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Alberto
Flamarique masculló bronca. Hugo Moyano acababa de asumir la conducción
real de la CGT con gritos de guerra. Y el ministro de Trabajo prometió que el Gobierno, tarde o
temprano, redoblaría la apuesta. Fue temprano: la cartera de Salud, que
comanda Héctor Lombardo, decidió retener cerca de 6 millones de pesos
que por ley debían girarse a las obras sociales sindicales.
El dinero corresponde a la última
recaudación mensual del Fondo de Redistribución. Con esa suma, los
sindicalistas equilibran las cuentas de aquellas obras sociales
deficitarias y responden a las demandas de servicios de alta complejidad
de sus afiliados.
La última cuota que
percibieron las obras sociales sindicales es de diciembre del '99. Desde
que asumió el nuevo Gobierno, la CGT está expectante, ya que la
distribución de gran parte de ese dinero es discrecional y responde a
intereses políticos.
Las reuniones entre
sindicalistas y funcionarios de Salud fueron constantes a fines del año
pasado. Y hubo promesas de todo tipo. El propio Lombardo les aseguró a
los gremios varias representaciones en el directorio de la Administración
de Programas Especiales (APE), el organismo que maneja el Fondo de
Redistribución.
Pero la dura pelea por la
reforma laboral rompió con todos los acuerdos. Primero,
el Gobierno sacó un decreto que dejó a los gremios sin representantes en
la APE. Ahora, al conocer el tono combativo --con promesas de marchas y
cortes de ruta-- que Moyano imprimirá a la CGT, se decidió retener el
dinero que debían percibir para solventar las obras sociales.
--El pastor y Nosiglia nos están
traicionando. No cumplieron con ninguna de sus promesas --se quejó a Página/12
un encumbrado dirigente sindical.
Aludió así a Lombardo, que
además de sus conocimientos en salud es pastor evangelista, y al ex
ministro del Interior de Alfonsín, Enrique "Coti" Nosiglia, dos
interlocutores válidos para la cúpula de la CGT.
Durante el período de transición
Lombardo compartió sus horas con Nosiglia en el Hotel Elevage y se cruzó
más de una vez con el gastronómico Luis Barrionuevo.
El plan de asfixia a los
sindicatos tiene en Rubén Cano a su principal mentor. Cano integra el
cuerpo colegiado de la Superintendencia de Salud y controla desde las
sombras la Administración de Programas Especiales.
Hasta el último jueves, el APE
estaba manejado por Carlos "El Gato" Lapadula, un hombre del riñón
de Carlos Menem nombrado por el propio ex presidente en el '98. Cano lo
obligó a renunciar para rearmar el directorio del organismo, hasta ahora
afín a los intereses del menemismo. Antonio Verduc, hombre del bonaerense
Melchor Posse en la Secretaría de Salud de San Isidro, es ahora uno de
los que suena más fuerte para ocupar ese puesto.
Cano es un médico sanitarista que trabajó con Lombardo en el
gobierno porteño. Estuvo al frente del Presal, un programa del Banco
Mundial para reequipar hospitales.
En las últimas semanas anunció
un plan de reducción del número de obras sociales sindicales. Quiere que
de las actuales 300 no queden más de 50. Se trata de un primer paso para
la desregulación total del sistema, para permitir la competencia abierta
con las empresas de medicina prepaga. A pesar del compromiso público de
Lombardo a los sindicatos para no producir tal desregulación, es un
secreto a voces que ése será, a mediano o largo plazo, el próximo paso.
El acto de asunción de Cano
fue todo un símbolo para confirmarlo. El mercantil Armando Cavalieri fue
el único sindicalista de primera línea que estuvo presente. El resto de
los invitados pertenecía al mundo de las empresas de medicina prepaga,
cobijados detrás del presidente de la cámara del sector, Pablo Giordano.
Entre sus íntimos, y no tan íntimos,
Cano dio los nombres de las obras sociales que considera
"quebradas", un dato que alertó especialmente a los prestadores
que quieren cobrar sus deudas.
No fue el único anuncio que
generó escozor entre los caciques gremiales. También pegaron el grito en
el cielo cuando se enteraron de que Salud emprenderá una investigación
sobre el destino del dinero pagado por la APE durante la gestión
menemista.
--Que investiguen lo que
quieran pero que no sigan desfinanciando las obras sociales sindicales
--se quejó en voz alta Cavalieri, a quien la APE le debe cerca de 13
millones de pesos por tratamientos de sida. Cruzando
al cruzado
Cano podrá comprobar que el
gobierno menemista benefició a "sus amigos" en el reparto de
los subsidios de la APE. La planilla de setiembre del año pasado, a la
que accedió Página/12 es una muestra fiel, ya que allí aparecen
las obras sociales de Cavalieri, el estatal Andrés Rodríguez, el gasista
Oscar Mangone y el químico Reynaldo Hermoso, entre otros.
Según un informe oficial, la
obra social de los mercantiles (Osecac) percibió en setiembre 828.667,58
de pesos; los metalúrgicos de la UOM 709.811,23; Encotesa 600.000; la
federación de la industria de la carne 600.000; bancarios 495.214,70; la
estatal Unión Personal Civil de la Nación 412.327.
No fueron los únicos. La ADOS
(asociación de obras sociales en el interior, cuyo armado se adjudica a
Barrionuevo) de Comodoro 359.517.06; ADOS de San Juan 352.260; los peones
de taxi 343.368; gastronómicos 334.412,28; sanitarios 314.786; del vidrio
303.678; garajistas 300.000; maestranza 300.000; portuarios, 300.000; químicos
300.000; y Gas del Estado 300.000.
Aun así, en su cruzada contra
los sindicalistas, Cano no tiene el respaldo del resto de los directores
de la Superintendencia de Salud. Y quedó registrado el último miércoles,
cuando quiso suspender una de las habituales reuniones semanales con sus
pares.
--Vamos a sesionar con o sin
vos --lo cruzó, palabras más palabras menos, Diego Capurro, otro de los
directores.
Capurro es un médico
sanitarista que responde a Graciela Fernández Meijide. Fue gerente de
IOMA durante la gobernación de Antonio Cafiero y proviene de las filas de
la Asociación de Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores
Argentinos. En otras palabras: se opone al desfinanciamiento de los
gremios y a la desregulación del sistema de salud.
Cano tampoco tiene asegurada la
paz absoluta de parte de Daniel Espósito, otro de los directores. Espósito
es un hombre vinculado con Rodolfo Rodríguez, representante en la
Argentina de la consultora de Salud William Mercer. La consultora de Rodríguez,
quien aspiraba un lugar en el PAMI o la misma Superintendencia, controla
el cumplimiento de las metas fijadas por el Banco Mundial para la
reconversión de las obras sociales. Es,
como Cano, nosiglista. Pero, a diferencia de él, se quedó sin un lugar
en el Gobierno.
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