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OPINION

Una picardía muy peligrosa

Por Juan Alfredo González *

Al poco tiempo del golpe militar de 1966 el general Onganía dicta la ley de arbitraje obligatorio. Fueron varios los intentos reglamentarios del derecho de huelga desde que se lo jerarquizó como derecho constitucional en 1957. El desborde de las luchas de los trabajadores, los cuestionamientos constitucionales y las duras observaciones que sufriera por parte de la OIT, prácticamente lo convirtieron en letra muerta, especialmente a partir del advenimiento de la democracia en 1983.

Vimos con agrado que, no obstante el desuso, el proyecto de reforma laboral elevado por el PE nacional recientemente, lo derogara. Así lo hicimos saber desde la CTA en nuestro documento crítico. Ingenuamente sugerimos, en el proyecto alternativo, que también se derogara el decreto 2184/90, que limita el derecho de huelga, a partir de la OIT limitándolos a los que afecten la vida, la seguridad y la salud de las personas.

Ayer, cuando dimos la primera leída al despacho de mayoría de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados a la ley de reforma laboral, observamos con estupor que en los malabarismos de último momento, en las disposiciones finales, se había efectuado un original enroque: se propone derogar el decreto de servicios esenciales y se pretende a su vez revivir la ley dictatorial de arbitraje obligatorio. Eso sí, sólo se aplica en los conflictos colectivos que afecten dichos servicios.

  Si el decreto de Menem era "generoso" en la calificación de servicios esenciales (servicios sanitarios y hospitales, transporte, agua, energía, telecomunicaciones, educación, justicia, etc.), la redacción propuesta por el despacho de mayoría es más "generosa" aún: no define cuáles son dichos servicios. Traducido significa que: 1) El Poder Ejecutivo al momento de resolverse una medida de acción directa, puede: a) nombrar un árbitro a su antojo y b) definir cuáles son los servicios esenciales y las guardias mínimas (en este sentido la experiencia es muy rica ya que se establecen guardias hospitalarias a las pobres dotaciones habituales); 2) la mera designación de un árbitro implica que las medidas deben cesar inmediatamente bajo apercibimiento de despido y sanciones a los sindicatos titulares del conflicto y 3) que el laudo arbitral tiene el valor de un convenio colectivo y es inapelable.

  Ya estábamos disconformes con el alto intervencionismo estatal que refleja el proyecto de reforma del PE nacional, especialmente en los requisitos de homologación y en la fijación del nivel de los convenios colectivos (prevalece el convenio de empresa). Pero esta picardía de último momento pone en evidencia la gran distancia entre el discurso y las verdaderas intenciones.

  Mientras se declama la negociación colectiva como norma hegemónica de las relaciones laborales, haciendo un panegírico de la autonomía colectiva, simultáneamente se intenta anular uno de los derechos inherentes a los colectivos de trabajadores como es el derecho de huelga. En vez de garantizar los derechos para la resolución de los conflictos por la negociación, se pretende anular la única herramienta válida para arribar a ella. ¿Cómo hacen los trabajadores que pretenden mejorar sus derechos si la huelga es tan limitada que no puede producir el efecto buscado?

  Parece sugestivo que, justo ante la inminencia de respuesta de los trabajadores estatales, de la educación y de la Justicia, consecuencia del reciente ajuste en la coparticipación federal y las obvias de despido y reducciones salariales, aparezca, sorpresivamente, una norma restrictiva de tal naturaleza.

  Puede deducirse fácilmente que se continúa con la intención de ilegitimación del conflicto y la judicialización de los responsables. Dos mil quinientos trabajadores procesados son prueba de esta estrategia que acompaña el ajuste permanente.

  Nuevamente la esquizofrenia legislativa y las campañas declarativas ocultan las verdaderas intenciones: limitar los derechos de los trabajadores para facilitar su explotación en concordancia con la continuidad del plan económico neoliberal.

* Secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

 

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