|
Página/12 Por
Marcelo Justo El presidente del panel, Lord Justice Simon Brown, anunció al mediodía de ayer su deseo de considerar a fondo los argumentos en juego. El panel estaba considerando la apelación de Bélgica y las seis organizaciones de derechos humanos al dictamen que realizó la semana pasada el juez Maurice Kay. En un fallo que pareció quitar todo aliento al intento de que el general enfrentase a la Justicia, Kay había indicado que ni Bélgica ni las organizaciones de derechos humanos tenían argumentos legales para plantear una apelación a la decisión de Straw. Ambas partes solicitaban que el ministro del Interior británico diera a conocer el informe médico en el que basó su decisión "preliminar" de suspender el proceso de extradición del ex dictador a España. Straw adujo que deseaba hacerlo, pero que no podía, porque violaría el derecho a la privacidad del general Pinochet, que había manifestado expresamente que no quería que nadie más lo viese.
El anuncio de Lord Justice
Simon Brown, tras un día y medio de audiencias, revocó el dictamen del
juez Kay y dejó abierta la puerta para que el caso llegue a la Cámara de
los Lores, estirando nuevamente una saga que lleva más de 15 meses en el
candelero. A partir de ahora, el argumento legal se centra en torno al
tema de fondo: ¿tiene derecho el ministro del Interior a negar a Bélgica
y a las organizaciones de derechos humanos la posibilidad de ver el
informe médico? Durante la audiencia de la tarde, el brillante abogado
del Ministerio del Interior, Jonathan Sumption, que gana más de 1000 dólares
por hora, procuró justificar las razones de Straw para mantener reservado
el informe médico.
El argumento de Sumption se
basa en dos puntos clave. La decisión de Straw no es injusta y el derecho
a la confidencialidad del general Pinochet está consagrado por la ley
británica y la Convención europea de derechos humanos. Según el
letrado, Jack Straw ya ha revelado bastantes elementos del informe médico
de Pinochet. "El ministro del Interior dio a conocer la identidad de
los facultativos que examinaron al senador Pinochet, su conclusión de que
no estaba en condiciones de ser sometido a juicio, el criterio que se
aplicó para determinarlo y las instrucciones que se dieron para el
proceso", indicó Sumption a la corte.
El abogado añadió que la
eminencia de los cuatro facultativos que coincidieron de modo "unánime
e inequívoco" en su evaluación médica de Pinochet, y el hecho de
que el informe contara con la aprobación de la máxima autoridad médica
británica (el "chief medical officer"), quita "todo propósito
al pedido de Bélgica y las organizaciones de derechos humanos". Por
su parte, la confidencialidad se basa en el derecho nacional e
internacional, y forma parte de un promesa formulada por el Ministerio del
Interior al general Pinochet de que el informe sólo sería utilizado por
las autoridades británicas pertinentes: el mismo Straw y el director del
Servicio Fiscal de la Corona.
Los argumentos de Sumption
fueron duramente cuestionados por los jueces. Mirándolo con la boca
abierta en una O de asombro y con los ojos entrecerrados de alguien que
desconfía, el presidente de la corte planteó una y otra vez que
"era de interés público, para lograr una máxima transparencia, que
el informe médico se diera a conocer a las partes". A pesar de la
insistencia del juez, el director británico de Amnistía Internacional,
Andy Mac Entee, señaló a Página/12 que no había que deducir
necesariamente un dictamen favorable a Bélgica y las organizaciones de
derechos humanos. "Es simplemente un método de poner a prueba la
solidez de un argumento", dijo Mac Entee. Como anticipara Página/12 ayer, los tres jueces de la Alta Corte podrían también decidir que hay un "point of law", es decir, un aspecto de la ley inglesa que necesita ser clarificado por una instancia superior. Por el momento, la carrera por la justicia continúa. "Estamos contentos. No ganamos la guerra, pero sí una batalla importante", indicó a Página/12 a la salida de la Alta Corte Geoffrey Bingman, uno de los abogados de las organizaciones de derechos humanos.
|