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Voceros del radicalismo
estimaron que la marcha atrás del peronismo fue una jugada tendiente a
"lograr un nuevo piso de discusión y la semana que viene, en el
Senado, tratar de avanzar más". A la propuesta original del PJ, la
Alianza le modificó --en el proyecto aprobado-- la obligatoriedad de
rechazar las excarcelaciones de los que cometan delitos mediante el uso de
armas (incluso blancas o de cualquier tipo), y para los conductores que
atropellan a una persona y se fugan. El cambio deja al juez la posibilidad
de disponer la libertad. Y la excarcelación deberá ser rechazada sólo a
quienes hagan ostentación de "armas de fuego".
Para los voceros de la Alianza,
la norma a la que se dio media sanción "no es más dura sino menos
blanda" que la vigente. Más allá del juego de palabras, el
camarista Leopoldo Schiffrin sostuvo que la norma "está suprimiendo
la posibilidad de excarcelación y la Alianza ha cedido con mucha
irresponsabilidad política, al punto de retrotraer la situación a la ley
de la dictadura de 1978, modificada luego por el gobierno dictatorial
porque era demasiado dura" (ver nota aparte).
Ruckauf dijo que el proyecto de
la Alianza es apenas "un maquillaje" del Código Procesal
bonaerense, que no le da al gobierno "los instrumentos fundamentales
para luchar contra la delincuencia". El ministro de Justicia, Jorge
Casanovas, sostuvo que el texto original "fue lavado". Y apeló
a una metáfora propia del que está perdido en el Sahara: "Pedimos
una 4x4 para cruzar la arena y nos trajeron un bote".
Casanovas criticó expresamente
que se mantenga en prisión a los que roban con armas de fuego "sin
tomar en cuenta a los que usan cuchillos, garrotes o jeringas con
sida" (sic). El subcomisario Luis Patti fue más lejos y pronosticó
que en un año "habrá que reformar otra vez la ley y el sistema
judicial". El proyecto introduce modificaciones a los artículos 141,
159, 166, 169, 171, 189, 269, 294 y 371 del Código Procesal de la
provincia de Buenos Aires. Estos son los cambios más importantes:
* Los procesados sin sentencia
podrán estar más de dos años presos, en contra de lo que establecen los
convenios internacionales, si el juez determina que se trata de "un
caso de suma complejidad" o por la "pluralidad de los
imputados".
* Quedará limitada sólo a
delincuentes primarios la posibilidad de una excarcelación, aun cuando la
pena máxima prevista fuera menor a seis años. Para la excarcelación
tendrá que tenerse la certeza de que la pena que se le aplicará por el
delito será "condicional", sin aplicación efectiva.
* Las tentativas de delitos con
utilización de armas de fuego serán tomadas como hechos consumados,
impidiendo la excarcelación.
* También se podrá rechazar
cuando se hayan afectado bienes de "valor científico, cultural,
militar o religioso".
* O cuando se trate de
enriquecimiento ilícito, cohecho, exacciones ilegales y fraude en
perjuicio de la administración pública cometidos por funcionarios públicos
en ejercicio u ocasión de sus funciones.
* Podrá revocarse la
excarcelación concedida en primera instancia cuando se dicte sentencia
condenatoria (en juicio oral) que imponga pena de prisión de cumplimiento
efectivo, aun cuando la sentencia no esté firme.
* Los operativos policiales se
deben realizar previa comunicación al juez de Garantías y al fiscal. En
todas las circunstancias se podrán requisar unidades del transporte de
pasajeros o de cargas.
* En esos operativos, la policía
podrá secuestrar los elementos que razonablemente se presuman producto de
la comisión de un delito, o los instrumentos que pudieran ser utilizados
para cometerlo.
* En el lugar del hecho, o en sus inmediaciones, la policía podrá
recoger del presunto imputado "indicaciones e informaciones útiles a
los fines de la investigación", aunque tendrá "prohibido
tomarle declaración (indagatoria) bajo sanción de nulidad". DOS
JUECES Y UN ESPECIALISTA ANALIZAN LOS CAMBIOS Por
Cristian Alarcón
A Martín Abregú del CELS, a
pesar de que no quiere ignorar "que este proyecto es menos peligroso
que el de Ruckauf", le resulta "extremadamente preocupante la
cuasi desaparición de la excarcelación y las mayores facultades
policiales". "La Bonaerense --considera-- va a seguir con su
falta de profesionalización y los brutales mecanismos investigativos de
siempre, más allá de cualquier marco legal que se sancione, pero ahora
con el mensaje de que para la clase política la inseguridad se resuelve
con una mano dura". Schiffrin considera que ello se notará cuando la
fuerza use la atribución que se le concedió al modificar el artículo
294 del Código. Allí se autorizan los "operativos públicos de
control" en los que se puede requisar a cualquier persona, sus ropas,
bártulos, vehículos y los transportes públicos con sólo
"avisar" al juez y al fiscal. "El clima de fondo de la
sanción de estas normas --asegura el camarista-- es legalizar lo que jamás
fue legal, los operativos masivos de control, para sembrar esa amenaza
terrible que siente la gente cuando se está instaurando un Estado
dictatorial."
Melazo, ex fiscal y casi único
juez de Garantías de un megadepartamento judicial como el platense,
considera que la casi eliminación de las excarcelaciones "es tapar
un pozo hoy y dejar que revienten las cárceles mañana". Melazo
concede que "cualquier política criminal seria piensa en meter
presas a las bandas", pero "para eso necesitamos inteligencia en
la policía y no llenar las cárceles de gente que roba garrafas",
dicho en criollo. El juez no cree que habilitar las requisas a las
personas sea literalmente mano dura. Como tampoco la oportunidad de
preguntar --sin que sea un interrogatorio-- en el lugar de los hechos. Aun
así, dice: "Continúan discutiendo los efectos sin atreverse a ir a
las causas. La seguridad es una cuestión de Estado y si lo es no tiene
que ser política partidaria de los bloques", en relación con las
intensas negociaciones sobre el proyecto de reforma esta semana.
El juez Schiffrin siguió
durante esta semana el vaivén de las modificaciones de la posición
aliancista en un clima de acercamiento a las pretensiones del PJ. En
cuanto a las excarcelaciones, suponía que no sería de la Alianza la
severidad que descubre en la ley: "Esto era una cuestión esencial,
porque en realidad suprime la excarcelación; acá la Alianza ha cedido y
en ello hay mucha irresponsabilidad política". El camarista explica
que con la nueva normativa, y a pesar de que a diferencia de lo propuesto
por el PJ se pone a consideración de los magistrados la excarcelación,
la medida casi desaparece en la práctica. "Llegaron al punto de
retrotraerse a lo que sancionó por decreto-ley 9032 la dictadura en 1978,
una norma tan terrible que en el '82 el gobierno dictatorial la sustituyó,
considerándola demasiado dura, por la ley 10.120", opinó con los
viejos códigos en la mano. "En las condiciones actuales de
marginalidad --señaló--, el Estado siempre es terrorista. Lo terrible es
establecer normativamente el fascismo, donde poco importa la efectividad
de una investigación: está claro que acá lo que se pretende es mandar
un mensaje donde abundan los bastones."
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