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El debate, prólogo de la
decisiva sesión de mañana de la Cámara de Diputados en la que se
discutirá formalmente el proyecto para endurecer las condiciones de
excarcelación para los detenidos y propone el regreso de los
interrogatorios policiales, tuvo algunos pasajes donde la discusión
transcurrió por carriles académicos. El juez del Tribunal de Casación
bonaerense, Benjamín Sallargues, criticó duramente el proyecto Ruckauf,
al que consideró "un grave retroceso" en el sistema de
enjuiciamiento penal porque "las mayores atribuciones a la policía
son a expensas de las menores atribuciones a los fiscales".
El gran ausente fue el ministro
de Seguridad, Aldo Rico, quien, remontando su fama de hombre malo, mostró
cierto sentido del humor. En una nota enviada al presidente de la Cámara
de Diputados, el radical Francisco Ferro, el ex carapintada dijo que se
abstenía de asistir "por temor a incurrir en un acto de
inestabilidad emocional que usted me atribuye", aludiendo a las críticas
recibidas por su mal genio.
El que estuvo fue el subcomisario Luis Patti, muy aplaudido --y
hasta vivado-- por los peronistas. El ex policía provocó escozor cuando
habló en favor de los interrogatorios policiales. Justo él, varias veces
acusado de torturas. "La policía debe tener la facultad de
interrogar porque si ella no consigue las pruebas, los delitos van a
seguir impunes", aseguró Patti demostrando que sabía de lo que
estaba hablando. Luego defendió a la policía sospechada. "Creen que
se corrompió sola, sin participación de políticos y jueces", apuntó
sembrando interrogantes no deseados.
El ministro de Justicia, Jorge
Casanovas, a pesar del clima de guerra, se jugó a un acuerdo con el
radicalismo al insinuar que, tal vez, "todos estamos de acuerdo (con
el proyecto) y no nos dimos cuenta". Defendió la propuesta del
oficialismo como fórmula para frenar "el notorio incremento del
delito y de los métodos cada vez más perversos". Sobre la limitación
de las excarcelaciones, sostuvo: "No es para castigo de los
delincuentes sino para la seguridad de los ciudadanos". Mañana,
Casanovas tendrá un encuentro con el presidente Fernando de la Rúa y no
se descartaba que intentara lograr un acercamiento sobre el tema
seguridad.
Poco después, en un breve discurso, Otacehé le puso pimienta a la
audiencia pública. Arrancó diciendo que "no toda la culpa es de la
policía" y motivó coros en la tribuna adicta: "Hay que matar a
los ladrones por la espalda", gritó uno de los chicos de Merlo. En
medio de aplausos y vítores de la barra, se escuchó la solitaria voz de
Rosa Schonfeld, la mamá de Miguel Bru, víctima de la Bonaerense: "¿Y
qué hacemos con los policías que nos matan a los jóvenes?".
Otacehé, impulsado por las
ovaciones que bajaban de las gradas hasta cuando hacía un ademán,
sostuvo que los políticos deben "escuchar la voz del pueblo que
sufre frente a la agresión de los delincuentes". Moreau, cuando lo
dejaron, propuso declarar la "emergencia judicial" como forma de
lanzar una "política integral que asegure la Justicia y la
seguridad". Para lograrlo, propuso destinar al rubro 100 millones de
pesos del Presupuesto 2000. Eso permitiría "la reforma del actual
mapa judicial, crear la Policía Judicial e implementar Alcaidías para la
internación de presos hacinados en comisarías". El frepasista Alejandro Mosquera pudo hablar porque, una vez cumplida su misión, los ruidosos seguidores de Otacehé se retiraron. Mosquera criticó la falta de una política en materia criminal y sobre todo los vaivenes, como ser la cambiante reforma policial. Dijo que "la gente reclama seriedad y no improvisación". Respecto del recorte de las excarcelaciones, pidió igual criterio "para los delitos que son cometidos por los funcionarios públicos". Mañana, en el debate que vale, se presume que la mayoría radical aprobará --con reservas-- el tema de las excarcelaciones y rechazará de plano los interrogatorios policiales.
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