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La campaña publicitaria que
complica el futuro de la ex secretaria costó casi siete millones de dólares.
Fue lanzada luego de una compulsa de precios gobernada por una ansiedad
propia del fin del milenio: en apenas dos días, tres empresas invitadas
elevaron un complejo presupuesto. En el medio, dicen quienes conocieron
todo el proceso, Bello libró tumultuosa batalla para conseguir los fondos
necesarios. El contrato se firmó sin esperar a tener, como era
obligatorio, un precio testigo elaborado por la Sigen. Las cajitas fueron
repartidas apenas dos meses antes de la llegada del 2000. Al margen del
sospechado pago de sobreprecios, la Oficina Anticorrupción puso en duda
la utilidad del material, al que describió como "cuadernos de
tediosa lectura, afiches excesivos para el fin que se perseguía" y
"videos que en parte repetían lo que estaba escrito".
El informe final del organismo
que preside Rafael Bielsa agregó, además, otros reproches. La Sigen
advierte, por ejemplo, sobre el "desacierto técnico" del
dictamen jurídico que Bello esgrimió para firmar el contrato sin un
precio testigo. La ex funcionaria, además de invocar razones de urgencia
para cerrar el convenio millonario, se apoyó en una resolución jurídica
interna. La misma señalaba que, como los bienes a adquirir eran "de
características homogéneas", no era necesario contar con un precio
de control.
Sin embargo, señalaron los investigadores, la contratación
involucró 21 ítems diferentes. El mismo proveedor debía encargarse de
suministrar elementos tan heterogéneos como "cajas de cartón
microcorrugado", una "base de datos de mailing de periodistas a
nivel nacional", aportar videos VHS y filmar y sonorizar la suerte de
documental sobre los logros del Gobierno en la materia, además de tomar
fotografías, imprimir etiquetas personalizadas y enviar cada paquete de
propaganda por correo. Una diversidad que no impidió que el contrato se
firmara por "renglón único", es decir como si se tratara de
elementos posibles de englobar en un mismo rubro.
Ayer, Bello hizo un descargo por escrito a la Oficina Anticorrupción.
"No quiero que mi nombre esté bajo sospecha", dijo a la salida
del edificio de Sarmiento al 300, donde fue recibida por asesores ante la
ausencia del titular del área, José Massoni. En su defensa, la ex
secretaria insistió en que no se pagaron sobreprecios y presentó la
resolución que recibió de la Sigen poco antes de firmar la contratación,
en la que la Sindicatura le informó que no era posible elaborar un precio
testigo para la campaña publicitaria en el breve tiempo exigido por
Bello. Lo llamativo, agregan allí, fue que las empresas oferentes sí
estuvieran en condiciones de hacerlo.
El lunes próximo la Oficina
Anticorrupción llevará a la jueza federal Servini de Cubría el descargo
de Bello y el informe de la Sigen. La investigación de la Sindicatura
incluye una conclusión inusual para un informe técnico: se señala que,
"prima facie", se estaría ante un caso de perjuicio fiscal y
que las irregularidades detectadas son de tal gravedad que deben dar lugar
a una denuncia penal.
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