| En un sistema de gobierno como el argentino, el presidente y el vicepresidente de la Nación, además de ser los conductores de la política global, están muy expuestos ante la opinión pública. El análisis más primario sugiere que todos los demás integrantes de la Alianza de gobierno, sea en el plano del Ejecutivo o del Legislativo, deben asumir su responsabilidad en el campo que les haya tocado, pero entre sus condiciones de contorno se encuentra la de apuntalar a los vértices de la estructura política, o como mínimo no deteriorar su exposición ante la sociedad. Eso está muy bien. Pero, ¿cómo se hace? Concretamente, ¿cómo se procesa un disenso en el oficialismo? Hay quienes asumen por definición que el disenso no puede existir. Vale decir: se integran de manera instantánea a un modelo de obediencia debida civil, donde el funcionario de menor cuantía o el legislador no opinan o deciden, preguntan arriba qué se hace. Es un camino posible. Sin embargo, más allá de la discusión política o ética del procedimiento, la eficiencia social de hacer pensar a un puñado por centenares no resiste el menor análisis. Un país lleno de problemas no puede darse el lujo de tener la segunda línea de su clase política ocupada sólo en levantar la mano o pasar en limpio la instrucción recibida. Pero si aumenta la participación, ¿cómo se ordena el disenso? Veo un solo criterio seguro: trasladar la evaluación fuera del ámbito puramente político, hacia los efectos que las acciones en debate tendrán para la población involucrada. Lo que es bueno para la gente no sólo es lo que hay que hacer, además mejora la imagen del gobierno. Así de simple.El partido de gobierno conduce al conjunto de la sociedad. No puede distraerse evaluando si sus decisiones benefician o perjudican a la oposición política o a alguna corporación específica. Simplemente: si gana la gente, gana inexorablemente el gobierno, por encima de todo otro núcleo político. La proyectada ley de reforma laboral no favorece a la gente. Por lo tanto perjudicará al gobierno. Porque más allá de que se llegue a aprobarla por acuerdos parciales con la oposición o que se ponga énfasis en que se reduce el poder de las cúpulas sindicales, el texto proyectado abriría el camino para que en pocos años no haya más convenios colectivos en vigencia o para que los que se negocien sean sólo a nivel de empresa y con salarios menores. Si se aprueba esta ley los trabajadores se perjudicarán y esto afectará al gobierno. Por eso votaré contra el proyecto. Para apuntalar al
gobierno.
* Diputado nacional (FrePaSo-Alianza).
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