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Una encuesta sobre los sindicatos
Carlos A. Tomada
*.
 Se
acaba de dar a conocer una encuesta en la que surge claramente que los
trabajadores asalariados continúan privilegiando el papel del Sindicato
Nacional (solo o acompañado por otras instancias gremiales) en la
negociación colectiva. Esta opinión se expresa en el mismo momento en
que el gobierno está enfrascado en una reforma tendiente a debilitar el
papel de los gremios a nivel nacional en la negociación de los convenios.
Cualquiera podría suponer �siguiendo el discurso oficial� que la
negociación colectiva ha permanecido en los últimos años en la
Argentina cerradamente centralizada y de carácter nacional. Nada más
lejos de ello. Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo muestran que
en los últimos años casi el 90% de la negociación fue a nivel de
empresas o establecimientos. La mayoría de los estudios de investigación
exhiben el poder unilateral del empresariado (ya sean las firmas de
inversión extranjera directa o de capital nacional; grandes, medianas o
pequeñas) en la determinación de la organización del trabajo.
¿Cuál es entonces el objetivo de esta reforma laboral en materia de
acuerdos colectivos? ¿Cuál es el interés de suprimir el convenio
colectivo de actividad? ¿Para qué esta reforma del actual sistema de
negociación colectiva que hoy permite todas las alternativas? La encuesta
a la que hacíamos referencia expresa claramente que el 60% de encuestados
percibe una importante debilidad por parte de las comisiones internas o
sindicatos locales. ¿No será éste el objetivo último de la reforma,
debilitar aún más a quienes discuten con el empleador? Esta ofensiva
también la llevaron a cabo los empresarios y algunos académicos �neutrales�
en otras democracias y ahí no estaban los Cavalieri, los Moyano o los De
Gennaro. Es que la intención es profundizar el debilitamiento del papel
del sindicato (no de los �sindicalistas�).
A eso apunta la absoluta descentralización del convenio colectivo
(imaginemos una negociación en cada una de las empresas del país). Sólo
persigue el desamparo convencional de miles de trabajadores, la
competencia empresaria basada en la sistemática reducción de los costos
laborales y la fragmentación del poder sindical. De la encuesta surge
también que el 67% de los trabajadores prefiere la existencia de un piso
mínimo para la actividad en todo el país. En la Argentina, la mayoría
de los convenios colectivos se han ido convirtiendo en verdaderos pisos
(no techos), difícilmente susceptibles de ser negociados a la baja. Por
lo tanto, algunas empresas, comprendidas en un convenio de actividad o
rama, deseosas de negociar sus propios salarios o de adaptar su
organización del trabajo, pueden hacerlo mejorando los mínimos
establecidos en el nivel superior, mediante negociaciones a nivel de la
empresa, conforme a su característica tecnológica y sus posibilidades de
eficiencia y calidad.
Esto lo saben y comparten muchos miembros de la Alianza, pero
lamentablemente la posición oficial, apoyada en el ya público
asesoramiento de los principales técnicos empresarios, intenta no una
descentralización articulada de la negociación colectiva, como han
aceptado los sindicatos, sino la desaparición lisa y llana de todo
acuerdo que no sea el de empresa. Pero lo más curioso es que finalmente,
en el afán de imponer un modelo excluyente de negociación, no dudan en
recurrir a un hoy sorprendente intervencionismo gubernamental, a través
de un arbitraje obligatorio, sistemáticamente rechazado por la OIT.
* Consultor. Profesor Relaciones de Trabajo, UBA.
Desempleo y democratización
Claudio Lozano*.
La propuesta del Gobierno invita a discutir, por ejemplo, el plazo del
período de prueba. Sin embargo, en una economía con un 14 por ciento de
desocupación y 40 por ciento de trabajo clandestino, el período de
prueba puede extenderse tanto como el patrón requiera. Nos convoca
también a considerar la importancia de los convenios por empresa. Pero
desde 1996 el 80 por ciento de los convenios tuvo ese carácter. Además,
en nombre de la modernidad, impone abandonar la ultraactividad de los
vetustos convenios de 1975. La realidad indica que los trabajadores
supuestamente regulados por dichos convenios hace rato que han perdido
derechos y prerrogativas de esa época. Estamos discutiendo cuestiones
secundarias. La reforma aparece cooptada por la pregunta que gobernó el
debate laboral de la última década (¿flexibilización sí o no?).
Pregunta falaz que contribuye a ocultar la discusión de los problemas
fundamentales: Desempleo y democratización de las relaciones laborales.
Quienes quieren la flexibilización parecen suponer que ésta no rige en
la Argentina y, por tanto, su puesta en práctica tendría efectos
benéficos sobre el mercado laboral, en el fondo, sólo pretenden
otorgarle status legal a la práctica empresarial vigente, garantizando
así mayor presión sobre el mercado formal y una reducción del costo
laboral promedio. Quienes dicen que no, se aferran a un esquema que no ha
logrado frenar la debacle en materia de empleo y salario. En realidad,
sólo pretenden defender prerrogativas que hace rato han dejado de
pertenecer a los trabajadores para transformarse en claros beneficios
corporativos.
En este marco, el proyecto dice promover el empleo estable y de calidad,
fomentar la negociación colectiva y formalizar el trabajo. Pero al hablar
de empleo estable asocia esta cualidad con el simple carácter de empleo
en blanco haciendo caso omiso de las condiciones que éste exhiba. En
realidad, la decisión oficial de incrementar los costos del período de
prueba y reducir los correspondientes a la contratación formal,
manteniendo las bajas indemnizaciones que estableciera Erman González
para los nuevos trabajadores, define un nuevo modo de ingreso (más
flexible) a la planta formal con el objeto de blanquear la rotación
laboral vigente. En su prédica en favor de la negociación colectiva, el
proyecto hace abstracción de las condiciones que, en materia laboral y en
términos de garantías y legalidad para la organización de los
trabajadores, rigen en nuestro país. Es obvio que en ausencia de
disposiciones que alteren el cuadro vigente en ambos aspectos sólo
legaliza la práctica vigente de negociar a la baja los derechos de los
trabajadores. Más aún cuando se observa en el articulado del proyecto
una manifiesta vocación por privilegiar el nivel inferior de negociación
(empresa). Se dirá que es pronto para exigir soluciones al problema
ocupacional (no obstante, el silencio en la materia es preocupante) pero
no se entiende que un gobierno con vocación democrática siga
consolidando una arquitectura sindical que al mantener el monopolio de la
personería gremial cristaliza estructuras en muchos casos burocráticas y
propatronales. El proyecto no restituye a los trabajadores la capacidad de
elegir y construir sus propias organizaciones y deja vigente el riesgo de
despido para los que decidan organizarse de manera autónoma. Por último,
la decisión de formalizar el empleo se sostiene en una ambigua referencia
a la simplificación de los trámites de registro y en el mantenimiento de
una tendencia, propia de la última década, que acerca la denominada
formalidad a las características del empleo clandestino. Es decir,
eliminación de los costos fijos asociados con la contratación del
trabajador (aportes e indemnización) y transformación del asalariado en
un costo variable en cantidad y precio segun los vaivenes del ciclo
económico. La propuesta de una nueva rebaja de aportes manteniendo
losniveles indemnizatorios que estableciera Erman González es un paso
más en esta dirección.
* Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA.
Los �enemigos� de la modernidad
Hugo A. Moyano*.
No es que a los trabajadores y a sus organizaciones les sorprenda esta
situación de ser puestos en la posición de �enemigos� de la
modernidad o de pretendidos progresos, ya que ello ha ocurrido casi sin
excepciones con cada nuevo gobierno. Y aunque es posible admitir
diferencias en las razones por las cuales el poder de turno actuó de esa
manera, habrá coincidencia en que nunca nada bueno les pasó a los
trabajadores argentinos. En esta oportunidad quienes impulsan, lo
llamaremos corregir el error argentino o la definitiva puesta en su lugar
de la Argentina que debe adquirir todos los �beneficios� que poseen
los restantes países latinoamericanos en materia de legislación laboral
y estructura social, son como siempre un grupo de teóricos iluminados
decididos a aprovechar la oportunidad histórica de barrer con lo que
ellos bautizaron como �burocracia sindical�, y el grupo de vivos que
los utiliza para sacar provecho, satisfaciendo de este modo la necesidad
del modelo de mantener los salarios a la baja en forma permanente.
Muchos sectores de la clase media, que se han olvidado de qué manera y
cuándo comenzó la movilidad social del país, y que ellos son también
trabajadores, se sienten fuertes en esta oportunidad. Ello hasta que el
modelo los excluye con telegramas de despido, con contratos basura u
obteniendo la jubilación. La culpa no es de la gente: es nuestra culpa
como dirigencia sindical no haber podido expresarnos con unidad y seriedad
frente al fenómeno de precarización social de los últimos años.
Nuestros amigos de la Alianza, que nos reclamaban paros y barricadas
contra las sucesivas reformas laborales, alegremente nos enfrentan hoy con
un proyecto multiplicado con propósitos claros, ya que nadie después de
tantas reformas laborales fracasadas puede creer que con esta ley se crean
condiciones para producir empleo. Destruir los convenios colectivos de
actividad, en cuanto establecen mínimos sociales que no pueden ser
derogados por las partes, y debilitar la capacidad de negociación
colectiva de los sindicatos, atomizando la representación y la
negociación, producirá una fuerte caída en los niveles salariales.
Se sienten fuertes, porque a muchos políticos �que nunca son excluidos
del modelo aunque se rebajen los gastos reservados� de los diferentes
partidos políticos parece importarles un bledo la suerte social del país
y el futuro argentino, y porque pueden mentir con impunidad. En la
Argentina se viene negociando colectivamente en forma activa desde 1986.
En los últimos años incluso el Ministerio de Trabajo ha registrado u
homologado varios cientos de convenios colectivos aun de nivel de empresa,
siendo escasos los convenios que datan desde 1975 (a veces también
inmóviles por interés empresario), por lo que es evidente que nada tiene
que ver este proyecto con la modernidad y con impulsar la negociación
colectiva. La verdad es que a pesar de la caída concreta del nivel de
ingresos de los trabajadores argentinos, de la transferencia de recursos
del Estado a las emprsas (rebajas de aportes patronales), del aumento de
la productividad argentina, no sólo no ha disminuido el desempleo sino
que, por el contrario, ha aumentado junto con la pobreza y la marginación
social, temas que solapadamente los políticos ya eluden.
Parece que las cuestiones sociales han desaparecido de los temarios, tal
vez porque algunos dirigentes han descubierto que la pobreza va a quedarse
por mucho tiempo, tal vez porque ahora nos la proponen como un fin en sí
mismo del modelo económico que sostienen. Para que quede claro lo que
quieren hacer, pronto aparecerán nuevos proyectos contra la ley sindical
por ejemplo, y contra los dirigentes sindicales. No es que crea que la
dirigencia sindical es maravillosa: he sido siempre claro acerca de la
necesidad de una autocrítica. Pero no se confundan, la persecución no es
por lo malo que hacen los dirigentes, es por si pueden hacer algo mejor en
esta coyuntura tan especial.
Que no le digan a nadie que nos quedamos en el �45, es el Gobierno el
que nos propone una discusión de los años �30, ése es el perfil de
país que se delata y al que nos opondremos con todos los medios a nuestro
alcance.Si la reforma laboral se impone, paulatinamente se producirá una
caída general de salarios, que profundizará la exclusión social y la
pobreza, empeorarán las condiciones de trabajo. Tendremos leyes vacías
de contenido, no habrá modernidad, sino una simple y estúpida charada.
Hay dos condiciones para que un país progrese, primero un sistema
democrático consolidado, segundo una permanente voluntad de promover una
justa distribución del ingreso. La reforma laboral afecta las dos
premisas.
Asumo el compromiso de encabezar la CGT, con las convicciones de siempre,
y con la esperanza de lograr la reflexión de todos los sectores,
asegurándoles que no nos negaremos a ninguna instancia de diálogo, sino
que,, al contrario, propiciamos un escenario superador donde pueda
encontrarse el consenso, para luchar de veras contra la pobreza, para que
el sindicalismo pueda ser más útil a un modelo de país que ponga a la
igualdad de oportunidades, a la movilidad social, a la educación y a la
justicia como objetivos primordiales.
Nunca encabecé una medida de acción sindical, una huelga o cualquier
medida de acción directa en beneficio propio o de los dirigentes. Si
llega el caso del conflicto, que les quede claro a todos que el origen del
mismo no tiene que ver con el signo del Gobierno, ni con ningún interés
personal, sino con nuestras convicciones y con la defensa del futuro de
todas las familias trabajadores, para eso se crearon los sindicatos y eso
es lo que deben hacer los dirigentes sindicales.
* Secretario electo de la CGT.
El mercado laboral y la contrarreforma
Gustavo Caraballo *
Hace más de 25 años, como secretario técnico de Perón, me tocó
explicar a las distintas fuerzas políticas el contenido del Pacto Social.
Tuve reuniones con todos los partidos, y recibí comentarios y sugestiones
que me ocupaba de evaluar y transmitir. La única enfática demanda que
recibí de los sectores políticos más combativos (Partido Revolucionario
de los Trabajadores y otros del mismo espectro político) consistía en
habilitar negociaciones colectivas por empresa en vez de por actividad o
rama. Hablé con Rucci y con Otero (a la sazón, secretario de la CGT y
ministro de Trabajo) y rehusaron la propuesta, señalando que abriría una
estrategia foquista, utilizando algunas comisiones internas en poder de
elementos combativos para establecer negociaciones con la presión de
planes de lucha. Los empresarios consideraron entonces que en un cuadro de
pleno empleo y salarios razonablemente altos era peligroso para la
estabilidad admitir negociaciones por empresa. Veinticinco años después
vuelve la cuestión al resucitarse frustradas iniciativas del menemismo,
donde se permite la desconcentración de la negociación colectiva.
La medida apunta paradójicamente a una utopía de sentido contrario:
convertir a los sindicatos en escritorios dependientes de las oficinas de
personal de las empresas, y posibilitar una baja de salarios para aumentar
la competitividad argentina.
En un momento de amplio desequilibrio a favor de la oferta en el mercado
de trabajo, muchas empresas han concretado acuerdos de reducción de
salarios o aumento de la carga de trabajo. Este es el peor momento para
lanzar esta reforma que, como intenta revertir años de lucha y de
progreso social, debe calificarse como contrarreforma laboral, pues tiende
a atomizar la estructura sindical para ajustar costos laborales. Se
prefiere devaluar el trabajo, pero no alterar la política
macroeconómica, como se advierte por la reacción ante el planteo de
Moyano.
Otros dirigentes políticos alertaron sobre el peligro de mantener la
eternidad de la Convertibilidad. Raúl Alfonsín aludió a los grandes
problemas generados por el modelo: desnacionalización de la economía,
desigualdad social, liquidación de la industria. Terragno mencionó que
se trata de un respirador artificial que no puede subsistir para siempre
sin generar dependencias que impidan la recuperación plena. Pero la
novedad es que el sinceramiento parte del sector sindical, cuando
supuestamente una devaluación perjudica al trabajador. Este punto merece
por lo menos abrir una discusión para encontrar alternativas. Hay muchos
intereses en contra de una reforma macroeconómica: los que no quieren ver
disminuidos el valor de sus activos al presentar sus balances a sus casas
matrices, los acreedores financieros que saben que la devaluación de un
país endeudado en divisas hará más difícil el pago y puede acelerar
planteos políticos antes que las habituales negociaciones financieras,
los grandes endeudados en dólares para expandir sus negocios más allá
de lo que sus brazos pueden abarcar.
Frente a todos esos tabúes se prefiere hoy seguir la receta de los
organismos financieros y generar mecanismos para devaluar el trabajo. Si
damos nuestra conformidad a libro cerrado a la iniciativa oficial, la
tercera vía que pretendíamos construir desde la Alianza estará
francamente en retirada y se habrá consolidado el modelo cuyo cambio
pretendíamos.
* Abogado. Ex secretario técnico durante la presidencia de Juan
Perón, ex director de Bunge y Born, ex director de la Fundación
Carlos Auyero.
Protección y libertad
Adrián O. Goldin *
El sistema productivo se transforma de modo constante y se torna cada vez
más heterogéneo. Cambia la base tecnológica de los procesos, cambia la
forma de organizar el trabajo, cambia el modo en que se ordena la
producción. En ese marco, no hay manera más eficaz para desbaratar el
sistema de protección de los trabajadores que hacer �como si� esas
transformaciones no ocurrieran. Sólo la negociación colectiva, que pone
en equilibrio los reclamos simultáneos de eficiencia y equidad, puede
impulsar el ineludible proceso de adecuación constante por el �camino
alto�, ese que se expresa en prácticas laborales modernas que al mismo
tiempo que habilitan altos niveles de eficacia productiva se apoyan en
condiciones de trabajo socialmente satisfactorias.
Precisamente por ello, es necesario recuperar la negociación colectiva,
hoy colapsada en la Argentina. A mi juicio, reformar el marco jurídico es
una condición necesaria para desencadenar ese proceso aunque, por cierto,
no suficiente. Cuando de la autonomía se trata, nada ha de cambiar si los
propios actores no están dispuestos a protagonizar ese cambio.
Quién puede negociar
En la propuesta oficial el único sujeto que puede negociar en
representación de los trabajadores es el sindicato con personería
gremial, en cualquiera de sus grados o formas (sindicato de primer grado,
unión, federación, confederación). No lo puede hacer una seccional ni
un grupo desindicalizado, ni siquiera la propia comisión interna. Esta
es, en el contexto del régimen sindical argentino, la única solución
compatible con los principios de la libertad sindical y, en especial, con
los de los convenios 87 y 98 de la OIT. No es, sin embargo, la que está
hoy vigente, ya que la ley 25.013 (la denominada ley �Erman�) despojó
a los sindicatos de primer grado de esas atribuciones a favor de las �entidades
de grado superior�. Es precisamente por ello que la Comisión de
Expertos de la OIT declaró hace unas pocas semanas, refiriéndose a esa
ley, que �...la legislación no debería establecer cuál debe ser el
grado de la organización de trabajadores que tiene el poder para
negociar...� por lo que �...la Comisión solicita al Gobierno que tome
medidas para modificar la legislación en este sentido...� No está de
más agregar que el único antecedente legal de esa disposición es la ley
22.105 sancionada en 1979 por la dictadura militar.
Claro está que no hay inconvenientes en que el sindicato delegue
voluntariamente sus atribuciones en una federación, o que esta última
apoye u oriente a aquél en la negociación. Obviamente, si el sindicato
de primer grado rechazara esa asistencia, habría que pensar que lo que
hay es un problema de representatividad de la dirigencia.
El nivel de la negociación
En cuanto al nivel de negociación, el proyecto oficial habilita la
posibilidad de negociar en cualquiera de ellos (la actividad, el sector
económico, la región o provincia, la empresa o grupo de empresas, etc.),
y determina que han de ser las partes las que lo elijan de común acuerdo
en ejercicio irrestricto de su autonomía (así lo exigen los organismos
de control de la OIT). Los conflictos relativos al nivel en que se ha de
negociar no deben resolverse mediante estrategias de intervencionismo
centralizador (como los de la ley �Erman�) o descentralizador (como
los que se procuró imponer por decreto en etapas anteriores de la misma
gestión de gobierno), sino mediante el uso de los modos no compulsivos de
solución de conflictos.
Una pregunta
¿Pueden disposiciones como ésas, que no expresan otra cosa que el
acatamiento de los convenios internacionales y de los principios de la
libertad, marcarle un rumbo regresivo al futuro de la negociación
colectiva? En verdad, no lo creo; mal estaríamos si en la Argentina
debiéramos cuidarnos de cumplir con lo que es debido. Por otra parte, no
hay mayor �atomización� ni mayor degradación de las condiciones de
trabajo que la que deriva de dejar a los trabajadores expuestos a la
negociación individual y al imperio de la unilateralidad. Eso es lo que
está pasando y no deja de ser malo sólo porque en eso el sindicato no
necesite comprometerse con su firma.
* Ex subsecretario de Trabajo de Raúl Alfonsín y asesor de Eduardo
Angeloz.
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