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La Secretaría de Comunicaciones aceptó renegociar las condiciones de la privatización. El concesionario tiene una deuda de 100 millones por el canon impago.
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"Por ahora la negociación
va bien. Así que prefiero no dar detalles
sobre nuestros planteos", confió ante Página/12 Jorge
Aguado, presidente de la empresa privatizada. Pero pocos meses atrás, el
mismo directivo firmó una solicitada detallando algunas de las
pretensiones privadas que hoy siguen teniendo vigencia, tal como confirmó
ante este diario el secretario de Comunicaciones, Enoch Aguiar.
En ese momento, setiembre del año
pasado, el Gobierno llegó a redactar un decreto concediéndole a la firma
privatizada casi todo lo que estaba reclamando. Pero la presión de sus
grandes competidores, fundamentalmente de OCA --que acudió a la
Justicia--, impidió seguir adelante con una norma que hubiera modificado
las condiciones de la licitación. Ahora los aliancistas parecen
dispuestos a reintentar varios de esos retoques bloqueados por vía
judicial, que entrañan cambiar de cuajo pautas previstas en el momento de
la licitación y, por lo tanto, conocidas a la perfección por los
oferentes.
Uno de los reclamos de la
empresa es que se le permita modificar drásticamente las condiciones de
contratación del personal convencionado, aunque éste es sólo un
proporción minoritaria de su grilla. El argumento es que los costos
laborales de la ex empresa pública son muy superiores a los que enfrenta
cualquiera de sus competidores.
Otra aspiración consiste en
compensar su millonaria deuda de canon (debería, por lo menos, los dos últimos
semestres íntegros, 103 millones de pesos) con otros compromisos
adeudados por el Estado por algunas prestaciones impagas. Al margen de que
es necesario auditar la validez de estos reclamos, el pliego licitatorio
prevé que a los treinta días de mora en el pago de aquella obligación,
el contrato de concesión podría darse por caído.
Finalmente, la gestión privada
del correo también aspira a que se le reconozca la exclusividad de
algunas prestaciones, especie de garantía de que tendrá un negocio
cautivo. Por ejemplo, que todas las dependencias públicas sólo contratarán
su servicio, a semejanza de lo que alguna vez ocurrió con el correo
estatal. O bien, que cierto tipo de comunicaciones (por ejemplo las
fehacientes, como cartas documento) sólo puedan cursarse a través de la
empresa.
Tal vez ésta es la pretensión
que puso al Gobierno en un brete mayor. "No corresponde mantener una
concesión que, en los hechos, resulte económicamente inviable. Pero
tampoco podemos cambiar las condiciones, corriendo el riesgo de que se
vulneren los derechos de otros oferentes que participaron en la licitación",
duda Aguiar.
Una de las primeras decisiones
administrativas del secretario de Comunicaciones fue dejar sin efecto una
resolución firmada por la gestión anterior, que otorgaba al Correo
Argentino la facultad de conceder los dominios de Internet. Pero la
supresión de ese beneficio no significa que el secretario se resista a
negociar con la dupla Macri-Galicia una revisión contractual,
necesariamente traumática.
"Vamos a constituir un
grupo de trabajo para esto", promete el funcionario. Pero, por ahora,
el clima es de calma. En ningún despacho oficial se prevé, siquiera,
cursar una intimación que recuerde al concesionario la posibilidad de
darle por caído el contrato a raíz de sus incumplimientos.
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