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Todo lo que usted temía preguntar sobre Bélgica

El País 
de Madrid

Por Bosco Esteruelas  
Desde Bruselas 

t.gif (862 bytes) Primero Pinochet, con la petición de extradición del ex dictador chileno que ayer obtuvo su primer éxito. Después Austria, al abanderar las sanciones bilaterales de los demás países de la Unión Europea (UE) contra Viena por la presencia en el poder del partido ultraderechista de Jörg Haider. En apenas un mes, Bélgica cambió una política exterior hasta ahora sin brillo y sin protagonismo, y le dio un giro notable hacia la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, este cambio es examinado por muchos analistas en clave de política interna. El objetivo de la coalición de centro-izquierda en el gobierno es frenar el auge de la extrema derecha en Flandes, la región norte y más rica del país, de lengua holandesa. 

  "La llegada del nuevo gobierno ha tenido como efecto inmediato poner más acento en los derechos humanos, como ha mostrado nuestra actitud en los casos Pinochet y Austria", afirma Koen Vervaeke, portavoz del viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores, Louis Michel. Este liberal francófono ha sido el más lanzado en las críticas oficiales por la presencia de la extrema derecha en el gobierno austríaco. Los flamencos le acusan de ir demasiado lejos, "porque se trata de aislar a los líderes y no al pueblo", según el ministro presidente de Flandes, Patrick Dewael.

  Integrado por liberales, socialistas y ecologistas (éstos participan por primera vez en el ejecutivo), el actual gobierno, presidido por el liberal flamenco Guy Verhofstadt, surgió después de las elecciones del pasado junio que representaron una hecatombe para los democristianos del ex primer ministro Jean-Luc Dehaene como consecuencia del impacto negativo que en la población tuvieron los escándalos de corrupción, paidofilia y contaminación de alimentos. Los democristianos fueron los más castigados por la caída de la credibilidad de la clase política y resultaron apartados del poder por primera vez desde los años cincuenta.

  Bélgica fue el primer país de la UE en criticar sin ambages la llegada de la extrema derecha austríaca al poder: "Es demasiado simplista decir que hay que mantener a toda costa a Austria en Europa. Podemos vivir muy bien sin ellos. No la necesitamos", confesaba la semana pasada el viceprimer ministro Michel apenas 72 horas después de que los 14 gobiernos comunitarios anunciaran que impondrían a Viena sanciones bilaterales. 

  Tanto los analistas como el propio gobierno admiten que detrás de esta conducta más progresista se esconde la voluntad de poner freno al auge del Vlaams Blok, el separatista partido flamenco de ultraderecha que con su programa contra la inmigración y a favor del endurecimiento de la lucha contra el crimen está creciendo imparablemente en la región de Flandes.  El Vlaams Blok piensa que si Haider pudo, también podrán ellos.

  El activismo desplegado por Bélgica contra Augusto Pinochet y contra la extrema derecha austríaca le ha venido de perlas al nuevo gobierno para intentar lavar la imagen de un país desacreditado por cuatro años de desgracias y escándalos. El "caso Dutroux", el pederasta que conmocionó Bélgica en el verano de 1996, presunto asesino de cuatro niñas y un compinche, llevó al país a encabezar la crónica negra de la prensa mundial. Desde entonces, este pequeño reino no ha dejado de sorprender con nuevos desastres (desde la contaminación alimentaria con dioxinas o el "caso Coca-Cola") o con el recuerdo de otros algo más viejos.

  El éxito de ayer en su pedido de revisar la decisión preliminar de liberar a Pinochet permite al nuevo gobierno que encabeza el liberal flamenco Guy Verhofstadt airear la nueva imagen de un país que quiere salir de la crónica negra. Una necesidad casi imperiosa para afrontar el desgaste mediático que dentro de unos meses supondrá la apertura del juicio contra Marc Dutroux, el hombre que acabó provocando que cientos de miles de belgas se echaran a la calle para exigir que todo cambie.

 

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