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Los defectos del régimen de
contratación pública, que surgen nítidos en las propias páginas informáticas
del Gobierno, son de lo más variados. El Servicio Penitenciario es uno de
los casos típicos de un organismo que compra a la misma empresa un
producto con brecha de precios abismal según la operación, que a veces
se concreta con sólo un día de diferencia respecto a la otra, o hasta en
la misma jornada.
La distancia que existe entre
el valor de los bifes de chorizo (cuyo precio mayorista en el mercado
ronda 1,90 el kg) se repitió con otras provisiones como el arroz o el
pollo sin menudos: el 13 de mayo, la administración de cárceles compró
carne de ave de la misma especificación a un costo inexplicablemente
diferente: el mismo día pagó 2,10 pesos el kilo en un pedido y 1,30 en
el otro.
Los bolígrafos muestran otra
presunta desviación del sistema de compras, por la cual distintas áreas
de la administración pública central compran lo mismo a diferentes
proveedores y con valores incomparables. No hay razones económicas
evidentes para explicar por qué Economía pagó a Papelería México
entre 15 y 16 centavos cada una de las biromes que compró en el último
semestre del año, cuando Defensa consiguió que Abesa se las proveyera a
5, apenas un tercio.
Toda esta información está
disponible en la página web del Ministerio de Economía, a la que puede
accederse tipeando www.mecom.ar. Pero, deseoso de demostrar voluntad de
transparencia, Rodolfo Terragno también está armando su propio portal de
la Jefatura de Gabinete, que conduce a idéntico punto del ciberespacio, y
al que identificó con el inequívoco nombre de "cristal"
(www.cristal.gov.ar).
Sin embargo, el programa para difundir por vía electrónica las
compras de bienes estatales sólo funciona parcialmente, a pesar de que
fue creado hace más de cuatro años. Desde entonces, la oficina de
contrataciones de la Secretaría de Hacienda tiene la responsabilidad de
centralizar la información, que algunas dependencias públicas jamás le
hicieron llegar.
Una de las primeras decisiones
que adoptará el gobierno de Fernando de la Rúa en materia de
contrataciones públicas apunta a corregir la debilidad informativa de
aquella página, ahora bajo la órbita del secretario Mario Vicens. Para
ello ya existe un proyecto de decreto que impondrá expresamente a cada
repartición pública la obligación de remitir a Hacienda los detalles de
cada producto que compre. La intención oficial que inspira este decreto es doble. Por un lado, la Alianza está empeñada en demostrar que el Gobierno tiene auténtica vocación de transparencia. Por el otro, intentará un control más cerrado sobre el movimiento de caja de cada dependencia de la administración central, acotando el margen para tomar decisiones que tienen los funcionarios subordinados. INICIATIVAS
PARA TERMINAR CON LOS SOBREPRECIOS Por
C.C.
De avanzar en este sentido, el
gobierno argentino no sería demasiado original. Chile hace rato inauguró
un portal con amplia información pública y el 30 de enero convocó a una
licitación internacional para instalar un software para las compras
estatales. México, por su parte, transita un camino similar.
El uso de Internet para
transparentar los mecanismos de licitación o contrataciones es sólo un
punto del proyecto de ley en ciernes y una de las varias iniciativas en
estudio que prevén los siguientes cambios: *
Compra consolidada. Permite que varios organismos públicos se unan
para comprar un mismo producto. Hoy las compras se hacen por vía
independiente y esto debilita la capacidad negociadora del Estado. *
Precio unitario. Se podrían solicitar cotizaciones por unidad de
producto y sin asumir el compromiso de comprar una cantidad determinada.
Esto daría más libertad al Estado para cambiar de proveedor, si
descubriese uno más conveniente. *
Dividir las licitaciones en la etapa técnica y la económica. A
semejanza de la fórmula utilizada en el grueso de las privatizaciones
menemistas, esto sólo permitiría competir por precio a los oferentes que
hayan probado la solvencia técnica de su producto o servicio. "Hasta
ahora el Estado compró sólo con la pauta de obtener el mejor precio
posible. Pero nunca importó la calidad", dice Marcos Makón,
secretario de Modernización y ex subsecretario de Presupuesto durante la
gestión de Domingo Cavallo. *
Sólo la Sigen elaborará los precios testigo. Estos valores sirven
para determinar si las compras se ajustan a precios razonables. En la
gestión menemista, la Sindicatura terciarizó la tarea de calcular los
precios testigo, confiándola a consultoras privadas. Los precios
resultantes habrían sido excesivamente altos, amparando así licitaciones
objetables. El gobierno de la Alianza resolvió que ese organismo recupere
su potestad de calcular los precios de referencia. *
Planificación más estricta de las compras. Para garantizar pagos
a término --y así mejorar los precios de adquisición-- cada repartición
pública debería adjuntar al proyecto de presupuesto de su área un
programa detallado de lo que piensa comprar, precisando cantidades y
fechas. *
Castigar a las dependencias públicas que escatimen información a
Economía. Un inminente decreto impondrá sanciones para aquellas
oficinas de compras estatales que no remitan copias de sus órdenes a la
Secretaría de Hacienda, encargada de difundirlas. Esa difusión podría
asumir la forma de centros de consultas a través de terminales que serían
instaladas en shoppings o hipermercados. Ciber cafés para controlar a los
funcionarios de turno.
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el kilogramo al mismo proveedor al que sólo tres meses antes había
pagado 2,87 pesos (es decir el doble) por idéntico producto. Durante el
mismo ejercicio fiscal, Economía demostró ser, paradójicamente, menos
austera que otras áreas a la hora de aprovisionarse: en varias ocasiones
compró, en forma directa y a la misma empresa, bolígrafos que pagó el
triple de lo que le costaron a Defensa las mismas biromes conseguidas a
través de una licitación. Los datos surgen de la página que la oficina
de contrataciones del Palacio de Hacienda publica en Internet y que
desnuda las debilidades del sistema de compra oficial, alimentando la
posibilidad cierta de que haya enormes sobreprecios. La Alianza intentará
perfeccionar el régimen de contrataciones públicas con una batería de
inminentes medidas legales.