COMO LOS TURISTAS QUE BUSCAN PLAYAS EXOTICAS LOS CAPITALES ESCAPAN AL CARIBE
Los billetes también  se van al paraíso

Por Susana Viau
 A mediados de 1998, inspectores del Banco Central abrieron el expediente 100.115 advirtiendo a sus superiores sobre curiosas entradas y salidas de depósitos efectuados desde y hacia el Banco República, propiedad de Raúl Moneta. Eran alrededor de 200 millones de dólares mensuales que, invariablemente, pasaban por el Citibank de Nueva York y correspondían a empresas y bancas off shore establecidas en Bahamas (entre ellas el Federal Bank, por el que circuló la primera gran coima del affaire IBM-Banco Nación). El informe subrayaba la peligrosidad de esas triangulaciones realizadas con entidades ubicadas en paraísos fiscales, calificados por el propio Banco Central como "zonas de riesgo" por su permeabilidad al lavado de dinero. Sin embargo, la autoridad monetaria no pestañeó ante el alerta lanzado por sus hombres de la línea. O sí: las conclusiones de los inspectores durmieron el sueño de los justos, del mismo modo que las carpetas donde se guardaban los datos de algunas de esas enigmáticas off shore.

 Se va el caimán

  La preocupación de los funcionarios de la línea no era nueva. Ya en la inspección iniciada en diciembre de 1996 habían llamado la atención sobre operaciones realizadas por el Banco República con empresas off shore constituidas en Bahamas. La constancia de esa inquietud quedó plasmada en el expediente 100.234/97. En aquella oportunidad hicieron también otros hallazgos. Verificaron por ejemplo que:      

  * Existían ingresos por servicios de intermediación facturados al Federal Bank Limited pero cuya realización era dudosa. Los inspectores solicitaron constancias que nunca les fueron remitidas. 

  * El principal origen de los fondos del Banco República eran líneas de crédito internacionales por 322,5 millones.

   * Se habían realizado numerosas operaciones de compraventa de moneda extranjera por mostrador y por sumas superiores a los 50 mil dólares sin asentar los datos de las personas que las realizaban (en infracción a las normas del BCRA sobre lavado de dinero). Se observaron asimismo operaciones con clientes que no tenían cuenta en el banco (Intercontinental Bank Uruguay, Novo Bank Trust, Inmobiliaria Dec).

   * En la cuenta que el Banco República tenía abierta en el Citibank de Nueva York se registraban voluminosos movimientos realizados con el Federal Bank. Subrayaron el hecho de que la mayoría de esas acreditaciones del Federal Bank correspondía a operaciones con empresas vinculadas  (República Valores, República Compañía de Inversiones, Cabaña Los Gatos. Todas sociedades de Raúl Moneta).

  Por el Federal Bank había circulado la primera gran coima del caso IBM-Banco Nación. Un millón de dólares cuyo seguimiento condujo a Nueva York al juez Federal Adolfo Bagnasco, interesado en solicitar el levantamiento del secreto bancario. A los pedidos de informes de los parlamentarios, el Banco Central respondió que ignoraba qué era el Federal Bank. Sin embargo, en octubre de 1994, Carlos Basílico, en su carácter de representante designado por el Federal Bank, había solicitado al BCRA autorización para radicar una sucursal en la Argentina. El trámite dio origen al expediente 19.750/94, Pero la cerrada oposición de los técnicos de la línea, quienes recordaron a sus jefes que Bahamas (donde fue constituido el Federal Bank) es "zona de riesgo" para el lavado de dinero, forzó al directorio del BCRA a denegarla. Con posterioridad, Raúl Moneta inició gestiones para abrir una sucursal del Banco República en las islas Gran Cayman, un trámite que el Central se mostró interesado en facilitar.

 Bancos de arena

  La inspección volvió a repetirse dos años después, a mediados de 1998. La advertencia que en esa segunda ocasión formularon los técnicos fue clara como el agua. Pusieron de relieve el oscuro origen de República Holdings Limited, el nombre con que Moneta había rebautizado a UFCO, la sociedad constituida en las Islas Vírgenes con 50 mil dólares por todo capital, propietaria del 34 por ciento de las acciones del CEI. La localización UFCO-República Holding en un paraíso fiscal, zona de riesgo en cuanto a maniobras de lavado de dinero "dificulta la evaluación de esta empresa", dijeron. Y agregaron que su calidad de "empresa vinculada e importante depositante" restaba "también transparencia al grupo controlante del Banco República S.A.". Enunciar la escasa "transparencia" de los accionistas mayoritarios de una entidad financiera no era, por cierto, un señalamiento menor.

  Del mismo modo, pusieron en cuestión "importantes aspectos relacionados con otros residentes en el exterior". Hablaban del Federal Bank Limited, The Winterbotham Trust Company Limited, Ludgate Investments Limited, Southwark Assets Management Limited, Lolland Stocks Limited, Scott & Chandler Limited, Cairo Holdings Limited, Budleigh Limited Uruguay S.A. Empresas y bancos que, tal como reveló Página/12, habían sido constituidos en Bahamas, el mismo día, con números correlativos y el mismo representante: Carlos Basílico, delegado de Moneta para este tipo de negocios. Lo que los inspectores marcaron respecto al comportamiento de ese abanico de off shores con nombres rimbombantes tampoco fue moco de pavo: tenían operaciones significativas "y llamativas" con el Banco República.

  ¿En qué consistía lo "llamativo" de esos movimientos? La muestra seleccionada para investigar cómo ingresaban o egresaban voluminosos fondos del exterior había dejado en evidencia un mecanismo casi idéntico: el epicentro era una cuenta abierta por el Banco República en el Citibank de Nueva York. Esa cuenta recibía depósitos desde el Federal Bank o, por el contrario, los giraba hacia él. El monto, unos 200 millones de dólares mensuales. La propuesta que, en consecuencia, hicieron los inspectores tenía un trasfondo alarmante. Solicitaba de las autoridades del BCRA "diversas medidas para conocer la naturaleza de la relación de dichas empresas con la inspeccionada (el Banco República), a saber: requerimientos de información a los bancos centrales de Bahamas y Uruguay, pedidos de antecedentes a la Inspección General de Justicia y consulta a Estudios y Dictámenes Jurídicos acerca de la procedencia de requerir información al Citibank S.A.".

 Caribe Social Club 

  El informe contenía, además, una serie de señalizaciones igualmente significativas:

  * República Holding (ex UFCO, vinculada con el Banco República) había declarado a fines de 1996 un patrimonio neto de 278 millones de dólares y sus ganancias alcanzaban los 121 millones, cifra que no se correspondía con la rentabilidad media de ninguna empresa legal.

  * República Holding, en 1997, había pagado un dividendo de 120 millones de dólares a Adamson Inc. ¿Quién era Adamson Inc.? Una sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas, con un patrimonio neto de 340 millones y ganancias por 332 millones de dólares. Otro milagro de las prodigiosas islas caribeñas.

  * A mediados de 1998, el Banco República mostró un pasivo de 441 millones de dólares y el principal origen de sus fondos eran las líneas del exterior: 132 millones provenientes, principalmente, de sociedades de Bahamas cuyo representante era Carlos Basílico.

  * El Banco República realizó importantes operaciones con el Republic National Bank Gran Cayman, cuyo representante era... Carlos Basílico.

  * A esa fecha, los diez principales depositantes del Banco República eran: República Holding, principal accionista del CEI (30,97 millones); CEI (17,93 millones); Dredsner Bank Lateinamerika (10,43 millones); Enrique Kipp --agente de la mesa de dinero del Banco República-- (9,95 millones); Richard Handley --hombre fuerte del Citibank-- (5,25 millones); Alejandro Romay (5,21 millones); Telefónica de Argentina (5,03 millones); Cairo Holding Ltd. (4,60 millones); Bladex Panamá (4,01 millones); Republic National Bank Gran Cayman (3,12 millones). La suma totalizaba casi el 57 por ciento del total de los depósitos del banco. Casi todas personas y empresas vinculadas, o ignotas off shore.

  * Entre junio de 1998 y febrero de 1999, es decir en el período previo a su caída, el Banco República disminuyó sus depósitos en 90 millones. Resultaba destacable que entre los depósitos fugados estaban los de sus empresas vinculadas: República Compañía de Inversiones había puesto a buen recaudo 6,3 millones; República Holding (ex UFCO, importante accionista del CEI), 30,9 millones; el CEI, 4,2 millones; Alberto Petracchi (abogado y socio de Moneta), 1,8 millón. También habían volado las sociedades caribeñas vinculadas: Southwark Assets Management Ltd. retiró 1,2 millón; Bladex Panamá se llevó 4,1 millones y hasta el propio Richard Handley (Citibank) trasladó a un sitio más seguro 3,01 millones.

  * El Banco República no había puesto en práctica los programas contra el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, que implementó el Central a través de la Comunicación A-2814.

  Al finalizar el relevamiento y con todas las cartas en la mano, los técnicos del Banco Central emitieron una opinión drástica: "El desconocimiento de las empresas radicadas en dichas zonas de riesgo --Bahamas e Islas Vírgenes-- resta transparencia al grupo controlante del Banco República. También son varias las empresas controladas por la vinculada CEI-Citicorp Holdings que tienen domicilios en zonas de riesgo y son varias también las empresas constituidas en esas zonas que tienen operaciones con el Banco República (v.g. Federal Bank Limited, The Winter Botham Trust Company Limited, Ludgate Investments Limited, Southwark Asset management Limited, Lolland Socks Limited, Scott & Chandler Limited, Budleigt Limited Uruguay S.A.). Lo anterior y las inversiones de la entidad y de sus accionistas en el CEI, las del banco en el Edificio República (transformada en préstamo a República Compañía de Inversiones), la gestión cumplida en el Banco Mendoza y los elevados préstamos a Candia Inversora S.A./Inversora Ancona S.A. (titulares de Peñaflor S.A.) son indicativas de las particularidades y del riesgo asumido por el management del Banco República".

  Pese a la gravedad del diagnóstico de los inspectores enviados por el propio Banco Central, ni Javier Bolzico, vicesuperintendente y jefe directo de los inspectores, ni Manuel Domper, miembro del directorio y responsable del área de lavado de dinero, ni Pedro Pou, presidente del BCRA, acusaron recibo de las preocupaciones de la línea. Quizás así se explique por qué los bancos argentinos --obligados a notificar a la autoridad financiera sobre las operaciones sospechadas de lavado-- sólo denunciaron 20 en el largo lapso de 4 años.

COMO ES LA LEY ANTILAVADO
Freno a la fuga de capitales

El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso busca dotar al Estado de nuevas herramientas para la lucha contra la evasión. El cambio más trascendente sobre las prácticas comerciales actuales, y que apunta directamente sobre el combate del lavado de dinero, es el que impone la obligación de efectuar todo pago superior a los 10 mil pesos mediante una operación bancaria: cheque, depósito, giro o mediante tarjeta de crédito.

 
La norma busca identificar a quien paga, y de esa forma poder rastrear el origen de los fondos. Usualmente, las operaciones de lavado o blanqueo de dinero se realizan con pagos en efectivo o a través de una cuenta off shore (en una institución bancaria radicada en un paraíso fiscal) o por intermedio de un testaferro, un tercero que presta el nombre al real adquirente o pagador de la operación. La identificación de quién paga es crucial para iniciar el proceso de investigación fiscal para llegar a determinar si el origen de los fondos es ilegal u obtenido en forma espuria.

  "Queremos que queden documentados los datos de quién paga y de quién recibe el dinero", explicó el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, el viernes último al presentar el proyecto. La norma girada al Congreso deja abierta, además, la facultad del Ejecutivo de bajar el tope para las operaciones en efectivo sujetas a pago documentado a 5000 pesos.

  En los últimos años, se había convertido en una práctica que la compraventa de inmuebles, autos, aviones o barcos entre particulares se concretara en efectivo, usualmente en dólares. Además de una cuestión de inseguridad para el comprador y el vendedor, que debían trasladarse con una valija de billetes, esta práctica facilita la realización de operaciones con fondos no declarados al no quedar registro sobre su origen.

  El proyecto oficial contempla la forma de que aun las personas no bancarizadas (sin cuentas bancarias) puedan realizar este tipo de operaciones: los bancos deberán "venderle" un cheque de mostrador (innominado) contra el depósito previamente realizado en la institución, para efectuar el pago y dejarlo registrado. Este instrumento tendrá un costo para el que lo utilice: 0,25 por ciento del monto de la operación. es decir, por cada 10 mil pesos, deberá abonar 25 pesos para la compra del instrumento de pago.

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