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El
texto del proyecto cuestiona: "La Corte Suprema se autoexcluye de un
mecanismo amplio de control que responde a la creciente demanda social de
mayor transparencia en el ejercicio de la función pública" y en
relación a la que son igualmente responsables "todos los poderes de
la República". Por eso, Garré y Alessandro proponen exhortar al
tribunal "a revisar su posición reconociendo y acatando los alcances
de la ley 25.188, fundamentalmente en lo referido a la necesaria
publicidad de las declaraciones patrimoniales de los magistrados y
funcionarios", según puntualizan en el pronunciamiento.
Seis de los nueve ministros de
la Corte entendieron que recibir y guardar las declaraciones juradas de
los jueces es "una medida apropiada para preservar la
independencia" del Poder Judicial. Con el mismo criterio rechazaron
integrar, según prevé la ley, la Comisión Nacional de Etica Pública
que funcionará en el ámbito del Congreso. Ese cuerpo, que aún no está
conformado, tendrá, entre otras funciones, las de recibir denuncias,
quejas, realizar sumarios ante posibles casos de enriquecimiento ilícito
de funcionarios o violaciones a sus deberes. "Es sabido que no sólo
compete a este Tribunal el dictado de su propio reglamento, sino también
el ejercicio de facultades disciplinarias sobre el Poder Judicial",
dice la resolución, que fue firmada por Julio Nazareno, Eduardo Moliné
O'Connor, Augusto Belluscio, Carlos Fayt, Antonio Boggiano y Guillermo López.
La Corte también se encargará de aceptar o rechazar las
solicitudes de quienes quieran conocer el inventario de bienes de los
jueces. El peticionante tendrá que elevar un escrito por cada declaración
de bienes que quiera conocer y con el trámite se abrirá un expediente.
"Antes de resolver sobre la procedencia de la solicitud --dice el
reglamento-- se dará intervención al magistrado o funcionario cuya
declaración jurada se ha pedido consultar, que podrá expresarse con
respecto de la procedencia de la petición". Garré contrastó este
sistema con el que rige en la Oficina Anticorrupción, que alcanza a los
funcionarios de la Administración Nacional, "ya que allí todos los
datos entregados por los funcionarios sí son públicos". Desde las filas del justicialismo, el diputado Mario Das Neves coincidió: "En este tema los jueces son iguales a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, no afecta su independencia que muestren su declaración de bienes. Se están arrogando un privilegio equivocado". Massoni, al frente de la Oficina Anticorrupción, prefirió no opinar, pero planteó que la Corte "se pronunció, con un procedimiento más riguroso en cuanto a la publicidad, en base a sus atribuciones".
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