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En
el escrito firmado ayer por los camaristas Eduardo Luraschi, Martín
Irurzun y Luisa Riva Aramayo, se recuerda que el 12 de mayo del año
pasado la Cámara dispuso una medida de no innovar para impedir que se
destruyan los documentos archivados en el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas correspondientes al período 1973-1983. Y que una semana después
se amplió la resolución para que alcanzara a los registros de todas las
dependencias del Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Estas determinaciones también se dictaron en base a una solicitud
de Oliveira.
Ante el hallazgo del libro de
registros de nacimientos del hospital de Campo de Mayo --donde funcionó
una maternidad clandestina--, la defensora del Pueblo pidió que se
recuerde la decisión tomada por el tribunal el año pasado y que se
puntualice que ésta alcanza a la nueva documentación encontrada.
El libro en cuestión fue
recuperado a principios de diciembre durante una inspección al hospital
militar realizada por los investigadores de la causa en la que se intenta
recuperar los cuerpos de los líderes del Ejército Revolucionario del
Pueblo, Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga.
La Cámara porteña, uno de los tribunales que tiene a su cargo
investigaciones sobre el destino de los desaparecidos, tomó rápidamente
en cuenta el reclamo de Oliveira. Los magistrados solicitaron que Bustos
informara sobre la diligencia en la que se secuestró el libro y
dispuso pedirle al juez de San Martín que preserve todo el material del
archivo del Hospital Militar de Campo de Mayo, "tarea para la cual
--se afirma en el escrito-- esta Cámara pondrá, en caso de ser
necesario, todos los recursos con que cuenta".
A principios de diciembre, los
funcionarios y abogados de la causa Santucho se presentaron en el hospital
de Campo de Mayo para constatar si existían registros del paso del líder
del ERP por el lugar. En esa oportunidad, los empleados exhibieron una
orden de incineración de los libros de registros de la época de la
dictadura fechada en 1994. Sin embargo, los investigadores pudieron
rescatar el libro de nacimientos. Y éste podría no ser el único
documento que se salvó de la quema. Oliveira informó en su solicitud que
"durante el procedimiento se advirtió que en el archivo del Hospital
Militar de Campo de Mayo se encontraba abundante documentación
correspondiente a los años 1976-1983 que no había sido incinerada".
Por ese motivo pidió la protección de todos los registros del hospital. El libro de nacimientos está siendo analizado por expertos para saber si de allí pueden surgir pruebas sobre los partos clandestinos ocurridos durante la dictadura. Las Abuelas de Plaza de Mayo y el juez federal Adolfo Bagnasco --quien investiga la existencia del plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos-- ya tuvieron acceso al registro. El documento además fue requerido por el fiscal de San Martín Jorge Claudio Sica, quien reclamó que la secretaria del juzgado de Bustos, Martina Forns, se presente para declarar ante él bajo la amenaza de "ser conducida por la fuerza pública". Las Abuelas denunciaron entonces que Sica pretendía apoderarse del libro y los diputados Jorge Rivas y Alfredo Bravo pidieron que la Cámara de Diputados preguntara al procurador Nicolás Becerra si el fiscal Sica actuó bien cuando intimó a Forns.
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