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LAS CHANCES DE PINOCHET DE VOLVER A CHILE DIERON MARCHA ATRAS
Ahora, a guardarlo bien otra vez


El gobierno belga y las organizaciones de derechos humanos triunfaron en la Alta Corte londinense. El juicio por la extradición a España, detenido por la decisión del Ministerio del Interior británico, podría cobrar nueva vida.

 

La anunciada liberación de Pinochet fue por "humanidad".

Página/12 
en Gran Bretaña

Por Marcelo Justo
Desde Londres

t.gif (862 bytes) Nuevo revés legal de Pinochet. Un panel de tres jueces de la Alta Corte de Justicia de Londres concedió ayer al gobierno de Bélgica y seis organizaciones de derechos humanos el derecho de apelar la decisión del ministro del Interior británico Jack Straw de no dar a conocer el informe médico de Pinochet. El caso podría terminar en la Cámara de los Lores, máxima instancia de la Justicia británica, y silenciar los motores del avión de la Fuerza Aérea Chilena que espera al ex dictador en la base militar de Brize Norton, a 30 kilómetros de Londres. La audiencia en la Alta Corte termina hoy y los jueces señalaron que deseaban anunciar su dictamen esta semana, pero que, dada la complejidad del caso, no sabían si podrían hacerlo.

  El presidente del panel, Lord Justice Simon Brown, anunció al mediodía de ayer su deseo de considerar a fondo los argumentos en juego. El panel estaba considerando la apelación de Bélgica y las seis organizaciones de derechos humanos al dictamen que realizó la semana pasada el juez Maurice Kay. En un fallo que pareció quitar todo aliento al intento de que el general enfrentase a la Justicia, Kay había indicado que ni Bélgica ni las organizaciones de derechos humanos tenían argumentos legales para plantear una apelación a la decisión de Straw. Ambas partes solicitaban que el ministro del Interior británico diera a conocer el informe médico en el que basó su decisión "preliminar" de suspender el proceso de extradición del ex dictador a España. Straw adujo que deseaba hacerlo, pero que no podía, porque violaría el derecho a la privacidad del general Pinochet, que había manifestado expresamente que no quería que nadie más lo viese.

  El anuncio de Lord Justice Simon Brown, tras un día y medio de audiencias, revocó el dictamen del juez Kay y dejó abierta la puerta para que el caso llegue a la Cámara de los Lores, estirando nuevamente una saga que lleva más de 15 meses en el candelero. A partir de ahora, el argumento legal se centra en torno al tema de fondo: ¿tiene derecho el ministro del Interior a negar a Bélgica y a las organizaciones de derechos humanos la posibilidad de ver el informe médico? Durante la audiencia de la tarde, el brillante abogado del Ministerio del Interior, Jonathan Sumption, que gana más de 1000 dólares por hora, procuró justificar las razones de Straw para mantener reservado el informe médico.

  El argumento de Sumption se basa en dos puntos clave. La decisión de Straw no es injusta y el derecho a la confidencialidad del general Pinochet está consagrado por la ley británica y la Convención europea de derechos humanos. Según el letrado, Jack Straw ya ha revelado bastantes elementos del informe médico de Pinochet. "El ministro del Interior dio a conocer la identidad de los facultativos que examinaron al senador Pinochet, su conclusión de que no estaba en condiciones de ser sometido a juicio, el criterio que se aplicó para determinarlo y las instrucciones que se dieron para el proceso", indicó Sumption a la corte.

  El abogado añadió que la eminencia de los cuatro facultativos que coincidieron de modo "unánime e inequívoco" en su evaluación médica de Pinochet, y el hecho de que el informe contara con la aprobación de la máxima autoridad médica británica (el "chief medical officer"), quita "todo propósito al pedido de Bélgica y las organizaciones de derechos humanos". Por su parte, la confidencialidad se basa en el derecho nacional e internacional, y forma parte de un promesa formulada por el Ministerio del Interior al general Pinochet de que el informe sólo sería utilizado por las autoridades británicas pertinentes: el mismo Straw y el director del Servicio Fiscal de la Corona.

  Los argumentos de Sumption fueron duramente cuestionados por los jueces. Mirándolo con la boca abierta en una O de asombro y con los ojos entrecerrados de alguien que desconfía, el presidente de la corte planteó una y otra vez que "era de interés público, para lograr una máxima transparencia, que el informe médico se diera a conocer a las partes". A pesar de la insistencia del juez, el director británico de Amnistía Internacional, Andy Mac Entee, señaló a Página/12 que no había que deducir necesariamente un dictamen favorable a Bélgica y las organizaciones de derechos humanos. "Es simplemente un método de poner a prueba la solidez de un argumento", dijo Mac Entee.

  Como anticipara Página/12 ayer, los tres jueces de la Alta Corte podrían también decidir que hay un "point of law", es decir, un aspecto de la ley inglesa que necesita ser clarificado por una instancia superior. Por el momento, la carrera por la justicia continúa. "Estamos contentos. No ganamos la guerra, pero sí una batalla importante", indicó a Página/12 a la salida de la Alta Corte Geoffrey Bingman, uno de los abogados de las organizaciones de derechos humanos.

 

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