|
Ayer por la mañana, los ordenanzas de la Casa de Gobierno comenzaron a trasladar a una oficina papeles, computadoras y teléfonos de una división administrativa de la Secretaría de Comunicación. El trajinar de los empleados en el despacho que ocupó Luis Ferreira marcó el adiós definitivo de la Oficina Nacional de Etica Pública. El organismo, creado por Carlos Menem en medio de promesas de �tormenta ética�, ya había sido eliminado por un decreto de Fernando de la Rúa: apenas asumió, el radical lo reemplazó por la Fiscalía Anticorrupción que, además de monitorear la transparencia del Gobierno, se dedica a investigar los escándalos del menemismo. Con el desembarco de los empleados de Comunicación en la pequeña oficina se terminaron de configurar las modificaciones implementadas a la Rosada: la ampliación del área de Presidencia, que ahora abarca las antiguas dependencias de Jefatura de Gabinete y las de Munir Menem, y que De la Rúa redecoró con bonsai y algunas esculturas modernistas que le regalaron. La Oficina de Etica estaba ubicada en el mismo piso, el primero, frente al Patio de las Palmeras. A partir de ayer, en el despacho que permanecía vacío comenzarán a trabajar secretarias, telefonistas y empleados administrativos de la Secretaría que dirige Darío Lopérfido. La mudanza que se produjo por la mañana terminó con los últimos vestigios de la Oficina que comandó con más humor que eficacia Luis Ferreira. Desde que se puso en marcha, en setiembre de 1997, el organismo y su jefe fueron duramente criticados: Ferreira no presentó objeciones cuando se descubrió que el entonces asesor presidencial Rodolfo Barra trabajaba también para la empresa Simmens, a la que ayudó a ganar la licitación de los DNI. Se negó a difundir la declaración de bienes de Carlos Menem y, como si fuera poco, protagonizó un papelón a mediados del �98: en la presentación del consejo que debía asesorar a la Oficina estuvieron, relajados y sonrientes, dos personajes con múltiples acusaciones de corrupción: Víctor Alderete y Juan Carlos Rousselot.Por eso, una de las primeras decisiones de De la Rúa fue eliminar la Oficina y crear la Fiscalía Anticorrupción. Su jefe, José Massoni, trabaja en las dependencias del Ministerio de Justicia en la calle Sarmiento y fue el encargado de recibir la herencia de Ferreira. Apenas accedió a la documentación, dio instrucciones para que las declaraciones juradas, que estaban divididas por ministerio y escalafón jerárquico, se ordenen por orden alfabético. Pero, más allá de las cuestiones administrativas, lo cierto es que el nuevo organismo tiene varias diferencias con la dependencia anterior: funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia (la Oficina de Etica reportaba directamente al Presidente) y no sólo se encarga de controlar la transparencia de la gestión: también realiza el seguimiento de las causas de corrupción. �¿Cómo evalúa su gestión al frente de la Oficina de Etica? �le preguntó Página/12 a Ferreira. �Nuestra función consistía en recibir las declaraciones juradas y corroborarlas. Hemos recibido treinta mil declaraciones, que están en poder de la Fiscalía. Pero hay que recordar que la Oficina de Etica no tenía, como ahora, capacidad de investigar.�¿Está de acuerdo con que la Oficina Anticorrupción tenga funciones de investigación?�Yo desconfío de las grandes oficinas con superpoderes, porque creo que para eso está la Justicia. Además, estoy convencido de que este tipo de oficinas tienen que tener un perfil bajo. Pero prefiero no hablar más de la Fiscalía actual. Yo me retiré de la política y ahora estoy dedicado a la actividad académica.
La presentación oficial fue en el piso once del Ministerio de Justicia. Puntero en mano, Pablo Michelle �de la Oficina Anticorrupción� explicó los pormenores de la página web
www.pami.org.ar . Se trata del sitio que inauguró el PAMI en Internet para difundir sus pliegos de licitación, recibir denuncias y, según se anunció, �dar a conocer con anticipación las decisiones administrativas sobre el uso del
Presupuesto�.
Seis años después de la denuncia que hizo el periodista Santiago Pinetta, la causa conocida como IBM-Banco Nación será elevada a juicio oral. El juez Adolfo Bagnasco está ordenando las últimas diligencias para que a mediados de año los directivos del banco y de la Big Blue se sienten en el banquillo de los acusados. Pero no estarán allí ninguno de los funcionarios de primera línea del gobierno de Carlos Menem que fueron salpicados por este escándalo en el se habría pagado una coima de 37 millones de pesos.
|