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Si es funcionario público, tiene que aguantarse una cámara oculta

La ex comisaria Graciela Iglesias, filmada en secreto

Para la fiscal del juicio a una comisaría  acusada por coimas, una filmación secreta  de un funcionario no viola su intimidad.


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"El presidente del Tribunal dijo que no pueden entrar las cámaras de televisión." Con este anuncio comenzó ayer, en el Tribunal Oral II de San Martín, el juicio que pone en debate la legalidad de la utilización de cámaras ocultas como elemento de prueba para condenar a una persona. Se trata de una causa en contra de una ex comisaria, un oficial de Policía y un empleado municipal de Tres de Febrero, que fueron filmados en el momento en el que supuestamente le pedían dinero a un comerciante de la zona para dejarlo trabajar tranquilo. Antes de empezar la jornada, los abogados defensores de los imputados pidieron la nulidad del juicio alegando que las pruebas presentadas --la filmación de la cámara oculta-- eran violatorias de la Constitución y del principio de garantías. La fiscalía retrucó argumentando a favor de las videograbaciones. El tribunal aún no se expidió, pero hizo pasar el tape durante la audiencia.

  El hecho ocurrió a fines de 1998, cuando Martín Rocha, dueño de la panchería La Iguana de Tres de Febrero, llamó a Canal 13 para denunciar que era víctima de una supuesta extorsión de parte de la titular de la Seccional 7ª de ese partido, Graciela Iglesias; de su subordinado, el oficial Teodoro Tito, y del inspector municipal Daniel Burgos, quienes le habrían pedido un pago de 100 pesos semanales y una "llave" de 500 pesos, para no sufrir razzias policiales en su local que le ahuyentaran la

clientela. El canal de televisión decidió realizar una cámara oculta, para la cual contrató a un actor que simulaba ser un socio comercial de Rocha que accedía al pago fijado por los funcionarios. Antes de realizar la filmación, el medio televisivo realizó la denuncia judicial, aunque la estrategia se llevó a cabo sin orden de un juez.

  Por ello, los abogados defensores coincidieron en pedir la nulidad del proceso, al considerar que las pruebas presentadas están fuera de los términos legales. Argumentaron que la investigación estuvo a cargo "de un canal de televisión y no de la Justicia". Los letrados sostuvieron que "sería peligroso para la seguridad si una persona fuera condenada por un video casero que pretende ser por sí solo una prueba". En cambio, la fiscal Noemí Correirou consideró que el video "no invade la privacidad ni es violatorio de la Constitución" porque la persona filmada "es un funcionario público y además fue hecho en la calle y en el despacho". Todos ponían en duda las pruebas. De la existencia del delito, en cambio, casi nadie dudaba.

  La formalidad con la que se estaba desarrollando la audiencia se transformó cuando ingresó el segundo testigo de la jornada, el panchero Martín Rocha. Vestido con una camisa salmón y jeans, el joven de 27 años demostró gran seguridad y claridad para expresarse. En su testimonio no dudó en incriminar a los imputados. "Me cita Tito y a través de mis empleados me manda a decir `decile al Gordo que vaya a la comisaría`. Entonces, para que yo pueda trabajar tranquilo, este hombre me dice que le pague 500 pesos de anticipo y 100 pesos por semana", explicó y luego agregó que el oficial le advirtió que "si no pagás te voy a partir como un queso". El 20 de noviembre, la Policía y la Municipalidad realizaron un gran operativo conjunto en su local, que clausuraron bajo el argumento de haber encontrado a un menor tomando alcohol. De acuerdo a sus dichos, Tito le aseguró ser "la mano derecha" de la comisaria Iglesias. "A partir de que entregamos la coima nunca más nos pasó nada", sostuvo Rocha.

  Mientras el comerciante declaraba, Tito se movía en su silla, se cruzaba y descruzaba de brazos, se balanceaba y se mostraba como el más tenso de los imputados. Al terminar el testimonio de Rocha, el oficial de Policía no aguantó y pidió declarar. Con frases entrecortadas, acusó a Rocha de ser "mendaz y falso". De acuerdo a su versión, él jamás lo intimidó para que le pagara una coima, sino que el panchero contrató en forma voluntaria sus servicios para "evitar que en su local se produzcan los desmanes de los que se quejaban sus vecinos". Además, puso en duda la fidelidad de las filmaciones. "Esas voces que están ahí (en los videos) no son mías, no las reconozco. La imagen sí. La voz no", señaló.

  Su superior, la comisaria Iglesias, en cambio, demostró gran ductilidad al hablar. La mujer manejó con soltura los tiempos, los tonos y las tensiones del discurso para construir un relato en el que se mostró como una funcionaria sensible y preocupada por los problemas de la gente, capaz de ir personalmente a la casa de los vecinos a organizar "mate parties" en los que mantenía charlas informales sobre seguridad. Para demostrar su honestidad, la mujer sostuvo que "quien es corrupto no trabaja conmigo".

  Miriam Lewin, productora del ciclo de investigaciones con cámara oculta, fue la que aclaró el rol de la televisión en estas causas. Luego de negarse a revelar la identidad del actor para resguardar su seguridad personal y la fuente periodística, sostuvo que "nuestra función no es dar pruebas a la Justicia sino presentar una información. Nuestro rol es principalmente la producción de un documento periodístico. Si esto ayuda a la Justicia, es de nuestro interés". Todo indica que para el tribunal ese documento también será de interés a la hora de dictar sentencia.

  Informe: Gustavo Slep

 

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