiño del Gobierno. Entre otros puntos
irritantes para los fabricantes independientes de autopartes, ese plan
privado prevé que se mantenga en el 2 por ciento el arancel para importar
piezas desde afuera del Mercosur y en 35 para autos terminados, el mismo
desbalance en la protección que existió en los últimos años.
Este esquema, tan ventajoso
para las automotrices como perjudicial para Adimra y las otras cámaras
del sector, serviría de transición, hasta que la Argentina y Brasil
acuerden un régimen común definitivo para la región, en lo posible,
sobre esa base. Esto difícilmente ocurrirá antes de los próximos seis o
siete meses, demasiado tiempo para que una industria en crisis se
sostenga.
Los fabricantes de autopartes
tienen la percepción de que el Gobierno de la Alianza será tan proclive
a defender los intereses de las terminales como lo fue el del
justicialismo. En parte, esta presunción se funda en el hecho de que la
secretaria de Industria, Débora Giorgi, hizo una especie de guiño público
al plan sugerido por Adefa. Lo que los hombres de empresa ignoran es que
la funcionaria estuvo más animada por la intención de demostrar que su
incipiente gestión tiene respaldo empresario y gremial que porque le
seduzca su contenido. A pesar de ello, Economía no está dispuesta a
romper el statu quo acordado con la administración brasileña.
Los autopartistas iniciaron
ayer su periplo por los despachos oficiales visitando a Baylac, titular de
la Comisión de Industria en formación. Pero según aseguró el
legislador radical ante Página/12, el proyecto que permitiría subir de
12 a 50 por ciento la proporción de partes nacionales en los vehículos
es inviable, ya que no permitiría sostener ninguna negociación con
Brasil.
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