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En rigor, no sería éste el único
motivo de controversia entre la sociedad adjudicataria y el Gobierno. AA
2000 tampoco pagó íntegramente las dos últimas cuotas correspondientes
al canon de concesión, compromiso de unos 171 millones de pesos anuales.
Según detalla el propio grupo,
al efectivizar la penúltima cuota semestral la empresa habría depositado
30 millones de pesos en una cuenta en Nueva York a favor del ente de
control, que sólo liberarían en caso de que el Gobierno atienda algunas
de sus demandas. Al cancelar la última cuota, habría descontado
unilateralmente otros 23 millones con idéntico propósito: que el Estado
reconozca una presunta deuda a su favor, por no haber liberado algunos
espacios a tiempo o por no haberle entregado en fecha todas las estaciones
comprometidas. O por su decisión de avanzar en obras no comprometidas
contractualmente.
Por ahora, el ministro de
Infraestructura, Nicolás Gallo, se comprometió a estudiar el tema con
miras a hacer un "clearing". El funcionario sostuvo ayer que no
quiere "entrar en conjeturas de lo que se dice o no sobre un negocio
privado". "Si se modificó lo pautado en su momento, se analizará
si ese cambio atenta contra la esencia del contrato", aseguró el
funcionario, en alusión a los posibles cambios en la conformación del
grupo.
Gallo instruyó al titular del
Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Eduardo Sgüiglia,
para que le requiera al concesionario información oficial sobre algún
presunto cambio accionario, ya que, por el momento "no nos han
informado nada". Eurnekian, por su parte, aseguró ayer que
"cuando el Gobierno requiera información, le será entregada". Las declaraciones oficiales tuvieron como punto de partida la reciente solicitada del titular del consorcio, en la que él acusó a los italianos de SEA de haber filtrado a la prensa información falsa sobre la situación del grupo y de haber boicoteado contrataciones de AA 2000 a empresas locales, con el propósito de imponer sus propios proveedores, atados a créditos italianos.
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