Página/12 en Gran Bretaña
Por Marcelo Justo Desde Londres
 Nueva fecha clave para el caso Pinochet. El colegiado de tres jueces que revisa la apelación judicial solicitada por Bélgica y seis organizaciones de derechos humanos indicó ayer que anunciará el fallo a �mediados de la semana próxima�. En caso de que los jueces de la Alta Corte de Justicia de Londres dictaminen a favor, el ministro del Interior británico Jack Straw se vería obligado a enseñar el informe médico en que basó su decisión �preliminar� de suspender el proceso de extradición del general a España. Fuentes legales vinculadas con el caso indicaron a Página/12 que las chances del dictamen eran �fifty-fifty� y que seguramente habría apelación a la Cámara de los Lores, última instancia de la justicia británica. Afuera del gótico edificio de la Alta Corte, los grupos de exiliados chilenos expresaron, en un cántico en francés, el hallazgo del nuevo Estado amigo que, a falta de España, impulsa su pedido de justicia: �Belgique, Belgique, Belgique, mon
ami�.
La audiencia final de la apelación se prolongó hasta mediados de la tarde de ayer. Los abogados de las distintas partes �Bélgica, seis organizaciones de derechos humanos, el Ministerio del Interior británico y los abogados del senador vitalicio� resumieron sus argumentos legales en torno de una pregunta central: ¿debe Jack Straw dar a conocer el informe médico en nombre de la justicia y la transparencia o estaría infringiendo los derechos humanos de Pinochet al violar su derecho a la confidencialidad de los informes médicos? Cada una de las partes replanteó esta pregunta a su manera. Según el abogado de Bélgica, Nigel Pleming, el ministro del Interior no puede dejar en libertad a un �presunto enemigo de la humanidad� sin permitir que los estados solicitantes de la extradición tengan acceso al informe médico que especifica que Pinochet no está en condiciones de ser sometido a juicio. �Es imprescindible que Bélgica cuente con todos los elementos de juicio correspondientes para cuestionar la decisión, porque el ministro de Interior ha dicho que la condición del senador Pinochet es permanente, y, por lo tanto, la decisión que se tome acá inhabilita de hecho todo posible futuro juicio en otro lugar�, dijo el letrado. Bélgica se comprometió a que trataría esa información como �estrictamente reservada� pero consideró que en un caso de esta gravedad el �interés público� anula cualquier otro argumento. En términos similares se pronunció el abogado Richard Drabble que representa a Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Redress, Justicia, la Asociación de Familiares de los desaparecidos, y la Fundación Médica para el Tratamiento de las Víctimas de la Tortura.Por su parte, el abogado del Ministerio del Interior, Jonathan Sumption, enfatizó que la decisión de Straw no es injusta y que el derecho a la confidencialidad del general Pinochet está consagrado por la ley británica y la Convención Europea de derechos humanos. �El artículo 8 de la Convención afirma que el derecho a la confidencialidad sólo puede ser dejado de lado en casos excepcionales, por ejemplo, si la nación misma se halla en peligro, y que es crucial para proteger la privacidad de la gente y la confianza en la relación con sus médicos. No se puede abandonar este derecho fundamental por la remota posibilidad de que se encuentre un error de diagnóstico en el dictamen de cuatro eminentes e independientes especialistas�, dijo Sumption. El abogado de Pinochet, Clive Nicols, apoyó esta tesis, e hizo hincapié en que la ley británica de extradición da amplias atribuciones al ministro del Interior para suspender un proceso �sin consultar a nadie�. Fuentes vinculadas con ambas partes señalaron a Página/12 que el fallo dependerá de cómo se dirime este conflicto entre el interés público (por una decisión transparente y justa en un caso de importancia universal) y el derecho a la privacidad (ejemplificada en la confidencialidad de la relación médico-paciente). Ambas partes podrán apelar ante la máxima instancia judicial británica, la Cámara de los Lores. Si triunfa Bélgica y/o las organizaciones de derechos humanos, habría una vía más o menos rápida por la que el ministro del Interior aceptaría enseñarles el informe y procedería luego con la suspensión del proceso de extradición, aun si cuestionan la validez del diagnóstico de incapacidad mental del ex dictador. Pero lo más probable es que el caso se interne varios meses más en uno de esos laberintos de audiencias y apelaciones que en una suerte de ping-pong legal rebotan entre la Alta Corte, la Cámara de los Lores y el ministro del Interior.
|
EL FUTURO DE PINOCHET SEGUN AMNISTIA
INTERNACIONAL
Guía de perplejos ante la ley inglesa
Por M.J.Desde Londres
Cáustico y preciso, el abogado Andy Mc Entee, director de Amnesty International en el Reino Unido, dialogó con Página/12 a la salida de la Alta Corte de Justicia de Londres sobre el nuevo giro legal que tuvo el caso Pinochet después de que la Justicia concediera al gobierno de Bélgica el derecho de apelar la liberación �por motivos humanitarios� del anciano ex
dictador.
�¿Cuáles son las consecuencias de esta nueva decisión de los
jueces?
�La primera consecuencia es que revoca el dictamen del juez Kay de la semana pasada. La Corte acepta que Bélgica y las organizaciones de derechos humanos tienen fundamentos para apelar la decisión de Jack Straw de no dar a conocer el informe médico. De modo que, a partir de ahora, se examinarán en la Corte los temas de fondo y no el derecho de las partes a presentar una apelación.
�¿Cuáles son los temas de fondo?
�El tema de fondo es si Straw tiene que dar a conocer o no el informe médico de
Pinochet.
�Si deciden que Straw tiene que dar a conocer el informe, ¿está obligado a revelarlo o puede apelar?
�La orden de la Corte debe aplicarse, pero Straw puede apelarla. Una de las vías de apelación podría ser el derecho a la privacidad de Pinochet, consagrado por el artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, que ya fue mencionado por el abogado del Ministerio del
Interior.
�¿Puede apelarla también la defensa de Pinochet bajo el argumento de que su cliente hizo la revisión médica a condición de que no se dieran a conocer sus
resultados?
�El fallo sería contra el Ministerio del Interior, que es el que decidió que no daría a conocer el informe médico. La defensa de Pinochet es sólo parte interesada, en tanto obviamente el fallo le incumbe. Pero me imagino que los abogados de Pinochet podrían hurgar también en el artículo seis para ver si pueden apelar.
�En caso de que los tres jueces se pronuncien en esta revisión judicial en contra de Bélgica y las organizaciones de derechos humanos, ¿hay una nueva instancia de apelación?
�Técnicamente todas las partes pueden apelar a la Cámara de los Lores pero la Corte tiene que conceder ese derecho, y, por lo tanto, puede negarlo. En caso de que lo nieguen, el caso termina ahí. Pero acá hay una complicación más y es que los jueces tendrán que decidir si para resolver este caso basta con la ley existente o si tienen que crear nueva jurisprudencia, en cuyo caso se puede plantear el interrogante de si les corresponde a ellos crear jurisprudencia. Acá hay que resolver lo que se llama en el derecho británico un �point of law�, es decir, una insuficiencia en la ley misma. Esto sucedió en el caso Pinochet cuando la Alta Corte decidió en octubre del �98 que la ley británica no era lo suficientemente clara sobre si un ex jefe de Estado tenía inmunidad diplomática. El caso fue a la Cámara de los Lores. Acá puede pasar lo mismo.
�En la audiencia, los tres jueces cuestionaron repetidamente los argumentos del Ministerio del Interior. ¿Nos indica esto algo respecto de cómo se pronunciarán?
�No. Es una técnica para ver si el caso está bien fundamentado. Pasó también en la Cámara de los Lores. Los jueces interrogaban hasta el mareo a los abogados, sin que por ello significara que se pronunciarían en un sentido u otro. |
|
