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 Las empresas le
reclaman al Gobierno un mayor control del contrabando, pero éste les
advirtió que serán corresponsables cuando se detecte sobrefacturación
de exportaciones. La intensificación de los controles fronterizos para
combatir el tráfico ilegal de mercancías y el saldo trágico registrado
el fin de semana con la muerte de un gendarme intensificaron tanto
reclamos sectoriales como reuniones en el primer nivel de gobierno para
combatir el problema.
La tabacalera Massalin
Particulares, subsidiaria de la estadounidense Philip Morris, alzó
nuevamente su voz para quejarse por la competencia desleal de la mercancía
ingresada ilegalmente. El vicepresidente de la firma, Jorge Vives, informó
que "hace una década, el contrabando alcanzaba apenas al uno por
ciento del mercado de consumo, hoy llega al 12 por ciento, lo que
representa un volumen comercial ilegal de 310 millones de dólares anuales
y un perjuicio para el erario, por impuestos no ingresados, de 230
millones", afirmó. Vives agregó que, si bien el Gobierno "tomó
la decisión política de terminar con este flagelo", con ello no
alcanza. "Hay que tomar medidas concretas, por ejemplo, que este
delito sea sancionado por la Ley Penal Tributaria, como cualquier caso de
evasión impositiva", agregó.
Entre tanto, ayer se conoció
la demora, en al menos 48 horas, del envío al Congreso del proyecto de
ley antievasión. El ministro de Economía, José Luis Machinea, declaró
que el retraso se debió al pedido presidencial para cambiar algunos
aspectos del articulado, entre ellos, la clarificación de cuestiones
vinculadas con el transporte de cigarrillos y combustibles. Según
Machinea, la reformulación de estos artículos significará que
"tanto las empresas de cigarrillos como las de combustibles van a ser
corresponsables cuando descubramos un camión o un barco que tenga
productos destinados a la exportación y que ese producto no salga
verdaderamente del país".
Un ejemplo de este tipo de
situación lo constituye la reciente detección en la frontera con
Paraguay de un camión de combustibles de la firma Esso, procedente de la
localidad de San Lorenzo, en el que, al ser requisado por la gendarmería,
se encontró agua en vez de la nafta declarada. Estas maniobras permiten
reclamar luego un reintegro sobre la mercadería supuestamente exportada.
El objetivo es que la ley antievasión permita, en circunstancias como ésta,
aplicar una sanción económica equivalente a cinco veces el importe
eximido o reintegrado.
El ministro del Interior,
Federico Storani, informó días atrás que el Gobierno creará una
"comunidad informativa" entre los distintos organismos a quienes
les corresponde ocuparse del tema contrabando, entre ellos, la Secretaría
de Seguridad del Ministerio del Interior, la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana, la DGI, la Secretaría de
Inteligencia (SIDE) y las distintas fuerzas de seguridad. El proyecto de
integración interfuerzas para combatir el contrabando será tratado hoy
con el presidente de la Nación, Fernando de la Rúa.
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