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A fines de diciembre, Alderete
tuvo un motivo más para levantar la copa antes del fin del milenio,
aunque sigue imputado en la causa. La denuncia había sido realizada en
1998 por tres médicos que ocuparon cargos jerárquicos en el ISSB, los
doctores César Bernasconi, Angel Prina y Rodolfo Elster. El ex ministro
de Economía Domingo Cavallo impulsó en 1996 la disolución y liquidación
del ISSB, y el cese del aporte del 2 por ciento que hacían los bancos. El
Gobierno tuvo que emitir un decreto porque no logró el apoyo necesario en
el Parlamento. La Justicia anuló el decreto porque consideró que el ISSB
había sido creado por una ley y sólo podía ser modificado o extinguido
por vía legislativa, pero el proceso de liquidación siguió adelante.
Alderete fue designado al frente de la intervención.
Durante la declaración
indagatoria que prestó en diciembre, Alderete se mostró tranquilo.
Bagnasco se sorprendió cuando lo escuchó pronunciar algunas palabras del
vocabulario jurídico. "Todavía me piden recetas porque creen que
soy médico, pero algo me acuerdo de lo que aprendí en la Facultad de
Derecho", explicó el ex funcionario. Hizo un relato de la situación
del ISSB cuando asumió, a la que calificó como "anárquica", y
explicó que redujo en un 30 por ciento el "elefantiásico"
plantel de personal. Se dio tiempo para autoelogiarse en sus gestiones
como secretario de la Tercera Edad, presidente del directorio del PAMI e
interventor del ISSB. Además, reconoció que tomó conocimiento del
decreto 492/95 que ordenaba la liquidación del ISSB y de la resolución
judicial que lo frenó. Según los querellantes, en ese momento "sólo
tenía que renunciar y en cambio prefirió desobedecer al juez que la dictó".
Según los médicos
denunciantes, el ISSB era superavitario y tenía unos 350 millones de
pesos en créditos para cobrar de los bancos. El abogado que los
representa, Eduardo Barcesat, sostiene que posee una prueba contundente
sobre el intento de apropiarse de los cuantiosos fondos provenientes del 2
por ciento que adeudaban los bancos. "Detectamos que la OSBA inició
135 juicios para cobrar ese dinero por vía de la ejecución fiscal, como
si fuera un órgano estatal y no una empresa privada, con la intención de
percibir un aporte que sólo podía ser tributado en beneficio del ISSB o
del Estado nacional", describió. Alderete sostuvo en su declaración que cobró los aportes de los bancos para la obra social de sus empleados, pero no presentó los balances respectivos. Lo hizo días después de ser interrogado. El juzgado ordenó una pericia para analizar esos documentos, y mientras espera su resultado decidió dictarle la falta de mérito. El otro imputado del caso es el secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, quien recusó al juez. Bagnasco rechazó la recusación y ahora deberá decidir la Cámara Federal. Por ese motivo está pendiente su declaración indagatoria.
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