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Oliveira reclamó medidas para que no se destruya la documentación del hospital de Campo de Mayo, porque podría ayudar a descubrir la verdad sobre los desaparecidos. Proyecto de Bravo y Rivas. |
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La supervisión de la causa
pertenece a la Cámara Federal de San Martín, pero Oliveira explicó a Página/12
que prefirió elevar el pedido a los jueces porteños por su ámbito
natural de actuación. "La Cámara de Buenos Aires, además, ya había
reconocido el derecho a la verdad cuando la Defensoría pidió que
interviniera para prohibir la incineración de documentos en el Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas", dijo Oliveira. Y agregó que el 19
de mayo del año pasado la misma Cámara dijo que ordenaba a los restantes
poderes de la República, sin limitaciones, que aplicara la prohibición
de quemar y destruir documentos.
El juzgado civil y comercial de
San Martín tramita la causa que pidieron abrir los familiares de Roberto
Santucho y de Benito Urteaga, jefes del Ejército Revolucionario del
Pueblo al momento del golpe militar de 1976, para encontrar sus cuerpos y
llegar a la verdad sobre su muerte.
A principios de diciembre último
el juez encabezó un procedimiento en Campo de Mayo y secuestró un libro
de nacimientos con datos que van de enero de 1974 a diciembre de 1978.
Cuando la Justicia pidió más
documentación, los oficiales dijeron que no había nada más porque una
orden del director del Hospital Militar Central de 1994 había mandado a
quemar todo el material existente.
Sin embargo, Oliveira presentó
de todas maneras su pedido a la Cámara Federal porque "durante el
procedimiento se advirtió que en el archivo del Hospital Militar de Campo
de Mayo se encontraba abundante documentación correspondiente a los años
1976/83 que no había sido incinerada". El ejemplo es el libro de
nacimientos.
Según la presentación, el
caso revela "que la documentación secuestrada y la que aún se
encuentra en el archivo del Hospital Militar de Campo de Mayo están
protegidas por la medida cautelar" de la Cámara Federal porteña, o
sea la orden de no quemar. Pero, a la vez, "parte del entramado
burocrático de los poderes de la República desconoce" esa medida
cautelar. Si la burocracia continúa desconociendo la orden de preservar
los documentos, "la medida de protección de derechos ordenada puede
devenir en letra muerta".
Al margen de la inspección
ocular en Campo de Mayo, Oliveira pidió a la Cámara Federal que exija
una copia del libro de nacimientos al juzgado civil y que envíe un oficio
a la Cámara de San Martín informando sobre la prohibición de que se
destruya documentación.
Los diputados de la Alianza
Jorge Rivas y Alfredo Bravo coincidieron en paralelo con la iniciativa de
Oliveira. Presentaron un proyecto de resolución para que la cámara baja
pida al Ministerio de Defensa información sobre Campo de Mayo.
"A nadie se le escapa la
importancia de los archivos encontrados, en razón de que pertenecen a los
años de la sin república, a los años de la dictadura militar",
neologiza la presentación de los diputados del Frepaso.
"Este proyecto pretende
que no haya distracciones", dice el texto de los diputados. "Que
no se deje de investigar en todos los rincones de la burocracia militar
hasta encontrar los archivos que ofrezcan verdad; que no se deje de
sancionar a todo aquel que sabiendo de su existencia miara hacia otro
lado, burlándose de la ley y del reclamo de toda una sociedad que lucha
contra el olvido".
De acuerdo con Rivas y Bravo,
"en esta nueva etapa del país en la cual la ciudadanía con su voto
reclamó transparencia en los actos de gobierno, también se debe acabar
con la incertidumbre de miles de argentinos de saber dónde están los
cuerpos de sus seres queridos".
En una alusión a la principal
bandera del gobierno de Fernando de la Rúa, el proyecto de los diputados
socialistas señala que "no se comprende tampoco una Argentina
transparente si quienes nacieron en cautiverio creen ser quienes en
realidad no son". "Nadie puede discutir hoy nuestro derecho constitucional a la verdad", termina el texto. "Nosotros lo ejercemos desde aquí con este reclamo, pero el Poder Ejecutivo nacional y todos los poderes de la República lo deben ejercer con el trabajo diario consistente en investigar y sancionar a los cultores del olvido y la mentira".
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defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, pidió
a la Cámara Federal porteña que incaute el libro de nacimientos del
Hospital Militar de Campo de Mayo. También le reclama que realice una
inspección personal y secuestre "toda documentación que obre en el
lugar y que sirva a la tutela del derecho a la verdad como lo manda el
derecho internacional de los derechos humanos".