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Un defensor del arresto de Pinochet en Cancillería

Rodríguez Giavarini designó a Leandro Despouy como encargado de  derechos humanos. El nuevo funcionario defiende la posibilidad de juzgar crímenes como la tortura en cualquier lugar del mundo.


Por Martín Granovsky
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Un entusiasta defensor del juicio contra Augusto Pinochet es el nuevo encargado de derechos humanos de la Cancillería. Adalberto Rodríguez Giavarini designó en el cargo a Leandro Despouy, un abogado que debió exiliarse antes del golpe de 1976, por amenazas de la Triple A.

  El puesto exacto de Despouy suena un tanto pomposo: "Representante especial para derechos humanos en el ámbito internacional". El especialista tendrá, además, rango de embajador. Leídas al mismo tiempo, las dos cosas significan que Despouy tendrá relación directa con Rodríguez Giavarini y que podrá participar de negociaciones internacionales con el nivel más alto posible en la diplomacia.

  En rigor, será su segundo turno en la Cancillería. En tiempos del gobierno de Raúl Alfonsín el nuevo funcionario, un puntano de 53 años, fue director de Derechos Humanos, después de Horacio Ravenna, justo en la etapa en que la Argentina adhirió al Pacto de San José de Costa Rica y la Justicia civil condenó a los miembros de las tres primeras juntas de la dictadura. Despouy colaboró entonces en el armado internacional del juicio de 1985. Contactó a testigos como la ex directora de Derechos Humanos de James Carter, Patricia Derian, y el experto holandés Theo van Boven. Antes logró convencer al ministro del Interior Antonio Troccoli de que cediera fondos reservados para colaborar con los viajes pese a la irritación de los servicios de inteligencia.

  Para Despouy, el trabajo en la Cancillería fue simultáneo con el regreso a la Argentina. Había tenido que huir cuando arreciaron las amenazas por su trabajo de defensor de presos políticos, especialmente los chilenos que tuvieron la mala fortuna de elegir la Argentina de José López Rega para librarse del Chile de Augusto Pinochet.

  Cuando en 1997 Pinochet fue arrestado en Londres, Despouy no sólo se alegró en términos personales. También ofreció argumentos jurídicos a favor de la detención. Página/12 recogió algunos de ellos:

  * "Las convenciones internacionales de derechos humanos no amparan el colonialismo: le ponen freno".

  * "El fallo de los lores tiene un precedente en las actas de Nuremberg contra los criminales de guerra nazis".

  * "Si alguien ordena aplicar sistemáticamente la tortura mientras está en el poder, es inadmisible que cuando lo deje se beneficie con la inmunidad sólo por haber sido funcionario".

  * "Los conservadores argentinos podrán hacer un curso de derecho internacional con los lores británicos".

  * "Pinochet torturó, mató y masacró gente en su país y fuera de su país. En Chile, en Estados Unidos con el asesinato de Orlando Letelier y en la Argentina con el homicidio de Carlos Prats".

  * "Hoy el individuo puede llevar a su propio gobierno a una instancia internacional, el individuo es sujeto".

  * "Temor sólo deben sentir los dictadores".

  De buena relación con los organismos de derechos humanos --integra uno: la Asamblea Permanente--, Despouy asesoró al candidato Fernando de la Rúa cuando éste criticó que el gobierno de Carlos Menem no enviara a un juez el pedido de extradición de Lino Oviedo.

  Su agenda, ahora, será la menos apacible de la Cancillería, con excepción de los negociadores con Brasil.

  La Justicia aún debe contestar el pedido del juez Baltasar Garzón de que la Argentina envíe represores para ser procesados en España. Despouy deberá frenar la tentación de otros funcionarios del Ejecutivo que quieren una solución política, es decir un freno puesto por De la Rúa.

  Si Pinochet sigue en Londres, tendrá que oponerse a los que quieran solidarizarse con los reclamos del gobierno chileno.

  La situación de los presos por el copamiento de La Tablada puede  transformarse en un conflicto internacional si el Gobierno no acelera el tratamiento de los reclamos de la OEA, un área sensible: el mismo Despouy acaba de viajar a Costa Rica para discutir el mejoramiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.  

 

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