|
Pocas
leyes han dado tanto trabajo como el proyecto de reforma laboral. En
ese aspecto tiene razón el Gobierno, que dice que está hecha para
eso. Políticos, legisladores, abogados, sindicalistas, ministros y
periodistas trabajan en pleno verano, se desvelan en largas
negociaciones, trasnochan y soportan fuertes presiones. En este
aspecto habría que darles la razón a los críticos del proyecto, que
hablan de trabajo precarizado.
El debate forzó
realineamientos en el sindicalismo y el PJ y tiende a prefigurar la
futura  dinámica
interna de la Alianza donde se tensaron posiciones. Y así, Fernando
de la Rúa podría debutar al cumplir dos meses de gobierno con un
acto obrero en Plaza de Mayo y un paro parcial de actividades. Esta
semana el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, logró que su
proyecto fuera aprobado como dictamen de la mayoría en la Comisión
de Legislación del Trabajo y se apresta el debate en el recinto,
donde la oposición presentará batalla. Los números en Diputados
parecerían adelantar la media sanción favorable. Pero en el Senado
tiene mayoría el justicialismo y lo más probable es que el proyecto
se apruebe con modificaciones.
Si éste es el camino más
previsible, su resultado, después de mucho desgaste, podría no
convencer a nadie. Y sentaría, en cambio, un precedente poco
prometedor en cuanto a las relaciones del nuevo gobierno con el
movimiento social.
La llegada del proyecto de
reforma laboral al Congreso precipitó la elección del camionero Hugo
Moyano como secretario general de la CGT. Los sindicalistas más
comprometidos con la política social del menemismo no tenían
legitimidad para enfrentar este proyecto y así, los
"gordos", como les dicen en la jerga sindical (Lezcano,
Cavalieri, Pedraza, José Rodríguez, West Ocampo), que sostenían a
Rodolfo Daer, tuvieron que dar un paso atrás.
La convivencia de Moyano con
los "gordos" no será fácil, como se evidenció en este
proceso de negociación. Mientras que el MTA procuraba introducir
cambios en el proyecto antes de su llegada al recinto, los emisarios
de los "gordos" acordaron con Flamarique que el proyecto sería
aprobado como dictamen de la mayoría "con disidencias".
Este mecanismo descolocó a la diputada frepasista Alicia Castro,
enrolada en la misma línea que el camionero, que había presentado un
proyecto opuesto al oficial. Moyano se sintió "puenteado"
por sus aliados y sacó la convocatoria al acto de protesta en Plaza
de Mayo, a la que "los gordos", a regañadientes, debieron
sumarse.
Antes de esta definición,
los "gordos" habían intentado sacar una posición de
conjunto del bloque justicialista. Pero los diputados de origen
gremial, Alfredo Atanasof, Gerardo Martínez y Saúl Ubaldini,
encargados de esa misión imposible, se toparon con la soledad más
absoluta. El PJ posmenemista todavía no tiene claros sus referentes
de poder y sus dirigentes lo que menos quieren es estructurarse a
partir de la lógica del enfrentamiento entre la CGT y el Gobierno.
Fue la demostración más clara de la debilidad a la que llegó el
sindicalismo en la filas del PJ. Moyano sabe, por otra parte, que una
actitud más protagónica de la CGT puede incidir en ese cuadro de
gestación de liderazgos en el seno del PJ, como ocurría antes del
menemato.
En el Senado hay un solo legislador de origen gremial, el jujeño
Alberto Tell, del gremio telefónico, quien ayer trataba de convencer
a Moyano para que levantara el acto del 24. En la Cámara alta, donde
las lealtades responden con más claridad a los gobernadores,
distintos senadores de la oposición ya adelantaron que están
dispuestos a discutir el proyecto sin levantar el tono. Varios
gobernadores justicialistas, entre ellos el de Santa Fe, Carlos
Reutemann, y el de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, dijeron que apoyarán
los esfuerzos del Gobierno. Pero allí el PJ tiene mayoría y, por lo
tanto, no necesita patalear, porque negocia en un marco de relación
de fuerzas favorable. En todo caso, los cambios que planteen los
senadores estarán inspirados en sus propios designios y no en las
posiciones cegetistas, ya fueran las de los "gordos" o las
de Moyano.
De hecho, el acto del 24 apunta a incidir más que nada sobre
los propios legisladores justicialistas, la mayoría de los cuales se
ha negado a considerar los planteos de cualquier sector del
sindicalismo, que en estos diez años pasó de "columna vertebral
del movimiento" a ser prácticamente excomulgado de los centros
de decisión política.
En realidad, el proyecto de
reforma laboral fue mejor recibido por muchos de los legisladores del
PJ, entusiastas en su momento de reformas todavía más drásticas,
que en el propio seno de la Alianza, donde el debate comenzó a
resquebrajar la disciplina. La mayoría de los legisladores de la
Alianza, tanto radicales como frepasistas, opusieron tenaz resistencia
a los proyectos de reforma laboral impulsados por el menemismo y el
arribo del proyecto aliancista produjo, por lo menos, desconcierto.
La discusión del impuestazo
ya había provocado cierto malestar en las filas aliancistas y la
reforma laboral transformó ese malestar en disidencia franca, aunque
todavía en el plano interno. Cerca de 30 legisladores del bloque
oficialista manifestaron cuestionamientos en distintos tonos y sobre
distintos aspectos.
La primera en rebelarse fue
Alicia Castro, enrolada en el MTA, que integra la Comisión de
Legislación del Trabajo, donde se dio el debate hasta ahora. Los
cuatro diputados de origen gremial referenciados en la Central de los
Trabajadores Argentinos (CTA), tres de CTERA, Eduardo Macaluse, Jorge
Giles y Elsa Quiroz, y Marcela Bordenave, de ATE, también plantearon
sus críticas, aunque su incidencia fue menor porque no integran esa
comisión.
A este polo gremial se le
sumaron el economista Enrique Martínez, Adriana Puiggrós, Alfredo
Villalba, los socialistas Héctor Polino, Alfredo Bravo y Gustavo
Galland, los radicales Alfredo Allende y Margarita Stolbizer,
probablemente una de las más críticas, y también plantearon
objeciones Elisa Carrió y otros legisladores. Algunos de ellos se
reunieron el lunes en la central que dirige Víctor de Gennaro para
intercambiar ideas. No hay planteos rupturistas ni siquiera como
perspectiva, pero la sensación de este grupo es que la Alianza se
queda sin discurso social y plantean la realización periódica de
estas reuniones para impulsar este perfil en el bloque oficialista.
Desde los críticos más duros que rechazan la mayoría de los puntos
del proyecto, hasta los que apuntan sus dudas sólo sobre la extensión
del período de prueba, coinciden en que el proyecto no es generador
de fuentes de trabajo. Algunos defienden el perfil fiscal del proyecto
y otros el hecho de que el empleador haga los aportes de jubilación y
obra social durante el período de pruebas. Salvo el proyecto de minoría
que presentó Alicia Castro en la comisión, los demás no defienden
la presencia de la conducción gremial en las discusiones por empresa,
pero varios coinciden en que prevalezca el mejor convenio. La discusión
abarca toda la gama posible y demuestra el impacto que tuvo en la
Alianza la irrupción del proyecto. "El lío es más interno de
la Alianza que con el PJ", aseguran.
Si bien este debate no trascendió las fronteras partidarias,
habría forzado una especie de acuerdo en el bloque aliancista para
evitar que las disidencias provoquen una sangría muy fuerte. Así, el
proyecto se aprobaría primero en general y luego cada quien tendrá
libertad para plantear sus críticas en la discusión del articulado y
es de prever que, aun así, la votación sea bastante cruzada,
mientras en la otra punta de la Avenida de Mayo las más diversas
corrientes del sindicalismo expresan su oposición. Si bien muchos
dicen que esta ley no creará fuentes de trabajo, nadie podrá negar
que su discusión es trabajosa.
|
