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Hasta mediados de la última
semana, el Gobierno mantenía bajo siete llaves unos 6 millones de pesos
que por ley debían girarse en enero a las obras sociales sindicales, tal
como adelantó Página/12. El plan de asfixia había sido pergeñado
en respuesta al rechazo de la CGT a la reforma laboral.
La reacción sindical no se
hizo esperar. "Queremos saber de qué se trata, si es una extorsión,
si existe una demora justificada o qué", se exaltó Armando
Cavalieri. El lenguaje coloquial del dirigente mercantil fue reemplazado
por uno más formal en una carta que la CGT le hizo llegar a Lombardo.
La cúpula cegetista advirtió
que la retención del dinero es "indebida" y azuzó al ministro
con el fantasma de una denuncia, ya que la no distribución de ese dinero
puede implicar un "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
El texto recuerda que la
retención se produce en un momento en el que persiste la dura disputa
entre la CGT y el Gobierno por la controvertida reforma laboral. "De
ninguna manera se puede considerar que la salud de los trabajadores es
moneda de cambio", señala, palabras más palabras menos, la carta.
El dinero corresponde a la
recaudación mensual del Fondo de Redistribución. Con esa suma, los
sindicalistas equilibran las cuentas de aquellas obras sociales
deficitarias y responden a las demandas de alta complejidad de sus
afiliados. Palo y a la bolsa
Con la liberación de una parte
del dinero, el Gobierno pensaba descomprimir el conflicto. Pero terminó
agravándolo. Los 2 millones que repartió en las últimas horas el
superintendente de Salud, Rubén Cano, sólo beneficiaron a aquellas obras
sociales que mantienen un buen trato con la administración delarruista,
dejando de lado a aquellas organizaciones combativas.
* Un millón de pesos recayó
en la Asociación de Obras Sociales (ADOS) de San Juan. Se trata de una
asociación recientemente intervenida por el propio Cano, quien derivó el
manejo efectivo en manos del radical Lloveras. El armado de las distintas
ADOS en el interior del país se adjudica al gastronómico Luis
Barrionuevo, quien mantiene fluidos contactos con el ex ministro radical
Enrique "Coti" Nosiglia.
* Unos 200 mil millones fueron
para el gremio de los papeleros. Su conductor Blas Alari integró tiempo
atrás una Asociación de Gremios Argentinos motorizada por el ex
presidente radical Raúl Alfonsín.
* El resto del dinero se
repartió entre las obras sociales de actores, de los encargados de
edificios --que maneja el nosiglista José Santamaría-- y de la Unión
Personal Civil de la Nación. Esta última controlada de cerca por el
titular del gremio del sector, Andrés Rodríguez, un acérrimo menemista
que mantiene excelentes relaciones con Cano. Es que el superintendente de
Salud fue gerente de prestaciones del Instituto de Obras Sociales, la
predecesora de la actual obra social de UPCN. Promesas sobre el bidet
Cano
recibió la última semana a varios sindicalistas enojados, primero, con
la retención y, luego, con la distribución, a la que consideraron
"tendenciosa".
--Antes de asumir decían que
iban a ser la variante prolija del organismo. Ni variante, ni prolijos:
debutaron con los mismos de siempre y usando el mismo método que
denunciaban como corrupto --señaló un directivo de una obra social
afectada por la retención del dinero.
Hacía hincapié en que el 1,2
millón de pesos recibido por la ADOS y papeleros responde a la resolución
577, que habilita préstamos no retornables. En cambio, ni un centavo de
ese dinero satisface demandas de alta complejidad, como tratamientos de
sida o trasplantes.
Como respuesta, el
superintendente de Salud apuntó a los bolsillos de los dirigentes
gremiales. Prometió no sólo liberar el resto de los fondos aún bajo
llaves sino que también les garantizó un nuevo crédito para las
obras sociales a través del Banco Mundial. Se trata de la segunda parte
del Programa de Reconversión de las Obras Sociales. Lo que viene
El Ministerio de Salud no sólo
deberá trabajar para calmar las aguas sindicales. También buscará
tranquilizar a los directivos de las obras sociales del personal de
dirección.
Además del 10 por ciento de la
recaudación de las obras sociales, el Fondo de Redistribución se integra
con el 15 por ciento de la recaudación de las obras sociales de personal
de dirección. Pero a la hora de depositar el dinero, evitan incluir la
parte correspondiente a los afiliados voluntarios de este sector.
En el caso de OSDE, por
ejemplo, los afiliados voluntarios alcanzan a 417.680, según el último
censo realizado por la Superintendencia de Salud.
El ingreso mensual per cápita
es de 85 pesos. El 15 por ciento de 85 es 12,75 pesos. Esta cifra
multiplicada por los 417.680 voluntarios que OSDE declara, da 5.325.420 de
pesos al mes que no recibe Superintendencia de Salud.
Durante el gobierno de Carlos
Menem se iniciaron 22 pleitos por montos de más de 150 millones de pesos.
Directivos de OSDE le plantearon que no pueden afrontar el pago sin
trasladar el costo a los afiliados. Cano se comprometió a buscar un
acuerdo.
Las prepagas son las
principales enemigas de las obras sociales de dirección ya que compiten
por la misma porción de la población. Concretamente, las prepagas se
quejan de que las obras sociales de dirección no pagan impuestos y, en
consecuencia, corren con ventaja en la captura del sector asalariado más
rico.
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