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 El gobierno mexicano pudo sacarse de encima la huelga de diez meses en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero no se acabó la rabia universitaria. Luego de una manifestación de más de 100.000 personas, que en la noche del miércoles y durante horas pidieron en las calles céntricas del Distrito Federal la liberación de los estudiantes detenidos, ayer los trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) realizaron un paro para exigir lo mismo. En el otro lado del ring, la Asociación de Banqueros de México anunció ayer que lanzó una �cruzada nacional para restaurar las instalaciones de la UNAM�, con un ínfimo depósito inicial de mil millones de dólares. Y en la Justicia mexicana, el caso de la huelga es un berenjenal: los dos jueces que están tramitando los procesos contra los estudiantes detenidos dictaron fallos
contradictorios.La huelga de la UNAM terminó el domingo pasado con la entrada masiva de la policía en los edificios del Rectorado y de la Facultad de Filosofía, las dos bases principales del Comité General de Huelga (CGH). No hubo muertos ni heridos, pero más de 700 personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia. Claro que la Justicia no se pone de acuerdo sobre de qué se los acusa. El conflicto intrajudicial involucra a los jueces sexto y segundo de la jurisdicción penal de la capital mexicana, Jorge Silva y María del Carmen Pérez. El juez Silva había exonerado anteayer de los delitos de �terrorismo y sabotaje� a 89 estudiantes presos durante los incidentes ocurridos el martes anterior al fin de la huelga, pero mantuvo los cargos de �motín y despojo� contra el grupo y negó su libertad condicional bajo fianza. Pero la jueza Pérez, quien ordenó la ocupación policial de las instalaciones de la mayor universidad mexicana, había dictado otro fallo en el que acusó a esos mismos 85 estudiantes de -precisamente� �terrorismo y sabotaje�, entre otros siete delitos más. El delito de �terrorismo�, tipificado como �grave� por la legislación penal mexicana, implica condenas de dos a 40 años de prisión, y el de �sabotaje� otras de hasta 12 años.Frente a la controversia, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que presentaría ante la jueza Pérez una solicitud expresa de sobreseimiento en cuanto a los delitos de terrorismo y sabotaje. Por su parte, el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, reiteró su llamamiento para que las autoridades competentes traten con benevolencia y justicia a los huelguistas acusados de delitos que se persiguen de oficio. �No se trata de defender la impunidad, se trata de que los poderes públicos nos ayuden en el ámbito de su competencias y con absoluto respeto a nuestra autonomía a la reconciliación que ahora los universitarios requerimos para avanzar en nuestra reforma�, afirmó el rector. El gobierno mexicano parece tener un poderoso aliado en la recuperación de la UNAM: los banqueros. El presidente de la asociación que los nuclea, Carlos Gómez, señaló a una emisora radial que �sentimos la necesidad como empresarios de poner algo de nuestra parte para que la universidad empezara a funcionar lo más rápido posible�. La campaña terminará el 31 de marzo y �estamos dispuestos a cooperar como banqueros�, porque los mexicanos �siempre hemos sido unidos en causas difíciles�. En un comunicado, la Asociación de Banqueros explicó que �es necesario que laboratorios, bibliotecas, oficinas y especialmente las aulas estén en condiciones de recibir a los estudiantes, académicos y personal administrativo para que juntos pongan nuevamente en marcha la investigación, las clases y los seminarios�.Pero el Comité de Huelga (CGH) de la UNAM, que está obteniendo el apoyo de varios sectores de la sociedad civil, no parece muy dispuesto a que las cosas terminen así. El CGH anunció en un comunicado que se mantiene en pie de lucha y convocó a los estudiantes a boicotear la normalización de las actividades en la UNAM. También dijo que no reestablecerá el diálogo con las autoridades de la UNAM hasta que se cumplan sus frondosas demandas: la liberación de todos los detenidos, la renuncia del rector De la Fuente yla retirada de la Policía Federal Preventiva (PFP) de la UNAM. Y después, sí, sería el tiempo de definir la política universitaria, objetivo de la huelga, luego de que el arancelamiento universitario fuera levantado. Ese arancelamiento había sido el motivo inicial de la huelga, en abril del año pasado.
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