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�Es tan grave el manejo político de la Justicia como la presión mediática�, aseguró ayer, indignado, el ex camarista León Arslanian en referencia a su cliente más famoso, el ex presidente del PAMI, Víctor Alderete. De este modo enfrentó la controversia desatada a partir de su intento �junto a su socio, Jorge Edwin Torlasco� de separar a la Oficina Anticorrupción de su rol de querellante en las causas donde Alderete está imputado. Si bien el sustento jurídico de la iniciativa comenzó a ser debatido y hasta tiene alguna posibilidad de prosperar en los tribunales, su decisión de defender a uno de los funcionarios más cuestionados del menemismo despertó una polémica antes política que judicial (ver aparte). Una muestra de la fuerza de la controversia se vio en el programa radial �La Cornisa�. El periodista Luis Majul le preguntó a Arslanian por qué defiende a Alderete. El abogado respondió que �todos tienen derecho a ser defendidos�, porque �no podemos pensar que hay defensas que se pueden hacer y otras que no, porque entonces estamos relativizando el concepto de la defensa�. Arslanian se mostró molesto porque �acá también hay una extraordinaria presión mediática, política y de prensa para que Alderete de alguna manera termine preso�. Y se enojó porque se presenta a Alderete �como a una especie de chivo expiatorio, que había sido elegido como paradigma de la corrupción y entonces a partir de él se iba a pretender sanear todo un sistema político�. El ex camarista destacó que �debemos acostumbrarnos a que sean los jueces los que tomen las decisiones, a no ejercer presión sobre ellos ni llevárselos por delante tratando de que produzcan resultados apetecibles o funcionalmente útiles para el gobierno de turno�. �¿Por qué defiende a Alderete diciendo que la Oficina Anticorrupción no tiene facultades? ¿Por qué no lo defiende sin chicanas y contestando las acusaciones concretas? �preguntó el periodista Raúl Kollmann, columnista del programa.�No. Discúlpeme. Esto de chicanas no se lo voy a consentir. Mis argumentos son jurídicos, con fundamentación. Y cualquier persona que entienda de derecho y que no sea un profano estará en condiciones de valorar el mérito que tiene. Defiendo como se defiende, ante los tribunales, no ante la prensa, y con razones de tipo técnico. Por eso le digo que tenga cuidado en las afirmaciones ligeras que está haciendo. �Le reitero. En lugar de responder si compró los audífonos a un precio que correspondía, acá lo que se hace es tratar de pelearla por otro lado.�Bueno, discúlpeme. Le insisto. No discutiría con usted problemas mediáticos y le pediría que usted no intente discutir conmigo problemas jurídicos. �Posiblemente usted gane plata defendiendo a Alderete, es cuestión suya, pero ¿es consciente de que quizá pierda prestigio?�Yo no he vivido, estudiado, ni trabajado para el bronce. Yo soy consciente y sé cuáles son los actos que debo revisar en la vida y no estoy pensando cuál de ellos me va a traer más rédito que otro. Hago lo que quiero, me siento libre y tomo las decisiones que considero apropiadas. Si por ellas debo pagar algún tipo de costo en los medios o donde fuere, bueno, lo siento, no voy a cambiar mi manera de ser o de pensar. Mientras tanto, algunos nubarrones amenazan el destino de la Oficina Anticorrupción como querellante en las causas judiciales abiertas en la Justicia federal. El fiscal Eduardo Freiler está analizando el escrito en el que Arslanian y Torlasco justifican la razonabilidad jurídica de dejar fuera de pista a la Oficina Anticorrupción, en la causa sobre irregularidades en la compra de audífonos. Los investigadores al mando de José Massoni también se presentaron como querellantes ante el juez Jorge Urso, en una causa en la que está implicada la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray. El magistrado aún no se expidió, pero uno de sus colaboradores adelantó a Página/12 que nunca otorgó el rol de querellante a alguien que no pudiera acreditar un perjuicio directo. En otro despacho de Comodoro Py, funcionarios judiciales calificaron la Oficina como un �engendro anticonstitucional�, cuyas atribuciones �se superponen con las de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas�. Conscientes del revuelo, los hombres de Massoni confían en sus propios argumentos jurídicos para defender la labor del flamante bunker anticorrupción, aunque reconocen que el aspecto político del debate también dividió las aguas en la Oficina que ocupan.
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