La cámara oculta llega a juicio oral y público

Hoy comienza el juicio contra una comisaria filmada sin saberlo mientras pedía coimas. El tribunal deberá resolver si la cámara oculta sirve como prueba.

 La discusión sobre la legalidad de la cámara oculta llega finalmente a juicio. Mañana comenzará en el Tribunal en lo Criminal y Correccional II de San Martín el juicio oral y público contra una ex comisaria, un oficial de la policía de El Palomar y un empleado municipal de ese partido que a fines de 1998 fueron filmados sin saberlo por un vendedor de panchos cuando le exigían dinero para no hacer procedimientos en forma compulsiva en su local que pudieran ahuyentarle clientes. Además de dirimir las responsabilidades de los acusados, el juicio permitirá establecer si las cámaras ocultas no autorizadas previamente por la Justicia tienen valor de prueba.

  En diciembre de 1998, Canal 13 difundió un video que mostraba distintos momentos en los que la comisaria Graciela Iglesias, titular de la Seccional 7ª de Tres de Febrero, el oficial Teodoro Tito y el inspector de la Municipalidad de ese partido, Daniel Burgos, presuntamente le pedían una coima a Martín Rocha, dueño del local de venta de panchos La Iguana para no clausurarle el comercio. Burgos fue detenido el 3 de diciembre de 1998 en el interior mismo del local adonde había ido a encontrarse con el dueño para supuestamente cobrarle una parte de los 500 pesos convenidos para no cerrarle la panchería. El negocio ya había sido clausurado en otras ocasiones bajo el argumento de que vendía bebidas alcohólicas a menores. Dos horas más tarde fueron detenidos Iglesias y Tito en la comisaría de El Palomar.

  Una semana más tarde, y luego de ser amenazado de muerte en reiteradas ocasiones, el panchero se convirtió en el segundo testigo protegido por el Estado bonaerense, cuando la Procuración de la Corte provincial lo incluyó en el programa de protección. Rocha, junto a su mujer y sus dos hijos, fueron trasladados a una localidad de la provincia de Buenos Aires distanciada de su antigua residencia.

  Durante la gestión de Iglesias al frente de la comisaría de El Palomar, los vecinos de Ciudad Jardín levantaron una "carpa negra de la inseguridad" en la plaza principal del barrio, justo frente a la panchería La Iguana, para protestar por la reiteración de hechos delictivos en la zona. Hoy, cuando comience el juicio, los vecinos realizarán una quema simbólica de la carpa que marcó la trayectoria de los funcionarios juzgados.

  La ex comisaria permanece alojada en sede policial, mientras que los otros dos acusados cumplen con la prisión preventiva en su domicilio, donde son monitoreados mediante un sistema electrónico. Los tres están procesados por extorsión, un delito no excarcelable que prevé penas de 5 a 10 años de prisión, aunque durante el juicio podrían ser acusados sólo de haber cometido exacciones ilegales, un delito con penas inferiores a los 6 años de prisión.

  En la filmación que determinó las detenciones se puede ver al oficial Tito cuando le sugiere amenazante al panchero que "colabore" porque si no "lo van a partir como a un queso". En otra parte, la comisaria Iglesias le dice en su despacho al comerciante que se maneje tranquilo con Tito, ya que "él es mis ojos. Total confianza". En su momento, la Justicia consideró que las grabaciones y las declaraciones eran elementos de prueba suficientes como para ordenar las detenciones. En cambio, los abogados de los acusados pidieron que se invalidara la prueba fílmica presentada debido a que las tomas fueron realizadas sin orden judicial y fueron aportadas por el canal a la Justicia.

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