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"Si tengo que poner en la
balanza el riesgo que efectivamente existe y la necesidad de hacer un
organismo de inteligencia mucho más eficiente, dinámico, mejor
tecnificado, me quedo con lo segundo a pesar del riesgo de lo
primero", sostuvo Storani. Fuera de las consideraciones de tipo político,
lo que queda claro de las palabras del ministro que tiene a su cargo el área
de seguridad del país es que en la Rosada consideran seriamente la
posibilidad de que el millar de espías que quedaron desocupados decidan
tomarse algún tipo de venganza. "Hay una mayor presencia,
justamente, de inteligencia que permita prevenir actividades que puedan
ser de connotación política", reveló el ministro.
El Gobierno encendió la luz
amarilla la semana pasada cuando el titular de la SIDE, Fernando de
Santibañes, decidió de un plumazo despedir a alrededor de mil agentes
como parte de su política de otorgarle un nuevo rumbo a la central de
inteligencia y adecuarse a su nuevo presupuesto, bastante reducido con
respecto a lo que contaba su antecesor. Entre los cesanteados de la
secretaría se encontraban militares retirados, ex represores y hasta
personal sin una tarea muy definida. El propio Santibañes había
adelantado que se le haría un seguimiento a algunos de los despedidos
como forma de prevención.
Sin embargo, por la noche,
desde Córdoba el presidente Fernando de la Rúa buscó bajarle el tono a
la revelación del ministro del Interior. "De ninguna manera debe
considerarse así", opinó el Presidente, quien, además, trató de
cuidar los ánimos de los despedidos. "Pido que no se hable así del
personal que ha sido cesanteado por el estado de necesidad de reducir el
gasto", agregó.
"No hay una alarma
generalizada, pero sí sabemos que muchos de los que quedaron cesantes son
pesados de verdad y tienen mucha experiencia en hacer trabajitos
sucios", explicó a Página/12 un alto funcionario. Las
medidas de seguridad adicionales dispuestas por la Rosada incluyen básicamente
la decisión de colocar más efectivos de la Federal en las tareas de
seguimiento a los ex espías considerados más peligrosos. De cualquier
forma, en Gobierno se apresuraban en aclarar que no había funcionarios
amenazados ni temían la posibilidad de un atentado. Por eso, por ejemplo,
no se habían incrementado las guardias en los edificios públicos ni en
las dependencias de Gobierno.
El cuadro de mano de obra
desocupada vagando por las calles podría complicarse si se confirma la
cesantía de otros 500 agentes civiles que trabajan en Inteligencia del Ejército.
La medida, que sería anunciada por el jefe de la Fuerza, teniente general
Ricardo Brinzoni, incluiría la disolución del siniestro Batallón de
Inteligencia 601 --símbolo de la represión llevada a cabo durante la
dictadura militar-- y la venta de su sede, ubicada en Viamonte y Callao.
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