|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mientras tanto, el
Tribunal Supremo de España desestimó ayer las querellas presentadas por
víctimas de la dictadura chilena contra el canciller español Abel
Matutes por interferir en los asuntos de la justicia española. Luego de
conocerse la intención de Straw de liberar a Pinochet, el gobierno español
anunció que no apelaría la decisión porque no había argumentos nuevos
para presentar. Pero el juez Baltasar Garzón, responsable de la detención
del ex dictador en Londres, pidió la revisión del procedimiento
utilizado por Straw, ya que no dio a conocer los resultados del examen médico
en el que fundamenta su decisión.
Las bases del recurso
presentado por Amnistía Internacional son las mismas que las que presentó
Bélgica anteayer. Tanto Bélgica como AI sostienen que existe un interés
público por encima de los derechos de Pinochet a la confidencialidad y
secreto de los informes médicos que han servido para que Straw adopte su
decisión. Bélgica, en particular, sostiene que no se le dejó ver el
informe, cuando el director de la Fiscalía Pública británica y el
abogado del Estado del Reino Unido sí han tenido acceso al mismo. Los
abogados sostienen que Bélgica es, como las dos autoridades británicas,
una "autoridad de persecución penal" ya que está buscando la
extradición de Pinochet. Para Chile, esa "persecución penal" es sospechosa. "Los gobiernos que han estado participando en el caso, como España y Gran Bretaña, tienen el problema definitivamente resuelto", se quejó el ministro del Interior chileno, Raúl Troncoso.
|
