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OPINION

Surtidores sin control

Por Raúl Dellatorre

Una sensación de desamparo dejó la exposición pública del secretario de Energía, Daniel Montamat, al admitir que el Gobierno no tenía herramientas para persuadir a las empresas petroleras de que bajaran el precio de los combustibles. Las expectativas acerca de una rebaja habían sido impulsadas desde el propio Gobierno apenas una semana atrás, cuando el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, anticipó que los popes petroleros serían citados "para hacerles bajar los precios". Los expendedores de combustibles y los consumidores, en tanto, desconfían de una real falta de armas oficiales, y en cambio tienden a creer en la falta de voluntad política de algunos funcionarios para oponerse a la política de precios de las empresas.

  Como ningún otro producto, el comportamiento de los precios de los combustibles resultó marcadamente irritante para los consumidores. Tras un prolongado período de estabilidad, cuando el mercado mundial registraba una baja continua en el valor del petróleo, la tarifa de las naftas en surtidor entró en una loca carrera de ajustes semanales cuando la cotización de crudo inició el camino de la recuperación. El proceso se aceleró durante la transición (del 24 de octubre al 10 de diciembre) y continuó, aunque a paso atenuado, en los últimos dos meses.

  De los diversos sectores privatizados en los tempranos '90, el petrolero fue el único al que no se aplicó ningún tipo de regulación. Objetivamente, el Gobierno se desentendió de contar con herramientas de control, pero además alentó --por acción y omisión-- una concentración que hoy deja en manos de tres empresas la comercialización del 95 por ciento de los combustibles, con la facultad de mantener cautivas a 5500 estaciones de servicio mediante contratos a diez años de provisión exclusiva.

  Las propuestas que deslizó Montamat en la conferencia de prensa del jueves para introducir mayor competencia de precios resultarían inefectivas en el actual cuadro de situación o, en el peor de los casos, agravarían la concentración. Apostar a la importación de combustibles sin tener en cuenta que sólo las estaciones blancas podrían distribuirlos, en competencia con la producción local, significa no tomar en consideración que estos puntos de venta independientes apenas representan el 5 por ciento del volumen total del negocio, además en manos de comerciantes en general con escasa capacidad económica como para encarar las compras externas o conseguir créditos.

  "Si se habilitara al parque de estaciones de servicio existentes a vender nafta importada, en 30 días las naftas bajan un 20 por ciento", asegura Manuel García, titular de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes. Pero, para ello, habría que legislar contra los contratos de exclusividad que imponen las petroleras, una manifestación de actitud monopólica que Montamat no tuvo en cuenta en su evaluación. "No tenemos pruebas de que haya prácticas monopólicas en el mercado local de combustibles", aseguró en sentido contrario el funcionario, el jueves.

  La respuesta de Alfonso Cortina, presidente de Repsol-YPF, a la demanda de rebajas del Gobierno, no dejó espacio a la esperanza. "En primer lugar, me ha sorprendido la fuerte competencia que existe entre las marcas en el mercado argentino", señaló el empresario español. "Diferencias de hasta el 20 por ciento del precio al público es un porcentaje muy grande en los márgenes de las petroleras, sobre todo si consideramos que en dicho precio el 60 por ciento son impuestos", refirió, en la misma línea del argumento utilizado por Montamat 24 horas atrás. "Estimamos que la referencia del valor del producto importado debe ser la guía para establecer los precios del mercado (...). En esta línea, nuestra compañía asume el compromiso de ajustar sus precios en el mercado argentino, siguiendo los movimientos de alzas o bajas en el mercado internacional cuando éstos se produzcan", completó su declaración Cortina.

  Entre los disconformes con el resultado de la gestión de Montamat ante las petroleras se encuentran varios legisladores y técnicos de la Alianza, que le han reclamado al funcionario una reunión para los primeros días de la semana próxima. Allí le alcanzarán algunas propuestas para inducir una baja en los combustibles para lo que, aseguran, el Gobierno cuenta con herramientas. Si hay voluntad política, lo mejor es que se note.

 

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