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Página
12 Por
Marcelo Justo
"El argumento del gobierno
belga es simple. Gran Bretaña tiene obligaciones internacionales de
cooperación judicial para casos de extradición. Estas obligaciones se
fundamentan en los convenios de Extradición y de Asistencia Judicial
Mutua europea, y en la Convención Internacional contra la Tortura. Bélgica
solicitó en tres ocasiones (15/12/98, 15/6/99 y 11/11/99) a Gran Bretaña
la extradición del general. Ni apoya ni se opone a la decisión
"preliminar" de Straw. Pero tiene una sola manera de saber si
está de acuerdo: examinando los informes médicos.
"Necesitamos saber qué
tests se le hicieron, cómo se los
En un tenor semejante se expresó
en la última hora de la audiencia de ayer Richard Drabble, abogado de
Amnistía Internacional; Human Rights Watch, Redress, Justicia, la
Asociación de Familiares de los Desaparecidos y la Fundación Médica
para el Tratamiento de las Víctimas de la Tortura. "Es sorprendente
que se tome una decisión de esta naturaleza sin que la prueba principal,
el examen médico, sea sometido al análisis de una corte, sea en Gran
Bretaña, España, o Bélgica", indicó Drabble. Reiterando el
argumento del abogado del gobierno belga, Drabble insistió en que la
decisión de Straw estaba motivada políticamente.
Los tres jueces preguntaron en
más de una oportunidad si había precedentes jurídicos a la decisión de
suspender un proceso criminal por razones de salud. El lunes de la semana
pasada, el fallo de primera instancia del juez Maurice Kray dictaminó que
el ministro del Interior británico actuaba en el marco de la ley porque
estaba haciendo uso de las amplias atribuciones
"cuasijudiciales" que le otorga el derecho británico en casos
de extradición. En la presente apelación, los jueces no parecen tan
convencidos. "La cuestión es si es justo no revelar el informe médico.
Dado que no hay precedentes, parecería que nosotros mismos tendremos que
decidirlo", admitió el presidente de la Corte, Lord Justice Simon
Brown.
Se calcula que hoy terminarán
su alegato las organizaciones de derechos humanos y los abogados del
Ministerio del Interior, y que los tres jueces darán a conocer su
veredicto el lunes próximo. Si se pronuncian a favor del ministro, el
caso vuelve a Jack Straw que anunciaría un día después su decisión
definitiva de suspender la extradición, y Pinochet podría irse a Chile.
Si lo hacen en contra, Straw se vería obligado a revelar los informes.
Pero existe una tercera posibilidad. Los jueces pueden concederle la razón
al ministro del Interior y, al mismo tiempo, admitir que hay un
"point of law" (un aspecto de la ley británica) que no está
claramente definido. De ser así, el caso podría pasar a la Cámara de
los Lores. La última vez que tres jueces de la Alta Corte de Justicia
decidieron que había un "point of law" que resolver fue el 28
de octubre de 1988: el caso Pinochet inició una odisea legal en la máxima
instancia judicial británica que sólo terminó el 24 de marzo pasado con
el fallo que le negó inmunidad como ex jefe de estado. HABLA
JEREMY CORBYN, ALA IZQUIERDA DE LOS LABORISTAS Por
M. J.
--¿Cree que detrás de la decisión del ministro del Interior Jack
Straw hay un oscuro acuerdo político para liberar a Pinochet? --Straw
fue víctima de una maniobra que lo llevó a aceptar la idea de la
confidencialidad del informe médico de Pinochet. Lo perturbador es que le
pidieran a Pinochet primero que se sometiera al examen médico y después
le regalaran la confidencialidad del informe. Este es la base legal para
impugnarlo.
--Pero el gobierno de España aduce que no apela, porque la
decisión de Straw no es judicial sino política.
--España tomó una decisión desafortunada. En cambio, Bélgica
--que ha solicitado la extradición-- ha decidido apelar. Lo importante es
demostrar ahora que Bélgica tiene tanto derecho a apelar como España. --Pero la sospecha es que Straw adoptó su decisión
"preliminar" ante el peligro político y diplomático de que
Pinochet se muriera acá.
--Si temen por su salud deberían estar de acuerdo en dar a conocer
el informe médico de Pinochet. Me parece perverso que el acusado pueda
fijar condiciones sobre el informe médico que decidirá si se lo
extradita o no. Es injustificable que no lo puedan ver los países que
solicitaron la extradición o los grupos de derechos humanos.
--Pero si Pinochet falleciera acá, algo posible en una persona de
84 años, ¿no podría convertirse en un mártir nacional chileno?
--No lo veo posible. Esta larga detención ha servido muchísimo a
la causa de los derechos humanos en Chile. Su arresto en 1998 ha
posibilitado esta semijusticia que vivimos ahora.
--En Senegal se arrestó en enero al ex presidente del Chad Hissene
Habre. Y ahora está el caso del coronel Tharcisse Muvunyl, acusado de
genocidio en Ruanda y detenido este domingo en Londres. --En efecto. Creo que el caso Pinochet ha abierto un nuevo camino en el campo de los derechos humanos. Estamos acercándonos cada vez más a la formación de un tribunal internacional que, con suerte, entrará pronto en funcionamiento. Y no tenemos que olvidar que ya hubo un dictamen crucial, en la Cámara de los Lores que le negó a Pinochet inmunidad diplomática como ex jefe de estado. Es decir, la máxima instancia judicial del país determinó que no hay inmunidad de ningún tipo para alguien acusado de tortura o de violaciones a los derechos humanos.
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