Por Diego Schurman
 El líder del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), Hugo Moyano, desconoció ayer el principio de acuerdo alcanzado entre el Gobierno, el justicialismo y la actual cúpula de la CGT, al sostener que los abogados que negociaron la reforma laboral en nombre del sindicalismo no tienen el aval de toda la central obrera. Para que no quedaran dudas de la postura,el dirigente camionero anunció una movilización al Congreso el día en que los diputados traten la reforma en el recinto. Sin nombrarlos, Moyano �quien, si se cumple lo pactado, en marzo sucederá a Rodolfo Daer al frente de la CGT� hizo alusión a los laboralistas Lucio Garzón Maceda, Carlos Tomasone y Carlos Tomada, quienes mantuvieron incesantes negociaciones desde principio de semana con los principales funcionarios del Ministerio de Trabajo.
Garzón Maceda es asesor del jefe de prensa de la CGT, Carlos West Ocampo, Tomasone trabaja junto a Armando Cavalieri en el gremio mercantil, mientras que Tomada asiste a un puñado de gremios, algunos de ellos también conducidos por los denominados �gordos� del sindicalismo, cuya influencia es determinante a la hora de tomar decisiones.Moyano y el colectivero Juan Manuel Palacios, su coequiper en el MTA, se mostraron molestos con esas negociaciones. Y las desautorizaron al considerarlas �paralelas�, pese a que gran parte de la actual conducción cegetista sabía de ellas. Desde el Ministerio de Trabajo intentaron mostrarse indiferentes a la interna sindical que ellos mismos profundizaron al hablar de un principio de acuerdo. �Nosotros hablamos con representantes de la actual conducción sindical y ellos nos enviaron sus abogados. El titular de la CGT es Daer y es con él con quien tenemos que hablar. ¿O acaso el MTA no es parte de la CGT?�, señaló un vocero de la cartera laboral.En el MTA, que efectivamente es una corriente interna de la CGT, hacían una comparación con lo sucedido durante la gestión menemista. �Lo que hicieron los gordos de la CGT es una demostración de poder, como intentó Menem en los últimos días de mandato. Pero a ellos le queda sólo un mes en la conducción de la CGT y no pueden andar resolviendo lo que quieren sin consultar a Moyano, que está a punto de asumir�, señalaron. Para que no quedaran dudas de que los abogados no hablaban en nombre de toda la CGT, Moyano llamó a una reunión de consejo directivo para mañana, donde se resolverá una marcha hacia el Congreso el día que la Cámara de Diputados trate la reforma. Con el dirigente camionero coincide la Unión Obrera Metalúrgica de Lorenzo Miguel.Hace rato que el MTA y la conducción de la CGT no coinciden sobre la manera de enfrentar la reforma laboral. Durante la reunión de consejo directivo del último lunes, la corriente de Hugo Moyano había propuesto una movilización. Pero, rápido, Daer y West Ocampo lo convencieron de bajar los decibeles, ya que eso cerraría todas las puertas para una negociación con el Gobierno.Desde entonces, la conducción cegetista se involucró de lleno en negociaciones con el Gobierno, logrando algunas modificaciones al texto original. Entre los principales cambios están:
 El período de prueba de un trabajador, que actualmente es de un mes, no será extendido a seis meses, como originalmente contemplaba el texto oficial, sino sólo a tres
meses.
Los representantes del sindicato nacional estarán facultados para participar junto a los representantes del sindicato local o los delegados de empresas en las negociaciones de un convenio inferior (por empresa). En el proyecto original se establecía que un acuerdo inferior no siempre debía ser rubricado por el sindicato
madre.
De no haber diferencias entre las posturas de los representantes del sindicato nacional y las del local, priman las de estos últimos.
Los convenios colectivos tendrán vigencia indefinida si ninguna de las partes denuncia su vencimiento. Si esto sucede, desde el mismo momentotendrán dos años para renovarlo. El texto original daba dos años desde el día del vencimiento del convenio, más allá de la voluntad de los actores de renovarlo o no.
Si al concluir esos dos años no hay acuerdo, podrán solicitar voluntariamente un mediador. Antes el arbitraje era impuesto por el ministerio en forma obligatoria. Si se prescinde de mediador, el convenio colectivo cae y los trabajadores se tendrán que atener a la Ley de Contrato de Trabajo.
Aliancistas que se
oponen
Por D.S.
La reforma laboral no sólo tiene resistencia desde el frente sindical. Son varios los legisladores de la Alianza que pusieron reparos al proyecto oficial. A la cabeza de esa resistencia se encuentra la diputada del Frepaso Alicia Castro, quien a la hora de hablar del proyecto no encuentra otra definición que la de �flexibilización laboral�. Castro, junto al diputado Enrique Martínez, también del Frepaso, realizaron ayer una presentación con una serie de modificaciones al proyecto de ley. Las dos principales son:u Que siempre prevalezca el convenio colectivo más favorable. El texto original de la norma establece que un convenio de nivel inferior (por ejemplo aquel que firma una empresa) siempre prevalece sobre un convenio de nivel superior (el firmado para la actividad), aún cuando el primero contemple condiciones menos favorable al segundo.u Que se mantenga la vigencia indefinida de un convenio colectivo (principio de ultraactividad) en caso de no haber acuerdo para su renovación. El texto original establece que si las partes (sindicatos y empresarios) no logran renovar un convenio vencido en un lapso de dos años y no convocan a un arbitraje para que laude, ese convenio cae automáticamente y los trabajadores pasan a estar regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo piso siempre es inferior al de un convenio colectivo. Este punto fue un tema de debate en el bloque de la Alianza, a donde concurrió anteayer a la noche el secretario de Trabajo, Jorge Sappia. Los legisladores le preguntaron concretamente cómo harían los trabajadores para renegociar un convenio colectivo. Este, para el asombro de los presentes, contestó: recurriendo a medidas de fuerza o concurriendo a la Justicia. La respuesta generó la queja de la radical Elisa Carrió, quien también amenazó con dar la espalda al proyecto. Carrió, Castro y Martínez no son los únicos que se opondrían al proyecto si sale así como está. Se estima que existe una decena de diputados aliancistas que harían lo propio. De todos modos, la mayoría de ellos fijará posición esta tarde, luego de que salga el dictamen de la Comisión de Legislación Laboral. |
|
