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Las
conversaciones se habían iniciado el lunes por la noche entre el ministro
de Trabajo, Alberto Flamarique, y su asesor Eduardo de la Rúa, con el
abogado laboralista Lucio Garzón Maceda. El primo del Presidente y el
laboralista vinculado al jefe de prensa de la CGT, Carlos West Ocampo,
volvieron a conversar ayer por la mañana para evaluar un borrador con los
ejes del acuerdo.
Simultáneamente,
los sindicalistas y los diputados del PJ y la Alianza, que se cruzaron en
la Comisión de Legislación Laboral, avanzaron en el mismo sentido. Las
negociaciones se realizaron durante los pequeños intervalos que hubo en
las casi siete horas de exposición de las posturas de la CGT y el
Gobierno ante la comisión.
El trazo grueso del
acuerdo contempla los siguientes puntos:
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El período de prueba de un trabajador, que actualmente es de un mes, no
será extendido a seis meses, como originalmente contemplaba el proyecto
oficial, sino a sólo tres meses.
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Los representantes del sindicato nacional estarán facultados para
participar junto a los representantes del sindicato local o los delegados
de empresas en las negociaciones de un convenio inferior (por ejemplo en
un convenio por empresa). En el proyecto original se establecía que un
acuerdo inferior no siempre debía ser rubricado por el sindicato madre.
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De haber diferencias entre la postura de los representantes del sindicato
nacional y del local, prima la de estos últimos.
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Los convenios colectivos tendrán vigencia indefinida (cláusula que se
conoce como ultraactividad) si ninguna de las partes denuncia su
vencimiento. Si esto sucede, desde el mismo momento tendrán dos años
para renovarlo. El texto original daba dos años desde el día del
vencimiento del convenio, más allá de la voluntad de los actores de
renovarlo o no.
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Si al concluir esos dos años de negociación no hay acuerdo, podrán
solicitar voluntariamente un mediador. Antes el arbitraje era impuesto por
el ministerio en forma obligatoria. Aún no hay acuerdo sobre qué sucederá
si los actores (empresarios y sindicatos) prescinden de mediador. En el
Ministerio de Trabajo aseguran que el viejo convenio cae y los
trabajadores se tendrán que atener a la Ley de Trabajo, cuyo piso siempre
es inferior al de cualquier convenio. Contrariamente, en la CGT aseguran
que si no hay acuerdo se mantiene el viejo convenio (o sea, se aplica la
ultraactividad).
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Será la Nación la única instancia que constituya la comisión
negociadora. El texto original daba a las provincias esa potestad.
Aun
con todos estos cambios, algunos representantes sindicales cuestionaban
duramente algunos aspectos de la normativa oficial que no sufrieron la más
mínima modificación. En especial, aquel que autoriza a que un acuerdo de
ámbito inferior (por empresa) prevalezca por sobre otro de ámbito
superior (por actividad).
De
todos modos, tanto en el Gobierno como en la conducción de la CGT se
mostraron ayer entusiasmados con los avances y hasta se animaron a decir
que sólo faltaba formalizar el acuerdo. Sin embargo, dentro de las filas
sindicales no todo era festejo. En el combativo Movimiento de los
Trabajadores Argentinos, que conduce el camionero Hugo Moyano, aseguraban
que todavía "falta mucho" por conversar y señalaban a Rodolfo
Daer y los "gordos" --el sector que actualmente maneja la CGT--
como los impulsores de las negociaciones "inconsultas".
Es,
justamente, el MTA el que hasta hace horas promovía protestas callejeras
contra la reforma laboral en contraposición a la postura de la jefatura
cegetista, que hizo primar la instancia negociadora.
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