|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algunos gremios estiman que esta pérdida redondea los 300 millones
de pesos. El titular de Infraestructura, Nicolás Gallo, está embarcado
en la misión de redactar un nuevo marco postal. Justamente, la misma
tarea que a mediados de la gestión menemista hizo estallar un feroz y público
enfrentamiento con el grupo Yabrán. Sólo que en esta ocasión, el
Gobierno parece transitar un terreno menos vidrioso, aunque igualmente
controvertido.
Enoch Aguiar, secretario de
Comunicaciones, justificó ante Página/12 la decisión de
recategorizar las prestadoras. "No es posible que una empresa que
transporta valiosos objetos que se comercian por Internet tenga, por
ejemplo, la misma responsabilidad que una mensajería con un puñado de
motos." Para hacer esa distinción se impondrán a las empresas
diferentes requisitos patrimoniales, así como la obligación de contratar
distintos seguros y la de pagar diferentes cánones.
La idea oficial surgió a
partir de la preocupación que plantearon ante el Gobierno tanto las
grandes empresas postales --incluido el Correo Argentino, concesionado al
grupo Macri-- como los propios gremios. Ambos denunciaron que la
desregulación habría permitido la proliferación de empresas que operan
íntegramente en negro y, por consiguiente, compiten en forma desleal. La
advertencia cayó en terreno fértil.
Hace apenas un par de semanas
el problema fue expuesto durante más de una hora por los dirigentes de la
Federación de Obreros y Empleados de Correos Privados (Foecop, opuesta a
la Foecyt) ante el secretario general de la Presidencia, Jorge de la Rúa.
El hermano del Presidente animó a los sindicalistas asegurándoles que el
Gobierno estaba estudiando el tema.
"Aún no constatamos la
existencia de empresas fuera de la ley, pero el dato es creíble. Por eso
vamos a fortalecer a la Comisión Nacional de Comunicaciones para que haga
los controles que corresponde. Cuando asumimos, encontramos en la CNC una
situación desastrosa, donde nadie
A principios de los '90, el
mercado postal estaba dominado por un puñado de grandes empresas privadas
(OCA, Andreani, SkyCab, etc.), cuya competencia, no siempre leal, tenía
en jaque al correo estatal. En gran medida, las prósperas compañías se
habían instalado gracias a una
En 1993, Cavallo decidió abrir
el mercado a la competencia impulsando el decreto 1187. Para favorecer la
incorporación de nuevos prestadores, la norma flexibilizó las
condiciones para poder operar en el mercado, limitándola prácticamente a
la de pagar aquel canon anual de 5000 pesos. Hasta
entonces, los courriers privados debían pagarle al Estado el equivalente
a una carta simple (en la actualidad, 75 centavos) por cada pieza
transportada, obligación impuesta por la ley 20.216 y modificada por la
22.005.
Sin computar la presunta evasión
que existía en el pago de esa tasa, Foecop sostiene que con este cambio
de reglas el Estado habría dejado de recaudar cerca de 300 millones de
pesos. Al margen de esta presunta mengua en los ingresos públicos, el
titular del gremio, Carlos Rossi, cuestionó ante Página/12 que
aquel decreto permitiera el surgimiento "de más de 400 correos
locales y regionales, sin respaldo ni confiabilidad, en general evasores
fiscales y previsionales cuya herramienta de competencia fue el menoscabo
del precio, a costa de servicios deficientes y la explotación de los
trabajadores".
Foecyt, el más poderoso
sindicato de la actividad liderado por el menemista Antonio Ramón
Baldassini, por ahora no hace públicas sus quejas por el tema.
|
