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 Por Miguel Bonasso@El viernes 4 de febrero último, apenas 48 horas después de que se dictara sentencia en el juicio oral por el asesinato de José Luis Cabezas, la Sala II de la Cámara Federal de la Capital sobreseyó a los abogados de los horneros, Fernando Burlando y Juan Martín Cerolini, en un proceso por tentativa de extorsión que les había iniciado el juez federal Claudio Bonadío. Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Catani y Eduardo Luraschi ya habían revocado antes dos dictámenes de Bonadío estableciendo que los abogados fueran llevados a juicio oral para determinar si pidieron o no dinero para �arreglar� la situación de dos detenidos en diferentes causas. En medios tribunalicios se comentó la coincidencia en el tiempo de ambos fallos, y una de las fuentes añadió un dato sugestivo: en el expediente labrado por el Juzgado Federal Nº 11 aparece también Horacio Anselmo Braga, el hornero condenado a prisión perpetua por su participación en el asesinato del fotógrafo, a quien dos parientes de los presuntos extorsionados reconocieron como el cabecilla de una �patota� que los habría �apretado�, supuestamente para que cedieran ante el intento extorsivo. Fernando Burlando es un abogado influyente en el foro provincial, al que se le atribuyen fluidas relaciones con la policía bonaerense, con el ex secretario de Seguridad Alberto Piotti y con el propio ex gobernador Eduardo Duhalde. Numerosos observadores han puesto de relieve su defensa poco ortodoxa de los cuatro bandidos de Los Hornos, a quienes hizo autoincriminarse en declaraciones que fueron la base del polémico juicio, según lo reconocieron los propios jueces de Dolores. El sobreseimiento del letrado en la causa por tentativa de extorsión puede no tener nada que ver con la �colaboración� que sus pupilos prestaron a la Justicia bonaerense, pero la aparición de Braga en el expediente del intento de extorsión (sumado a otros datos del mismo proceso) sugiere la existencia de una relación anterior al caso Cabezas, nacida probablemente al calor de una pasión por Estudiantes de La Plata que comparten defensores y barrabravas. La Sala II, que sobreseyó a Burlando y Cerolini, era conocida durante la etapa menemista como �la sala Independiente� y los opositores de entonces (oficialistas del presente) solían considerarla estricta y apegada a derecho. Sólo a uno de sus integrantes, Eduardo Luraschi, se le atribuyen vínculos con el peronismo, a través de Julio César Aráoz. Horacio Catani es considerado un progresista y a Martín Irurzun se le conocen netas simpatías por el radicalismo y una buena relación con el duhaldista Alberto Piotti, que contribuyó a salvarlo de un enjuiciamiento amasado por el justicialismo, cuando �el Tano� era diputado nacional y miembro de la Comisión de Juicio Político. La causa-madre se inició en setiembre de 1996, cuando el abogado boliviano Germán Núñez González, procesado por el juez federal Carlos Branca por integrar una banda que conseguía radicaciones ilegales, denunció que Burlando y Cerolini lo habían visitado en �el tubo� (la celda de castigo) y le habían ofrecido la nulidad de la causa a cambio de 400 mil dólares, que luego redujeron a 200 mil. El boliviano rechazó el presunto �arreglo� con el juzgado a cargo de Branca (que es platense y de Estudiantes como Burlando) y finalmente salió sobreseído. En la cárcel había conocido a un preso, Ignacio Chuit, que le contó una historia muy parecida. Chuit fue detenido porque en la quinta que habitaba la policía encontró 30 kilos de cocaína. Según su testimonio, al día siguiente del allanamiento se descolgó por la vivienda un desconocido que dijo llamarse Rubén Herrera. El misterioso personaje tomó contacto con la cuidadora, Rosa Giménez, y la convenció de aceptar los servicios como abogado de Fernando Burlando. Rosa Giménez firmó los papeles en representación de Chuit y Burlando se puso en contacto con el preso, a quien le habría ofrecido la libertad a cambio de �50 mil dólares� que servirían para �arreglar� con el juzgado de Branca. Como Chuit respondió que no tenía�esa guita�, el abogado había propuesto que vendiera la quinta, que está en Tolosa, a 30 kilómetros de La Plata. Salvo que la quinta era del padre de Chuit y el hombre no quiso saber nada del �arreglo�. Para ese entonces había tomado cartas en el asunto Mariana Chuit �hermana el procesado� que revocó el poder de Burlando y nombró como abogada a Diana Conti, actual subsecretaria de Derechos Humanos. La doctora Conti hizo la denuncia por tentativa de extorsión ante la Cámara Federal y la causa recayó en el juzgado de Bonadío, que estableció una relación entre Burlando y Alejandro Moltone (secretario del juzgado de Branca), también relacionado con Piotti y comisarios de la bonaerense. Bonadío decidió procesar a Burlando, Cerolini, Moltone y Herrera, el misterioso intermediario que se había presentado en la quinta tras el allanamiento y era dueño de un lavadero de autos donde, casualmente, había trabajado Horacio Braga. Contemporáneamente, y por otra extraña casualidad, Mariana Chuit sufrió en la quinta de marras un extraño ataque. Estaba con su novio, un abogado de apellido Millia, cuando irrumpieron unos muchachones que golpearon a Mariana y su pareja, los ataron a dos sillas y se fugaron tras robar dos o tres objetos sin valor cuando hubieran podido alzarse con un botín mucho más sustancioso. Lo que hizo sospechar a los agredidos que el asalto había sido claramente un �mensaje�. Unos meses más tarde, en abril de 1997, cuando Horacio Braga se entregó a la Justicia, lo vieron por televisión y se quedaron helados: era el jefe de la patota que los había apretado.
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