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Hasta hace poco se creía que
los grandes sobreprecios en las compras públicas se seguían pagando sólo
a nivel de los estados provinciales, mientras que el Estado nacional, tras
el paso "modernizador" de Domingo Cavallo y Roque Fernández,
había logrado erradicar esas prácticas. Sin embargo, los funcionarios
aliancistas están detectando pruebas irrefutables de que tal idea no se
condice con la realidad. Más aún, el propio Ministerio de Economía,
supuestamente el organismo con la contabilidad más ordenada, pagó
incluso después de haber asumido José Luis Machinea sobreprecios
escandalosos por adquisiciones varias.
"El sistema de compras del Estado nacional está en crisis. La
ley de contrataciones data del año '56. La mayoría de controles formales
que existen no sólo no evitan la corrupción, sino que se terminan
convirtiendo en peajes para los proveedores", dispara Rafael Bielsa,
el jefe de la SIGEN (ver aparte).
El ejemplo paradigmático de
sobreprecios que fueron ajustados rápidamente por una nueva administración
fueron los que se encontró Fernando de la Rúa cuando asumió en agosto
de 1996 el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tras un exhaustiva
auditoría de las contrataciones de la anterior gestión menemista, el
entonces secretario de Hacienda, Adalberto Rodríguez Giavarini, logró
"descremar" las compras públicas en un promedio del 30 por
ciento.
Los sobreprecios que están
hallando los funcionarios de la Alianza en diversas reparticiones del
Estado nacional en muchos casos superan largamente el ciento por ciento.
Teniendo en cuenta que este año el Gobierno comprará bienes y servicios
por un monto de 2161 millones de pesos, si por lo menos se lograra rebajar
los precios en un 30 por ciento, el ahorro ascendería nada menos que a
648 millones de pesos.
Tanto Bielsa como Marcos Makón,
el asesor dilecto del vicepresidente Alvarez en cuestiones de reforma del
Estado, están siguiendo dos líneas de investigación para descubrir los
agujeros negros en las adquisiciones oficiales:
1) Chequear las compras de artículos con idénticas
especificaciones técnicas realizadas por distintas reparticiones públicas
o, incluso, dentro de un mismo organismo en distintas contrataciones. Las
diferencias son abismales. Las siguientes contrataciones directas son
ilustrativas:
* El 16/7/99 el Ministerio de
Trabajo compró sillas con determinadas características (cinco patas con
rodamientos, giratorias, respaldo fijo, sin apoyabrazos) a 70,4 pesos cada
una. El mismo día el mismo ministerio hizo otra compra de sillas idénticas
al mismo proveedor a 81,9 pesos cada una. Pero lo más sorprendente es que
un mes después el Ministerio de Economía compró sillas idénticas a
otro proveedor por 282 pesos cada una, es decir, cuatro veces más caras
(300 por ciento más) que lo que pagó Trabajo.
* El 4/11/99 la Secretaría de
Justicia adquirió 6 armarios (cuerpo metálico, 3 estantes regulables,
sin cajones, etc.) por 269 pesos cada uno. El mismo día se compraron
otros 12 armarios con las mismas características, y exactamente la misma
medida, a 380 pesos. Una diferencia de más del 40 por ciento, lo cual
suena todavía más ridículo si se considera que el proveedor era el
mismo.
* El 16/7/99 el Ministerio de Trabajo compró 8 escritorios a 289
pesos cada uno. Un mes después el Ministerio de Economía compró un
escritorio de similares condiciones (estructura aglomerado, terminación
enchapado en laminado plástico) con apenas 20 centímetros más de
extensión a un precio muy superior: 726 pesos, esto es un 150 por ciento
más.
* El 24/9/99 el Ministerio de Economía adquirió impresoras de
matriz de puntos (impresión monocromática, 9 agujas, ancho de carro 136,
resolución 360 x 360 dpi) a 639 pesos. El mismo día, en otra contratación,
se abonaron 3900 pesos por impresoras iguales, pero con menor resolución
(240 x 144 dpi). Si bien en ningún caso se especifica la marca, una
brecha de precios del 510 por ciento parece muy difícil de justificar.
Más allá de si los precios anteriores son caros o baratos en
comparación con los del mercado,
2) La segunda vía de investigación de los funcionarios
aliancistas resulta de comparar los precios del Estado con los valores de
mercado. La SIGEN está haciendo una redefinición completa de los
llamados "precios testigo", que no sólo habían quedado
descolocados, sino que en la mayoría de los casos no eran tenidos en
cuenta por los funcionarios (ver aparte). Así, aun si el Estado fuera
"bobo" y comprara en los lugares más caros, existen notables
sobreprecios por encima de los valores más altos del mercado. Por
ejemplo:
* Sillas de cinco patas: en
Tecno Sudamericana pueden conseguirse desde 90 pesos. En Buró, una silla
del mismo estilo, de categoría, cuesta 200 pesos. El Ministerio de Economía
pagó 282 pesos, un 41 por ciento más que el precio más alto.
* Sillón giratorio con
apoyabrazos: en Tecno se consigue desde 170 pesos. Economía llegó a
pagar 440 pesos, 160 por ciento más.
* Mesa de computación: en Buró
cuesta entre 500 y 700 pesos la más cara. En los registros de Economía
figura como precio de referencia 800 pesos, entre un 15 y un 60 por ciento
más. En Ofi Shop, el meganegocio de computación, la mejor mesa del rubro
se consigue por 400 pesos.
* Equipo de computación: las
planillas oficiales del Ministerio de Economía detallan presupuestos para
ejercicios previos a 1999 insólitos, con
sobreprecios de entre 95 y 190 por ciento en relación a las mejores
marcas del mercado.
* El 17 de diciembre pasado, siete días después de que José Luis
Machinea asumiera al frente RAFAEL
BIELSA, TITULAR DE LA SIGEN
"Todo el sistema de compras del Estado está en crisis",
dice Bielsa. En tanto, explica que la ley de contabilidad que regla el
sistema de administración de bienes y contrataciones estatal data del año
1956 e, increíblemente, no fue aggiornada durante la década pasada.
"Un sistema que compra por 2100 millones de pesos anuales
tendría que hacer valer el poder de compra, de negociación, pero hoy eso
no ocurre", asegura el funcionario. El otro problema es que no existe
un genuino "control interno" sobre las operaciones que efectúan
las entidades oficiales.
"Todo el sistema de
compras está rodeado de controles formales que no evitan la corrupción.
Estos controles terminaban siendo un peaje para los proveedores del
Estado", afirma Bielsa. El funcionario también admite que si bien
las "contrataciones directas están mal vistas", lo cierto es
que "a veces en las licitaciones se pagan sobreprecios aún
mayores".
La Sigen debe fijar los
llamados "precios testigos", es decir, "lo que debería
pagar el Estado" en
Bielsa quiere ahora que los técnicos
de la Sigen vuelvan a encargarse de la elaboración de estos precios de
referencia. El organismo también debe fijar "precios
indicativos" que son los que cada producto tiene en el mercado. Si el
Estado hiciera valer su poder de compra es obvio que los precios testigos
deberían ser bastante menores que los indicativos. Estos, a su vez, son
fijados en base a un promedio de mercado y no sobre un relevamiento en los
comercios más caros. Por eso, que Economía compre computadoras un 75 por
ciento por arriba del valor de una de las mejores marcas del mercado
encubre un sobreprecio todavía mayor en relación al valor testigo. |
público
se le escurrirían 650 millones de pesos por sobreprecios en las compras
de bienes y servicios. Es una cifra equivalente al fondo para el aumento
de los salarios docentes que, con cuentagotas, está repartiendo el
Gobierno. Además, es la corrupción que hoy más temen en la Alianza,
porque si no se arranca de cuajo en el primer año de gestión, podría
dejar "pegados" a funcionarios honestos que, sin darse cuenta,
utilizarán sillones, computadoras y escritorios, entre muchos otros
insumos, por los que se paga más del ciento por ciento de su valor de
mercado. Tanto la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a cargo de
Rafael Bielsa, como la Secretaría para la Modernización del Estado,
conducida por Markos Makón, un asesor clave del vicepresidente Carlos
"Chacho" Alvarez, están trabajando intensamente para quitarle
la "crema" a las compras públicas. 
semejante amplitud en las cotizaciones
que manejan los organismos oficiales resulta de por sí alarmante, porque
indica que se podría comprar más barato con sólo reorientar la demanda
estatal a los proveedores con mejores ofertas. "¿Por qué el
Ministerio de Economía tiene que comprar en Libertad y Alvear cuando éste
debiera ser un período de crisis y austeridad?", se pregunta Bielsa.
A diferencia de otras reparticiones, el año pasado, en plena recesión,
el Ministerio de Economía siguió haciendo shopping de mobiliario para
oficina entre las casas más exclusivas del ramo: Pivot, Erasmo, Buró,
Tecno Sudamericana, Interieur, a donde sólo acceden multinacionales,
grandes empresas o profesionales de alto poder adquisitivo.
del Ministerio de Economía, la oficina de
contrataciones realizó una compra directa de 4 computadoras (Pentium II
400 MHZ, Memoria Ram 64MB, HD 4Gb), abonando 2060 pesos cada una. Un
equipo similar marca Daihatsu (con procesador de 500 MHZ AMDk6, Ram 64 y
disco duro de 10 GB), en Compumundo, cuesta 999 pesos y viene con una
impresora de regalo y un teléfono celular. Uno de marca (Compac, Pentium
II, 64 MB de Ram, disco de 10 Gb) se vende a 1180 pesos. Es decir que se
pagó un 75 por ciento más.
sus compras. Y la norma sería que el Estado no comprara "más allá
de un 5 por ciento arriba del testigo". Un mes atrás, Julio Nudler
contó en Página/12 que la confección de precios testigos había
sido delegada durante la administración menemista en un grupo de
consultoras privadas que, en algunos casos, podían aparecer del otro lado
del mostrador, asociadas con proveedores del Estado.