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Por Maximiliano Montenegro 
El Banco Mundial se apresta a difundir un plan �indicativo� de gestión que le presentó a cada uno de los ministros de Fernando de la Rúa días antes de asumir. La agenda está resumida en 25 documentos que abarcan desde cómo atacar la corrupción y revertir la desconfianza en el sistema judicial argentino, hasta una amplia reforma educativa-anticipada ya por este diario- y la disminución del �riesgo social� provocado por �la creciente desigualdad en la distribución del ingreso�. También proponen un proyecto de flexibilización laboral casi idéntico al que impulsa el Gobierno, otra reforma impositiva y una agresiva receta para disciplinar fiscalmente a las provincias, avanzando sobre la autonomía de los estados del interior. Por si fuera poco, dicen que �en las primeras etapas del nuevo gobierno debe implementarse una importante reforma comercial� y sugieren una fuerte reducción de aranceles de importación que erizará la piel de los empresarios locales. Previendo la resistencia de Brasil, afirman que �la Argentina podría utilizar su liderazgo dentro del Mercosur� para imponer este cambio. En Washington dicen que el completo plan es �sólo una contribución� del organismo para facilitar la gestión de la nueva administración.En la oficina local del Banco Mundial, dirigida por la canadiense Myrna Alexander, aseguran que, según el área de incumbencia, los documentos fueron entregados en mano a cada uno de los ministros de la Alianza y a sus equipos técnicos antes del 10 de diciembre. En los próximos días, por primera vez en Latinoamérica, el organismo abrirá una discusión pública sobre estos informes en distintos foros a los que están invitados dirigentes políticos, empresarios, sindicales y de organizaciones no gubernamentales. Sobre esta base, el Banco deberá definir luego su estrategia de préstamos para el país en los próximos años. �Decidimos que el proceso consultivo sea más transparente y pluralista�, sostienen en el Banco, que hasta ahora prefería transmitir �ideas�, de manera confidencial, a los funcionarios de turno en cada área de gobierno. Pero lo cierto es que nunca antes las políticas de Washington habían alcanzado tanto grado de consenso en la dirigencia política local como en estos días. Más aún, no hubo dirigente aliancista que no tratara con algodones a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional que pasaron por Buenos Aires a principios de enero para negociar las nuevas metas de la política económica. Por eso, la confianza en que la difusión de estas recetas ya no escandaliza a nadie dentro de la Alianza debe haber influido en el cambio de estrategia del Banco Mundial, primo hermano del Fondo. El documento sobre �Corrupción en Argentina: cómo afecta al sector público� sugiere una serie de medidas que ya están siendo aplicadas por De la Rúa. El paper realiza un diagnóstico patético de la herencia legada por el menemismo. �Una serie de factores determinan que la corrupción en la Argentina sea considerada alta�, afirma. Y enumera:  �Prevalece en el país una cultura permisiva y de negocios paralelos�. �Los organismos públicos no cuentan con reglamentos internos apropiados y efectivos que orienten la conducta ética de sus funcionarios�. �La cultura organizacional no inscribe entre las prácticas bien vistas la denuncia� y �la denuncia de actos de corrupción no es valorada como mecanismo importante de control de la gestión�. �Muy altos niveles de libertad y discrecionalidad� por parte de los funcionarios en la �adquisición de servicios y construcción de obras públicas�, el manejo de �los gastos reservados� y otros. �Las instituciones suelen ser impermeables a las denuncias realizadas.Una amplia percepción de que la autoridad no es creíble, un alto nivel de desconfianza y el pobre resultado de las denuncias crea una sensación de impunidad�. Bajo la órbita del Ministerio de Justicia, la Oficina Anticorrupción, conducida por José Massoni, vino a reemplazar a la disuelta Oficina deEtica Pública, que auspició el Banco Mundial durante la administración menemista. El cambio no parece haber sido casual. �Sería importante que el país tuviera una política pública y un funcionario de alto nivel a cargo de la elaboración, conducción y control de esa lucha�, dice el documento del Banco que fue entregado al gobierno antes de asumir. Y agrega que es necesaria �una estrategia para cercar e incomodar los espacios de corrupción�. Luego sugiere que el �plan estratégico de lucha contra la corrupción� contemple, entre otros, los siguientes puntos: �El Poder Ejecutivo debe establecer lineamientos claros con respecto al acceso a la información y la transparencia�. �Reducir la discrecionalidad en las decisiones de adquisiciones públicas y contratación de personal y hacer conocer los resultados públicamente�. �Credibilidad en el proceso de hacer e investigar los reclamos por corrupción. Crear espacios para efectuar las denuncias y los mecanismos para su seguimiento�. �Transformar el modelo de investigación poniéndolo en manos de fiscales, en vez de estar a cargo de jueces�. �Dar protección a los testigos, lo cual hoy no existe. Aunque esto aumenta el peligro de falso testimonio, la experiencia y la investigación efectiva legitimarán la denuncia�, se explica. Focalizar acciones en �espacios de riesgo�: compras, nombramiento de personal, concesiones, privatizaciones, cierto tipo de exenciones, etcétera.La gestión del ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, también es seguida con atención desde Washington por otro tema. �Actualmente existen indicios de que el sistema judicial argentino no está realizando lo que debería. Destila desconfianza y se caracteriza por la demora en la resolución de las causas, lo cual dificulta el desarrollo del sector privado y su acceso a los tribunales�, dice, lapidario, el Banco. Y con el inconfundible economicismo que lo caracteriza, advierte: �Las nuevas relaciones de negocios demandan decisiones imparciales y transparentes. Si no se cumple esta condición, los costos y riesgos de las transacciones comerciales aumentan, impulsando un incremento del riesgo país. A la vez se reduce el tamaño de los mercados, perjudicando la competitividad�. El sombrío diagnóstico no se agota allí: �La corrupción es percibida como uno de los problemas de los tribunales argentinos. El uso de influencias personales es visto como una práctica común�, asegura, con un inusual tono de voltaje político. �No se ha actualizado el ritmo de los cambios en la demanda de sus servicios: los 26 juzgados comerciales de Buenos Aires atraviesan por el peor atoramiento de trabajo de su historia. Al mismo tiempo, 80 juzgados laborales se están quedando progresivamente ociosos, debido a las reformas de la legislación laboral�, afirma el Banco, que es desde principios de los �90 uno de los máximos promotores de la flexibilización laboral a ultranza (ver aparte). También dice que sobran empleados administrativos y funcionarios. La justicia nacional y federal mantiene �una nómina de 19.924 empleados. De ellos, 873 son jueces, 4615 funcionarios y 13.806 empleados. Esta cifra representa una relación de 15 empleados por juez o cinco funcionarios por magistrado�. Tampoco se salva en la volteada la universidad pública, que en otro documento sugieren arancelar (ver aparte). �La calidad de la educación sobre leyes en Argentina ha caído. En el pasado, los estudiantes debían aprobar un examen de admisión a las universidades públicas, pero ahora son admitidos sin ningún examen. Esto provocó la superpoblación de estas casas de estudios. Todos los graduados en leyes de las universidades públicas no están bien capacitados�. Finalmente, el Banco elogia al Consejo de la Magistratura, una institución que Washington presionó para que se pusiera en funcionamiento.�Se espera así que el público recobre la confianza en la nominación de los magistrados�, señala. Sin embargo, le recuerda a Gil Lavedra que �el organismo comenzó a funcionar con una importante acumulación de casos�. Y dice que �pese a esto, la mayoría de sus miembros trabajan medio día, mientras mantienen sus cargos como senadores, diputados, jueces o funcionarios oficiales, con lo cual se reduce la cantidad de tiempo que le dedican a su trabajo en el Consejo�. �Además, dado el gran número de sus miembros y la absoluta mayoría necesaria en sus votaciones para la toma de decisiones, el Consejo ocupa buena parte de su tiempo en ponerse de acuerdo�, concluye, esperando la respuesta de la Alianza.
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cuyos funcionarios cerraron con José Luis Machinea durante enero un programa de metas fiscales trimestrales para los próximos tres años. Sin embargo, el Banco hará pública una agenda todavía más pesada que la que negoció Machinea que se titula: �Equilibrio fiscal, cómo mejorar la relación entre la Nación y las provincias�. Como se recordará, los funcionarios fondomonetaristas querían que el gobierno nacional hiciera cumplir con carácter obligatorio a las provincias un duro plan de ajuste fiscal. Sin embargo, el ministro de Economía rechazó esa condición, argumentando que en un país federal la Nación no podía restar autonomía a las provincias. A cambio se comprometió a proponer a las provincias un plan de encuadramiento fiscal, para que limiten en el futuro el endeudamiento. Pero el Banco insistirá con una fórmula de �intervención económica� de provincias altamente endeudadas. El poder de negociación del Banco Mundial con las provincias siempre fue mucho mayor que el del FMI. La razón es que por estatuto, el Fondo está impedido de dar créditos a los estados subnacionales. Por eso, el Banco será el organismo de Washington que vigilará el ajuste en las provincias. El BM quiere que Economía establezca �criterios para las intervenciones del gobierno nacional en provincias gravemente endeudadas sobre la base de que los acreedores pierden, las provincias pierden provisoriamente cierta autonomía y se implementa un plan fiscal creíble a largo plazo�. Este plan incluiría, a su vez, un esquema de achicamiento del plantel de empleo público y de reducción del déficit fiscal provincial. El BM también recomienda una �reforma tributaria provincial�, que se basa en la eliminación total del impuesto a los ingresos brutos. Y se propone:
es de un notable parecido con la flexibilización que sugiere el Banco Mundial. �Habría que facilitar un funcionamiento más ordenado del mercado laboral mediante algunas reformas�, afirma el Banco, que insiste con más flexibilización en dos documentos. Uno es el que se refiere a cómo mejorar la situación de los pobres: según la visión de Washington, una legislación laboral más flexible permitirá aumentar el empleo y, en consecuencia, sacar de la pobreza a mucha gente. Nada dice de la flexibilidad salarial que, paradójicamente, está identificada como una de las causas de que los empleados hayan caído bajo la línea de pobreza en los últimos años. El otro documento es el titulado �El desafío de la productividad argentina en el nuevo milenio�, que también recibió el Ministerio de Economía. 
En Washington nunca simpatizaron con el Mercosur y no es casual que el Banco pretenda que Argentina presione unilateralmente para reducir los aranceles a las importanciones a �una tasa uniforme menor al 10 por ciento�. Brasil no sólo se opone a la rebaja sino que está en contra de un arancel uniforme, que protege a todos los sectores con la misma vara, como tiene Chile. La agenda, además de desatar las protestas de los empresarios, pondrá en un brete al Canciller Aldalberto Rodríguez Giavarini. El documento dice que �se requiere que en las primeras etapas del nuevo gobierno se implemente una política de reforma comercial�, la cual debería considerar:
Sin embargo, estas cifras disimulan la existencia de serios focos de pobreza e indigencia causados por una desigual distribución del ingreso, bajo nivel educativo y el amplio número de familias a cargo de cada trabajador, así como significativas deficiencias en la protección, servicios e infraestructura de grupos vulnerables�, dice el documento del Banco Mundial que está en manos de la ministra de Acción Social, Graciela Fernández Meijide. El informe se titula sugestivamente �El riesgo social en Argentina�. En 1998, antes de la recesión, �el 29 por ciento de la población argentina fue clasificada como pobre�, afirma. Y agrega que �estos grupos son vulnerables a cambios en el empleo y los ingresos, enfermedades y otros shocks inesperados que amenazan su supervivencia. Algunos viven en un estado crónico de pobreza, lo que los somete a un estado de riesgo permanente�. El Banco sugiere una serie de políticas para reforzar los subsidios y asistencia a estos grupos que pronto lanzará Graciela desde el Ministerio. Describe el panorama heredado del menemismo: